La inmensa mayoría de las agresiones sexuales que se cometen en España quedan impunes. Lo sabemos porque, según la macroencuesta de Igualdad, solo se denuncia el ocho por ciento de este tipo de delitos, lo que supone que el 92 por ciento restante nunca se conocerá ni juzgará, quedará en la sombra para siempre. En 2023 ese exiguo porcentaje del 8% supuso un total de 21.825 denuncias. El año pasado, cada dos horas, una mujer acudía a una comisaría o a un juzgado y denunciaba una agresión sexual con penetración y cada hora dos víctimas ponían en conocimiento de las autoridades otras agresiones sexuales hasta sumar 54 al día, también sabemos que cada dos días se denuncia una agresión sexual en grupo. Pues bien, todo apunta que de todas esas denuncias solo el veinte por ciento acabará en condena. En 2023, hubo apenas 3.923 sentencias condenatorias por agresiones sexuales. Los datos de denuncias y condenas no coinciden de forma exacta porque muchos procesos judiciales tardan en consumarse, pero la diferencia entre denuncias y condenas es parecido a lo largo de los años.
Es cierto que la macroencuesta de Igualdad, la que señala que solo se denuncia el 8 por ciento, corresponde al año 2019 y parece que la tendencia es que ese porcentaje que se pone en conocimiento de las autoridades se está incrementando. La ministra Ana Redondo adelantó hace unos meses que se trabaja en una nueva macroencuesta y serán esos nuevos datos los que demuestren si efectivamente las mujeres cada vez denuncian en mayor medida.
Delitos cometidos en la intimidad, difíciles de probar
Los delitos de agresión sexual son difíciles de probar porque, en general, se cometen en la intimidad, no hay testigos y no siempre hay pruebas directas de lo ocurrido, muchas veces se trata de la palabra de la víctima contra la del agresor. Sin embargo, resulta llamativo que sean delitos que apenas se denuncian y cuando lo hacen, menos de la quinta parte acaben en condena.
Al contrario de la creencia popular de que la violación tiene que dejar secuelas físicas visibles, solo el 25,0 por ciento de las mujeres que han sufrido una violación ha tenido cortes, rasguños, moratones o dolores y el 18,7% lesiones en los genitales, según la encuesta.
En ese mismo estudio se le preguntaba a las mujeres que habían sufrido una agresión sexual, pero no lo habían denunciado por qué no habían acudido al sistema a formalizar la acusación y el motivo más citado es el relativo a “era menor, era una niña”, que lo menciona el (35,4 por ciento), le siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).
Con respecto a las mujeres que habían sufrido una violación y no habían acudido a las instituciones los motivos más citados en la encuesta son la vergüenza (40,3%) y el haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%), el temor a no ser creída (36,5%) y el miedo al agresor el (23,5%).
Además, se calcula que un 13,7 por ciento de las mujeres de 16 o más años residentes en España (2.802.914) han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida, y el 1,8% (359.095 mujeres) en los últimos 12 meses. Un 3,4% (703.925 mujeres) han sufrido violencia sexual en la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad). Un 2,2% (453.371 mujeres) han sido violadas alguna vez en su vida y que el 74,6% de las mujeres que han sufrido una violación, han vivido también otras situaciones de violencia sexual.
En cualquier caso, uno de los grandes déficits del sistema judicial es la falta de formación y especialización. Las violencias machistas tienen unas características exclusivas para poder identificar ciertas dinámicas y comportamientos es necesario entender por lo que están pasando y han vivido estas mujeres y como funciona y cuales son las dinámicas de la violencia. En la actualidad no todos los implicados en un proceso por violencia machista tienen esa formación y esa circunstancia aboca a muchas mujeres a procesos donde se las revictimiza y donde empeora su salud mental. La perspectiva de género es fundamental en los juzgados para lograr justicia y reparación.