Ana María (nombre ficticio) llegó a España hace casi veinte años, conoció a un español del que se enamoró, se casaron y tuvieron una hija. Años después, le denunció por violencia de género. Ahí comenzó su segundo calvario. Vivía y vive en una localidad pequeña, de alrededor de 40.000 habitantes, donde intentó denunciarle por primera vez. Asegura que el policía que le atendió, un conocido del municipio, le aconsejó retirar la denuncia y le dijo: “Aquí no es como en tu país, aquí va a ir al calabozo. Eso -por la herida que tenía en la cabeza tras un botellazo- se te quita. Háblalo con él y no le hagas enfadar”. Era el año 2009. Ana María retiró la denuncia, recordemos que llevaba poco en España y tenía una hija menor de edad que vivía con ella y su entonces marido. A pesar de que esta acusación nunca se llegase a formalizar, sí consta en el procedimiento.
Un caso claro de violencia vicaria
Años más tarde, esta joven española, es de origen mexicano pero posee doble nacionalidad, puso varias denuncias más. Lleva una década luchando en los juzgados para demostrar el maltrato continuado que desembocó en violencia vicaria. Es la clave del caso porque al exmarido se le concedieron visitas, a pesar de estar siendo investigado por violencia de género, y más tarde, denunció a Ana María por malos tratos hacia su hija. Según cuenta Ana María, su exmarido consiguió que la pequeña narrase agresiones y ella perdió la custodia. Hoy, la hija del matrimonio es casi una adolescente y ha confesado a las psicólogas que seguían su caso que su padre le obligó a mentir.
Pero antes de esa confesión hubo un momento, cuando le retiraron la custodia de su pequeña, en el que Ana María casi se da por vencida. Nada tenía sentido, no entendía cómo había llegado a esa situación y pensó en tirar la toalla. En ese momento, su madre, harta de lo que consideraba una vulneración de los derechos de su hija se puso a llamar a todas las puertas. Una injusticia tan descarada y brutal tenía que importar a alguien.
La petición ha llegado a la presidenta Sheinbaum
Así que se, según explica, se puso en contacto con el equipo de la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada. Le facilitaron los vídeos de los juicios que se habían celebrado hasta la fecha. Sus asesores, tras visionar las vistas, consideraron que se habían cometido anomalías, que existía un posible carácter xenófobo en el procedimiento, evidente incluso en la manera en la que se dirigían los implicados a Ana María. Con esas conclusiones, el equipo de Brugada trasladó el material al gabinete de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum quien podría autorizar la presencia de los observadores en el siguiente juicio por la custodia de la hija de Ana María, que se celebrará en los próximos meses.
Dudas de que le beneficie
El abogado de Ana María no tiene claro que la presencia de los observadores le vaya a beneficiar de cara al juicio, tiene sus reservas acerca de esta medida, pero ella piensa que llegados a este punto, no tiene nada que perder. “No he ido a contarles mi historia, sacada de contexto, o mi punto de vista, los responsables mexicanos han visto lo ocurrido en estos juicios, sin trampa ni cartón”.
No solo se pone en tela de juicio el trato personal recibido por Ana María por parte de las distintas instituciones que la han atendido, si no las medidas y obligaciones a las que la han sometido. Cree que el problema radica en su origen y los estereotipos racistas. “Sé que han sido más duros conmigo que con otras mujeres españolas, ahora que ya estoy en contacto con más víctimas, ellas me dan la razón y me aseguran que conmigo se han cometido muchas injusticias”, apunta.