“Puta, a mí no me manda una mujer”. “Eres una guarra, sólo voy al baño a follar contigo, que te voy a demostrar que no soy maricón”. Tras los muros de las cárceles españolas, la violencia sexual hacia funcionarias penitenciarias es una realidad incómoda que sigue esquivando el foco público. Según denuncias de ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario de prisiones, los episodios de agresión, tanto físicos como verbales, son más frecuentes de lo que reconocen los informes oficiales. Esta situación no sólo pone en evidencia la magnitud del problema, sino también el fracaso de un sistema penitenciario que ha descuidado su deber más esencial: garantizar la seguridad de quienes trabajan en su interior.
Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, describe una realidad laboral marcada por el desamparo y la falta de medidas efectivas. “Los casos de violencia sexual no son aislados ni excepcionales. Se repiten una y otra vez porque las agresiones no tienen consecuencias reales para los internos. Si no hay sanción, estamos condenados a que el problema escale”, afirma a Artículo14.
La invisibilización del problema
Uno de los grandes obstáculos para abordar esta situación es la falta de estadísticas fiables. Aunque la normativa establece la obligación de registrar y analizar los casos de agresión por razón de sexo, la administración penitenciaria no está cumpliendo con este requisito. “No hay registros, no hay datos, no hay voluntad de enfrentar la realidad”, denuncia Leyva.
Este silencio administrativo, afirman desde el sindicato, perpetúa una cultura de impunidad. “Las políticas actuales, basadas en un enfoque buenista, minimizan las sanciones a los internos violentos y reducen la clasificación en primer grado de los reclusos conflictivos, lo que genera un entorno más peligroso para las funcionarias”, explica Leyva.
Una doble agresión para las víctimas
Cuando se produce una agresión, la respuesta institucional suele ser tardía e insuficiente. En muchos casos, los agresores permanecen en el mismo centro penitenciario, lo que obliga a las víctimas a trabajar bajo la amenaza constante de volver a encontrarse con ellos. “Esto supone una doble victimización: la agresión sufrida y la sensación de desprotección al verse forzadas a convivir con su agresor”, expone Leyva.
El impacto psicológico para las funcionarias es devastador. Muchas terminan solicitando bajas prolongadas por estrés y ansiedad, mientras el sistema sigue sin ofrecer apoyo adecuado. “No basta con trasladar al interno en algunos casos; necesitamos protocolos que prioricen a las víctimas, les brinden ayuda psicológica y las acompañen en el proceso de denuncia”, insiste el portavoz sindical.
El cambio necesario: medidas concretas y voluntad política
Para ACAIP-UGT, la solución comienza con un cambio de enfoque. La primera medida debe ser registrar y analizar todos los casos de violencia sexual en prisiones, desde agresiones físicas hasta amenazas verbales, para dimensionar correctamente el problema. “Sin datos reales, no podemos diseñar políticas efectivas”, advierte Leyva.
Además, el sindicato propone acciones contundentes contra los agresores: traslados automáticos a otros centros, reclasificación en primer grado y sanciones ejemplares que envíen un mensaje claro de tolerancia cero. Por otro lado, es fundamental establecer protocolos actualizados que incluyan medidas de prevención y reacción inmediata, adaptados a la realidad actual de las prisiones.
El apoyo integral a las víctimas también es prioritario. “No podemos olvidar el daño psicológico que sufren. Necesitamos acompañarlas legalmente, ofrecerles soporte emocional y garantizar que no queden expuestas nuevamente a sus agresores”, insiste.
Un sistema al borde del colapso
Más allá de las cifras, este problema es el reflejo de un sistema penitenciario que, según ACAIP-UGT, enfrenta una crisis estructural. Las políticas generalistas que tratan a todos los internos como iguales ignoran al pequeño porcentaje de reclusos que generan la mayoría de los conflictos. “No podemos seguir actuando como si todos los internos fueran iguales. El 10% más problemático requiere medidas específicas y más estrictas”, señala Leyva.
La falta de formación adecuada para el personal penitenciario agrava aún más la situación. Los cursos actuales no preparan a los funcionarios para enfrentar la violencia de género dentro de las prisiones. “Es necesario actualizar la formación con un enfoque práctico que responda a las nuevas dinámicas sociales y carcelarias”, propone el portavoz.
Una lucha invisible
La violencia sexual en las prisiones no sólo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un ambiente laboral hostil y un clima de inseguridad que mina la moral del personal penitenciario. “Nos enfrentamos a una doble amenaza: la agresión física y la indiferencia institucional”, resume Leyva.
El problema, según el sindicato, no desaparecerá mientras la administración siga priorizando el maquillaje estadístico. “Negar la realidad no sólo perpetúa la violencia, sino que aumenta el riesgo de que las situaciones se vuelvan incontrolables”, advierte Leyva.
La violencia sexual en prisiones es más que un síntoma de un sistema que necesita reformarse. Es un recordatorio de que, tras los muros, existen trabajadoras que enfrentan una lucha diaria, muchas veces invisibilizada, por su seguridad y dignidad. Ignorar este problema es condenarlo a crecer.