La violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino que es el resultado de una estructura social patriarcal basada en la desigualdad entre mujeres y hombres. Para intervenir, es necesario reconocer el origen social y estructural de esta realidad, buscando soluciones que no se limiten a paliar e intervenir sólo sobre las consecuencias, sino que aborden las causas.
De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Estambul, por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
La violencia económica es un tipo de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia económica no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como delito, pese a la ratificación de España del Convenio de Estambul y pese al compromiso de los partidos políticos firmantes del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero.
El estudio “La violencia económica y patrimonial como violencia de género. Hacia la construcción de estrategias para fortalecer el acceso a derechos” de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la define como aquella que se “dirige a ejercer control, limitar, destruir o apropiarse de forma ilegítima de los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres” como pueden ser el salario, los bienes o propiedades, los documentos personales, el dinero, el acceso a la tierra, la vivienda, el empleo o productos bancarios y financieros.
Estamos hablando de impedir el acceso al trabajo o a estudios, de impedir la participación en la economía familiar, de controlar el dinero para gastos y de las compras, de controlar sus cuentas, o, una vez terminada la relación, del impago de las pensiones de alimentos o compensatorias y no hacer frente a indemnizaciones, entre las manifestaciones más frecuentes.
Situaciones que se repiten, y que demasiadas mujeres sufren día a día, aumentando la dependencia de las mujeres y su imposibilidad de alejarse de la relación violenta, que merma su salud emocional, que impide la inclusión social y laboral, que genera graves problemas de salud física y mental.
La decisión de alejarse del maltratador es muy difícil, y la mayoría de las veces las mujeres deben enfrentarse no solo al miedo, sino también a los prejuicios sociales, a la falta de independencia económica, al aislamiento.
Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019), el 11,5% de mujeres, es decir, 2.350.684 mujeres residentes en España mayores de 16 años sufren, o han sufrido, algún episodio de violencia económica a lo largo de sus vidas.
Estamos ante una de las formas de violencia contra la mujer más extendida y más invisibilizada y que se extiende en el tiempo. Se produce un empobrecimiento progresivo de la mujer que la sufre. Y sus consecuencias también se extienden a las hijas e hijos, en su calidad de vida, en su socialización, en sus oportunidades de estudio.
Por ello, es imprescindible la reforma del Código Penal, tipificando la violencia económica como un delito específico dentro de la violencia de género.
Es imprescindible la prevención, que pasa por unos conocimientos económicos y financieros, por una educación financiera.
Es imprescindible una formación específica y especializada de todas las personas que puedan intervenir ante una situación de violencia (servicios sociales, operadores/as jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad). No hay que olvidar que existe la violencia institucional y en este supuesto, se produce cuando la administración no responde ante situaciones de vulnerabilidad económica.
Es imprescindible la sensibilización y concienciación de las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos y esferas de la sociedad, incluyendo la violencia económica.
Es imprescindible el desarrollo de herramientas de protección real y efectiva hacia las mujeres, y la aplicación de fondos específicos para el desarrollo de estas herramientas.
Es imprescindible que todas y todos no miremos hacia otro lado.
La Asociación Alanna colabora en el Programa de Violencias Económicas, coordinado por la Fundación Nantik Lum, y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para prevenir este tipo de violencia de género.