Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, se convirtió en la protagonista indiscutible este martes en el Senado. Se dirigió a la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara para denunciar que una productora pretende hacer un documental sobre el asesinato de su hijo a manos de Ana Julia Quezada, entonces pareja del padre de Gabriel. “Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que, sin querer, entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida”, lamentaba Ramírez.
Por eso, la madre de Gabriel Cruz comparecía ante los medios, en la explanada del Senado, con una petición: un gran Pacto de Estado para blindar a las víctimas en estos casos. En su alegato, propuso legislar para evitar la revictimización de las víctimas y el morbo en este tipo de casos mediáticos. También anunció que, por el momento, se había paralizado el documental del asesinato de su hijo, pero que no lo veía como una victoria. Quería ir más allá.
Los grupos parlamentarios alabaron la valentía y el coraje de Patricia Ramírez. También recogieron su súplica y se abren estudiar ese pacto, según ha podido saber Artículo14. Ahora toca ver si la voluntad política tiene encaje en el derecho.
El senador popular Fernando Martínez Maíllo, en declaraciones a este periódico, hablaba de modificar el Estatuto de la víctima en ese gran pacto de Estado. Apuntó a ampliar a todas las víctimas las medidas de protección que se aplican a las víctimas de violencia de género: “Se ha usado la figura de Gabriel para todo tipo de barbaridades”, denunciaba Maíllo. Por eso, proponía blindar los derechos de imagen de las víctimas.
También en conversación con Artículo14, la senadora Carla Antonelli, de Más Madrid, coincidió con Maíllo en la voluntad política para evitar que este tipo de cosas ocurran. “Abierta a razonar, escuchar y ver”, aseguró Antonelli. Añadió que en el caso de Patricia Ramírez lo que probablemente había pasado es que no se respetó la ley ya vigente. Pero que aun así un pacto de Estado para proteger a las víctimas “no estaría de más”, subrayó.
También abierto a ese acuerdo se mostró el senador socialista José Manuel Franco: “Todo lo que sea avanzar en esa dirección para proteger a las víctimas y que no sufran vamos a apoyarlo siempre”, aseveró Franco a Artículo14. Eso sí, reconocía lo difícil que es legislar en estos términos. Esto es, en encontrar “el equilibrio entre los derechos de los reclusos, la protección de las víctimas, el derecho a la información y la libertad de expresión”, según sus propias palabras.
Los expertos jurídicos, a favor de la libertad de información
Ese, precisamente, es el mayor escollo que ven los expertos. Para el magistrado José Manuel Suárez el derecho a la información siempre ha de prevalecer “sea más o menos desagradable”. Asegura que los menores ya están protegidos por la ley y las víctimas tienen derecho al honor. Por tanto, considera que no tendría sentido modificar la ley porque, además: “En una democracia la libertad de prensa debe tener las mismas restricciones nos guste o no nos guste”, sentenció el magistrado.
En el mismo sentido se postuló el abogado penalista Juango Ospina, que aseguró que la voluntad política que vimos este martes en el Senado es “un brindis al sol”. Ospina es partidario de modificar el Código Penal para “prohibir cualquier actuación que pudiera hacer daño a las víctimas”. Pero apunta, igualmente, a que “hay que tener cuidado porque puede violar derechos fundamentales”.
Lo que está claro es que Patricia Ramírez abrió un debate mediático, político y jurídico sobre cómo ha de tratarse a las víctimas en este tipo de sucesos. Pero no solo eso. También llamó a reflexionar sobre los límites entre la información y el morbo.