Con cincuenta millones de euros bajo el brazo, pero sin grandes anuncios ni recetas que permitan impulsar una reforma de la ley de extranjería como la que ya fracasó hace un mes. Y con un extra de presión al Partido Popular, al que esperan torcer el brazo para que avale el reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Así es como se presentó el Gobierno este viernes, tras la reunión entre Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo. Una reunión esperada, pero que se saldó con todos los actores reforzando posiciones, volviendo a la casilla de salida.
El Gobierno y el PSOE desplazan los focos hacia el PP, sobre el que redoblan la presión para que acepte una norma similar a la que tumbó en julio en el Congreso, un reparto de menores cuando se sobrepase el 150% de las capacidades de acogida en los territorios a los que siguen arribando migrantes. Más allá de los discursos públicos, fuera de cámara denuncian la falta de “humanidad” del PP. Creen que solo aspira a lograr una nueva derrota del Gobierno en el Congreso, aun a costa de la situación de miles de menores migrantes.
Con el PP como socio del Ejecutivo canario, y como partido que gobierna en Ceuta y Melilla, entienden que la presión de estos territorios puede hacerles mella. La situación les desgasta, pero creen que también afecta al principal partido de la oposición. Temen que la falta de acuerdo dé alas a los discursos racistas, pero aprovecharán para tratar de situar al PP en las mismas coordenadas que Vox en esta materia.
“Esperamos que el PP haga una oposición responsable y se sume a los acuerdos y las soluciones en lugar de reproducir los discursos de la derecha más extrema”, escribió Sánchez en su perfil de X (antes Twitter), el viernes. No compareció públicamente, y delegó esta responsabilidad en Torres, también expresidente canario. “Espero que tengamos un partido, que es el mayoritario en la oposición, con 11 presidencias y que cogobierna Canarias y preside las ciudades de Ceuta y Melilla, que se coloque en el lado de la solución y no del problema, del acuerdo y no de las dificultades”, reclamó el titular de Política Territorial. “La única solución posible es una modificación legislativa en la que es fundamental el apoyo de las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por PP”, apuntó.
Además de comprometer esos 50 millones para ayudar a Canarias a costear la atención de estos menores, Torres reprochó al PP que haya registrado una proposición no de ley (PNL) con una batería de nuevas propuestas sobre esta materia, sin hablar antes con el Gobierno o con el PSOE. Para ser constructivos, dijo, “los pasos deben ser otros”. También aseguró que, con el PP, es con quien más han buscado el acuerdo, sin éxito.
El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, reaccionó acusando a los socialistas de usar la política migratoria de manera “frívola e irresponsable”. “Estamos verdaderamente preocupados con este Gobierno que, ante las realidades evidentes, mira para otro lado”, apuntó.
El decreto no se incluyó en el borrador del Consejo de Ministros
Por su parte, el presidente canario afirmó que Sánchez “ha dado las instrucciones para que se intensifiquen los encuentros para alcanzar el acuerdo”. Esos contactos se han sucedido de forma discreta con algunos grupos parlamentarios durante el último mes, desde que la reforma de la ley de extranjería saltó por los aires.
En esa estrategia de presión a los grupos y al Gobierno, Clavijo ha reclamado estos días la aprobación de un decreto ley que establezca ese reparto de menores. Es una fórmula que ya defendió el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y que puede cuadrar con los intereses de varios socios del Ejecutivo, que urgen a actuar cuanto antes.
El problema es que, para convalidar este decreto, serían necesarios los votos que no lograron hace un mes. Lo aprobaría el Consejo de Ministros, pero tendría que recibir luz verde de la Cámara Baja en un mes, o decaría, dejando a los menores en una suerte de limbo. Según El País, el Ejecutivo ya ha descartado esta fórmula.
Clavijo reconoció el viernes que no ha explicitado con Sánchez si el mecanismo a emplear será el decreto, o si optarán por presentar una nueva proposición de ley (PL) un camino más lento. El trabajo preparatorio para la primera reunión del Gabinete a la vuelta del verano quedó hecho a finales de julio, y según fuentes del Gobierno entonces no se incluyó mención alguna a este decreto, aunque ya habían amagado con recurrir a esta vía.
El martes se reunirá la Diputación Permanente del Congreso, y uno de los puntos del orden del día tiene que ver con la actuación en materia migratoria. Será entonces cuando todos los grupos vuelvan a confrontar posiciones. Pero, más allá del debate o de la fórmula legal escogida, en el Gobierno no quieren volver a saltar sin red, a actuar sin tener los apoyos necesarios. Saben que pueden volver al callejón sin salida.