Son expertos en la materia, cada uno desde su ámbito. Trabajan a diario con la violencia de género desde distintos escenarios y conocen la ley y sus consecuencias. En el XX aniversario de su aprobación, cinco especialistas analizan cómo cambió el paradigma esta legislación y qué más podemos hacer para mejorar el engranaje de este problema estructural.
Teresa Peramato, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer
¿Qué supuso la aprobación de ley?
La Ley Integral contra la violencia sobre la mujer fue y sigue siendo la herramienta fundamental para luchar contra la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, pero además constituye la base en virtud de la cual hemos podido avanzar en la lucha contra todas las violencias machistas y todas las formas de discriminación contra la mujer. Es y ha sido un referente a nivel europeo e internacional y se ha ido adaptando a través de algunas reformas para redundar en la idea, que ya recogía en la exposición de motivos, de que las víctimas de la violencia de género no son solo las mujeres sino también los niños y niñas que con ellas conviven, por lo que se ha extendido la protección integral a estas niñas y niños y se ha incluido como manifestación de violencia de género la que conocemos como violencia vicaria.
¿Qué se podría mejorar?
Como mejoras de cara a un futuro, que está ya ahí, debemos reclamar la creación de suficientes unidades judiciales contra la violencia sobre la mujer para encarar esta violencia, que cada vez se denuncia más, y porque la previsión es que los jueces de violencia sobre la mujer de los juzgados de instancia asuman las competencias también en materia de violencia sexual, por lo que será necesario dotar de mayores efectivos a esta justicia especializada: más jueces y fiscales, más unidades de valoración integral forense, mayor dotación en las oficinas de atención a la víctima.
También se debe garantizar una formación especializada de calidad de todos los profesionales que intervienen en esta materia. Por último, no puedo olvidar la necesidad de combatir los mensajes negacioncitas de esta violencia, que sin ninguna duda colocan en una situación de mayor vulnerabilidad a las víctimas y empoderan a los agresores, e incidir en la necesidad de potenciar la educación en igualdad, contra toda discriminación y contra la violencia de género desde la infancia, responsabilidad de las familias pero también y sobre todo de la administración educativa.
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género
¿Qué supuso la aprobación de ley?
Supone una revolución social, no solo jurídico técnica, también en cuanto a las distintas materias y ámbitos que abarca, desde la sanidad, medicina, judicial, la ciencia social, todos esos conceptos cambiaron. Fue poner el foco en algo diferente a lo que había hasta ese momento. Antes se señalaba el contexto, lo que era la relación doméstica, existían una serie de características que hacían que se entendiera que este tipo de problemas o de violencias derivaban de la convivencia, no era un problema social. Se presentaba a la mujer como generadora de esa especie de caos, de malestar que daba lugar a que se respondiera con violencia. Desde el momento en que eso cambia y que la sociedad empieza a verlo también desde esa perspectiva, pues se produce una revolución y un inicio de empezar a ver las cosas de otra forma, y por lo tanto, a transformar la realidad.
¿Qué se podría mejorar?
Pues entender que la ley si es integral, no puede centrarse como se sigue haciendo en el resultado. Es como querer curar la pandemia con UCIs y hospitales. Es un problema estructural y social, nunca se va a curar esperando a que pasen los casos para que entonces se responda. Creo que nos falta mucho y no se ha hecho lo suficiente, nos falta toda la parte primera, que es la que realmente va a lograr que esto cambie, que es la educación, toda la prevención y concienciación. Y luego, puesto que estamos hablando de millones de mujeres que sufren violencia de género, tenemos que detectar la violencia y darles una primera alternativa distinta a la denuncia, que no significa que no vayan a denunciar, pero no puedes decirle que la acción cuando detecto la violencia es la la denuncia porque sabemos que las mujeres no quieren, no pueden, no lo ven, por eso es una violencia estructural, cultural y normalizada. Si no entendemos eso, nos vamos a equivocar. Si no trabajamos con medidas alternativas a la denuncia y la sanción, pues erraremos.
Cira García Domínguez, magistrada del juzgado de violencia de Getafe
¿Qué supuso la aprobación de ley?
El cambio más importante fue cómo se abordaba esta violencia contra las mujeres. Antes, no dejaba de ser un tema del ámbito privado, algo que ocurría de puertas para dentro y con la ley pasa a la esfera pública y política, es un cambio de paradigma. En la exposición de motivos habla de esa desigualdad histórica, de esa violencia estructural, lo convierte en un problema político y social. Además, fue una ley de protección integral, la primera de violencia contra las mujeres. No basta con que haya solamente tipos penales, hay que dar un apoyo económico y social a las víctimas. Reformó una gran cantidad de leyes: la ley de Publicidad, la ley de Educación, el Código Penal, las leyes procesales, creo juzgados especializados, fue una ley muy ambiciosa y novedosa. Creo que, efectivamente, es cómo se tiene que abordar la violencia contra las mujeres, de forma estructurada porque es una violencia sistémica, muy arraigada a las estructuras patriarcales.
¿Qué se podría mejorar?
El problema es que los juzgados especializados que creaba esta ley siguen siendo insuficientes. Hay 116 juzgados en funcionamiento, menos del 25 por ciento que serían necesarios. No podemos estar con los mismos juzgados, profesionales y equipos técnicos que hace veinte años. Si además, con la reforma de la ley de eficiencia procesal absorbemos la violencia sexual, independientemente de la relación que hay entre la víctima y el agresor, muchos compañeros y compañeras se van a ir a otros destinos porque supone asumir nuevas competencias con los mismos medios. Existe un problema presupuestario muy importante y es una violencia en aumento, cada vez se denuncia más, pero no hay un aumento correlativo de medios. Hace quince años el número de procedimientos era la tercera parte de lo que tenemos ahora, nos enfrentamos al triple con el mismo número de funcionarios, es el mismo. Siempre pienso que tampoco importan mucho las mujeres, la ley tiene que ir acompañada de presupuesto, medios personales y materiales, sino es solo papel mojado.
Chelo Álvarez, presidenta de la asociación de víctimas Alanna
¿Qué supuso la aprobación de ley?
Fue un gran avance, se reconoció la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de su pareja o expareja, se empezaron a desarrollar recursos y supuso un gran cambio social. Fue muy bien recibida y la aplaudimos todas, las asociaciones las primeras.
¿Qué se podría mejorar?
Han pasado veinte años, la ley establece que debe haber juzgados especializados en todo el territorio español, pero no se cumple. La ley se ha ido modificando como cuando se reconoció a los hijos e hijas como víctimas de violencia de género, cosa que celebramos, pero entonces, ¿por qué a la mujer víctima y a sus hijos no se les trata como una unidad familiar y se les protege por igual? ¿Por qué se les sigue revinculando con un maltratador? Algo falla y es muy grave. También nos interesa desde las asociaciones de víctimas la prueba preconstituida, para que las mujeres solo tengan que declarar una vez porque se nos revictimiza. No tiene sentido ir a un juzgado una y otra vez. Además, a pesar de que ponen una mampara en las vistas, los maltratadores hacen ruidos, sonidos, no puede ser. Llevamos años pidiendo una ventanilla única para la atención a estas mujeres para no tener que estar de un lado a otro. La ley no contempla un sistema de evaluación externo de los servicios de atención a las víctimas y luego nos encontramos con profesionales sin formación y especialización. La ley debería también contemplar la violencia institucional y no me refiero solo a los juzgados.
Andrea Cabezas, superviviente y abogada
¿Qué supuso la aprobación de ley?
Fue muy importante porque por primera vez se trató como un problema público, se sacó de las cocinas y pasó a la esfera política. Se reconocía como bien jurídico protegido la violencia contra las mujeres y se penalizaba. Se dotó de valor, como un problema histórico y lo señaló como un fenómeno independiente a la violencia intrafamiliar, blindándolo, supuso un gran avance.
¿Qué se podría mejorar?
Los políticos deberían tomarse en serio la ley, los maltratadores se especializan. Para la violencia económica, por ejemplo, hay que acudir a la jurisprudencia porque no está regulada, lo mismo pasa con la violencia vicaria. Hay mucho machismo y parece que no les interesa. ¿Por qué se siguen concediendo visitas a los maltratadores si lo prohíbe la ley? Me da la sensación de que se quedan tranquilos poniéndolo negro sobre blanco, pero no sirve para nada. Hace falta más formación, más medios y mayor apoyo institucional.