Estela Blach Silva tenía 36 años y pidió ayuda antes de ser asesinada. Acudió a las instituciones para denunciar a Humberto González Rodríguez, de 38 y su entonces pareja por violencia de género. En ese momento, el sistema comenzó a funcionar y los protocolos se pusieron en marcha. Como a todas las mujeres que acuden a las autoridades por estos delitos, Blach completó el formulario del algoritmo VioGén, un cuestionario creado para detectar y prevenir futuros ataques. No funcionó. El sistema, basándose en las respuestas de Estela, arrojó un resultado del nivel de riesgo que presentaba su situación: medio. Lo que significa que esta joven no contaba con más protección que la de llamadas telefónicas periódicas del agente encargado de su seguimiento, solo un resultado de riesgo extremo viene acompañado de escoltas que protegen a estas mujeres las 24 horas del día. De las 99.644 víctimas que en septiembre constaban en VioGén, como Blach, solo doce se catalogaron como situaciones extremas, el 0,01 por ciento del total.
Tenía orden de alejamiento
Además, Blach tenía vigente una orden de alejamiento, Humberto tenía prohibido acercarse a ella. Sin embargo esa medida de protección no es más que un advertencia, nadie controla que los maltratadores la cumplan y es bastante común que se quebranten varias veces sin apenas consecuencias para ellos. Como explica el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, con respecto a estas órdenes “su eficacia depende de la voluntad del agresor. Es así. No depende del instrumento si no de cómo yo me comporto ante el instrumento. Existen medidas para reducir esa voluntad de la agresión, pero dependemos de que ellos cumplan lo que dice un papel (orden de alejamiento). Si la quebranta y no la mata en ese momento, el sistema minimiza el riesgo, no tiene bien conceptualizado lo que es la violencia de género porque no actúa de manera contundente. El quebrantamiento debería significar la entrada directamente en prisión, pero el propio sistema no tiene claro el riesgo que entraña, lo que hay detrás. Por eso no vale decir es que muchos la incumplen y luego no las matan, la situación es objetiva están asesinando a 60 mujeres cada año”, apunta.
El Estado solo protege a un 20 por ciento de las víctimas
El caso de Estela no es una excepción, de las 40 mujeres asesinadas este año por violencia de género, once habían pedido ayuda y denunciado a sus asesinos, una de cada cuatro. No sirvió de nada. No es sencillo adivinar las intenciones de los agresores, las circunstancias individuales y los desencadenantes que desembocan en un asesinato, pero no es menos cierto que el Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres que acuden al sistema, porque son una minoría. Solo el 21,7 por ciento de las víctimas de violencia de género denuncia, según la macroencuesta de Igualdad. El resto, se mantienen ocultas y no se las puede proteger ni acompañar porque no se conoce su situación.
Mari Nieves
Hace un mes, el 4 de octubre, el sistema volvía a fallar. La pareja de Mari Nieves Gamarra, de 56 años la asesinaba en Roquetas de Mar (Almería). La historia de violencia de este hombre venía de largo. En 2021 Mari Nieves puso en conocimiento de las autoridades su situación de malos tratos y consiguió una orden de alejamiento. Dos años más tarde, en 2023, volvió a pedir ayuda y volvió a denunciarlo. Sin embargo, en esta ocasión, y a pesar de los antecedentes, el juzgado no consideró necesario medida de protección alguna. La víctima estaba sola. Tanto es así que su caso se encontraba inactivo en el sistema VioGén, lo que significa que ningún agente realizaba medidas de seguimiento de su situación.
Mainca
Mainca denunció apenas un mes antes de que su pareja la asesinara. Esta joven de 33 años también acudió al sistema, pero ni VioGén, ni la Policía, ni los jueces consideraron que su vida corriese un grave peligro. Se equivocaron. Sufrió una agresión el día 17 de octubre que la dejó varios días en coma y falleció días después en Segovia. Días después, a otra víctima con orden de alejamiento e inscrita en VioGén la atropelló su expareja en un ataque que bien le podía haber costado la vida en Aranda de Duero. Terminó en el hospital en estado grave, pero su vida no corre peligro.
Lorena
Lorena, de 46 años tenía dos hijos cuando fue asesinada por su pareja con la que convivía en ese momento en Castellón el 20 de septiembre. El asesino confesó el crimen en una comisaría de Barcelona. Hasta el año 2023 Lorena figuraba en Viogén con medidas judiciales de protección que se encontraban inactivas. El asesino acumulaba tres sentencias por delitos de amenazas, malos tratos y quebrantamiento respecto a Lorena dictadas por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer y un Juzgado de lo Penal entre agosto de 2021 y marzo de 2022.
Juliana
En julio, Juliana, de 31 años y vecina de Buñol también moría a manos de su pareja a la que había denunciad, pero como suele ocurrir en estos casos, se había echado atrás. De hecho, habían vuelto a compartir el chalé donde vivían en la urbanización Ventamina. Allí mismo la mató a golpes y con un objeto punzante. No era su primera víctima. Su anterior pareja, también le había denunciado el año pasado y ella sí tenía una orden de alejamiento en vigor. Fue a esta última mujer a la que llamó para contarle que había matado a Juliana.
Gertruida
Gertruida, de 76 años, fue asesinada por su pareja, de 86 años, el 13 de julio en Salou (Tarragona). El hombre, detenido, tenía antecedentes por violencia machista. Unas semanas antes la víctima había denunciado a su agresor, pero retiró la denuncia, algo bastante común en este tipo de situaciones.
Amal, Adam e Hiba
Amal había denunciado a su marido. Había hecho todo lo que el sistema le pide a las mujeres que sufren maltrato que hagan. No debió ser fácil, pero aun así tomó la decisión de contarlo y ponerse en manos de las instituciones. Era una víctima especialmente vulnerable, le atravesaban varios indicadores de riesgo. Amal era extranjera, no hablaba bien el idioma ni poseía un gran conocimiento de cómo funcionan nuestras leyes ni nuestros servicios públicos; vivía en un pueblo de menos de 7.000 habitantes y tenía dos hijos a su cargo. Todos esos factores influyen de cara enfrentarse a la violencia. Además, su a la postre asesino, se saltó multitud de veces las órdenes de alejamiento. No con una llamada o un encuentro por la calle, si no que se colaba en la vivienda donde vivía con los pequeños. Más de una vez. No solo eso, su ex pareja había verbalizado que la iba a matar, había hecho públicas esas amenazas a terceros. Con todo esto, ni los agentes encargados de su caso, ni el sistema VioGén, el algoritmo que fija los criterios de riesgo, consideraron que su vida corriese peligro. Se equivocaron. El pasado 28 de junio su marido la asesinó a ella y a sus dos hijos Adam de 8 años e Hiba de 3, y se fue a beber cervezas a un bar.
Thais
La expareja de Thais, de 34 años, la asesinó y descuartizó el pasado 1 de abril en Amposta (Tarragona). Él tenía antecedentes por violencia de género, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aseguró que existían denuncias previas de la víctima contra su asesino.
Rocío
La pareja de Rocío, de 44 años y madre de dos niñas, la asesinó el 5 de febrero en su casa de l’Alfàs del Pi (Alicante). La víspera del crimen, ella se personó en el cuartel de la Guardia Civil acompañada de vecinos y policías locales para denunciar malos tratos, pero finalmente se echó atrás. Aun así, se activó el Protocolo Cero (el mismo procedimiento que se hubiese seguido si hubiera denunciado). El asesino estaba inscrito en VioGén por haber agredido a otra mujer en el pasado y Rocío también figuraba como víctima al haber sido maltratada por una pareja anterior.
Sumar pidió cambios en el algoritmo
Las expertas y las asociaciones de víctimas llevan años exigiendo que se mejore el algoritmo y la coordinación entre instituciones para evitar que ocurran este tipo de casos. Hace unos meses, era el propio socio del Gobierno de coalición, Sumar, quien demandaba cambios en el sistema VioGén. Lo hacía a través de una proposición no de ley donde cuestionaba no solo el algoritmo si no el sistema en su conjunto. Así el texto que presentaron en el Congreso aseguraba que “los datos reflejan que algo en el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia machista está fallando: desde el propio hecho de poder poner una denuncia en condiciones seguras, procesos judiciales que finalizan en absoluciones teniéndose que enfrentar la víctima de nuevo a su agresor, órdenes de protección inexistentes o ineficaces, falta de formación del personal público implicado en la prevención y detección. Todas estas situaciones ponen de manifiesto una clara necesidad de mejorar y ampliar los mecanismos de intervención”.