De oficio, productor de cine porno. Oficiosamente, para el entorno de sus víctimas, es un “blanqueador” de la explotación sexual. Para la policía, Ignacio Allende Fernández ‘Torbe’ es un explotador y abusador de mujeres, que saca beneficio empresarial de ello. Así mismo se define como uno de los mayores expertos en porno y prostitución en nuestro país.
Lo cierto es que nunca lo han detenido por una actividad profesional que no oculta, sino por todo el entramado criminal con el que la lleva a cabo. A sus 56 años, lo han detenido cuatro veces. En esta ocasión, el Grupo 12 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid lo tenía en su radar desde hacía siete meses. A él y a toda su banda. Los acusan de cinco delitos: contra los derechos de los trabajadores, prostitución, agresión sexual, coacciones y organización criminal.
En total, la Operación Berto se ha saldado con cinco detenidos, entre los que hay una mujer conocida como ‘María G’. El resto también respondían por apodos: Giorgio, Spiderman y Carloduro. Y, por supuesto, Torbe. Él era el punto de entrada de las mujeres en la red, el gran captador.
Su canal pornográfico servía de filtro inicial a través del cual seleccionaban a decenas de jóvenes a las que contrataban para grabar escenas en la productora sin que estas recibiesen una copia de lo firmado. Según constatan los investigadores, las hacían pasar por dos productoras; primero en la de Torbe y luego en la de Giorgio. Ahí entra de lleno Inspección de Trabajo, pero a la irregularidad laboral se suma la explotación sexual.
De actriz a mujer prostituida
A todas las jóvenes las traían a España con la promesa de convertirlas en actrices. Y una vez aquí, no sólo las sometían a sesiones maratonianas de grabación de escenas porno, sino que lo hacían sin cumplir con los requisitos imprescindibles de salubridad, en cuanto a las pruebas médicas exigidas en este tipo de rodajes.
La práctica de la desprotección se extendía en el siguiente peaje por el que las hacían pasar, el de la prostitución en pisos regentados por la citada María G. Canaria, de 51 años, las obligaba a prostituirse sin usar preservativos, por lo que muchas de las jóvenes contrajeron enfermedades de transmisión sexual. Al riesgo se añadía la evidente situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, lejos de sus casas y atrapadas en una logística destinada a explotarlas sexual y laboralmente.
Los pagos eran ínfimos. Ellas no tenían otras posibilidades de ingreso que no fueran las proporcionadas por esta banda, en la que Spiderman y Carloduro servían de intermediarios entre las mujeres y las productoras. Si en algún momento ellas se echaban atrás o pretendían otras condiciones e incluso abandonar la productora les recordaban la situación irregular en la que se hallaban en nuestro país.
Si las mujeres pedían que borrasen sus vídeos pornográficos del canal de difusión de Torbe, la banda les reclamaba una cantidad desorbitada de 3.000 euros por borrado. Esto añadido al único ingreso que como tal percibían como contrapartida de que ser prostituidas: máximo 50 euros por tener relaciones sexuales con varios hombres.
Un modus operandi “perfeccionado”
Torbe es una pieza de caza mayor. Así sienten su detención los colectivos que trabajan por proteger a las mujeres víctimas de sus prácticas. “Con este señor hemos tenido muchísimas causas desde hace muchos años porque sigue y sigue. Con lo que ojalá que esta vez sí entre en prisión”, claman sin querer exponerse.
El trabajo de estos colectivos es delicado y su exposición mediática puede poner en riesgo la atención que ofrecen a unas mujeres, la mayoría de las veces, no denuncian por miedo o por sentirse culpables, o por saberse extranjeras. Aun así, España es un país en el que ya se está captando a mujeres para ejercer la prostitución, sin cruzar la frontera. En charlas en institutos, estos colectivos han detectado cómo se tienta a las menores con posibles ingresos a cambio de grabarse vídeos para Onlyfans. Es otra de las vías de captación.
La peligrosidad de Ignacio Allende ‘Torbe’ es que no se oculta. Tiene su propia web y está en numerosas redes sociales desde las que ofrece un relato destinado a acallar a las víctimas, presentándose como un hombre perseguido y linchado por el Estado y “las feminazis”. En este sentido se explayó en su última entrevista para un podcast en Youtube: “Las feministas boicotean a sus maridos, que están hasta los cojones de sus señoras de 50 o 60 años, y se van con otras porque es así el ser humano”, para a continuación preguntarse en voz alta: “¿Tengo yo la necesidad de violar a alguien?… De ser así, habría incluso más víctimas”.
Apenas unos días después de estas palabras, a mediados de febrero, Torbe fue detenido por trata de seres humanos, detención ilegal y agresión sexual, y quedó en libertad provisional sin medidas cautelares. Lo que no esperaba es que justo mes y medio después iba a volver a caer en otra operación policial.
La primera detención fue en 2006, por corrupción de menores. Entonces alegó que le habían entregado un DNI falso y fue condenado a menos de un año de prisión. Diez años después repitió el mismo argumento cuando fue detenido acusado de agresión sexual, pornografía de menores, extorsión, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal. Tampoco entonces entró en prisión pues llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó su petición de siete a dos años.
Aunque si algo han constatado ahora los investigadores es que Torbe ha perfeccionado su modus operandi durante estos años hasta el punto de convertir esta actividad empresarial -de explotación laboral y abuso contractual- en su principal medio de vida.