Un hombre presuntamente asesina a su mujer y a sus dos pequeños, dos mellizos de 8 años, y después se tira a las vías del tren en El Prat de Llobregat (Barcelona). Sólo leerlo ya resulta estremecedor. El mero planteamiento de hacer daño a su descendencia debería resultar inimaginable para cualquier progenitor. Está grabado en nuestro ADN como algo antinatural. Ya vimos en la mitología como Cronos (o Saturno) cometen una aberración al matar a sus hijos, hasta que Zeus se zafa de la sentencia mortal impuesta por su propio padre. Sin embargo, resuenan en nuestros oídos una y otra vez casos en los que un progenitor termina con la vida de sus hijos. ¿Qué está pasando?
Estamos ante lo que se denomina violencia vicaria. Consiste en atentar contra los hijos a fin de dañar a quien fue o aún es su pareja, ya sea como una forma de castigo, o con el objetivo de modular, por la fuerza, su conducta. En muchos casos, la razón por la que la víctima se anima a denunciar consiste en una amenaza a los hijos en común u otro familiar que le es querido. Algo suficientemente aterrador para denunciar.
Nos parece algo execrable porque hay una serie de límites sociales y emocionales que nadie debería sobrepasar. Y el ataque a personas vulnerables por quien es el encargado de velar por su seguridad es un claro ejemplo. Parece, básica y llanamente, inimaginable. Y, sin embargo, pasa.
En todo acto de violencia de género hay varias víctimas: lo es la mujer que la sufre en primera línea, en su propia piel. Pero también sus familiares y los menores que la viven, directa o indirectamente. Estos menores se verán afectados por la violencia. Sufrirán la caída en un abismo que se tornará insalvable y que marcará, en mayor o menor medida, su futuro, su educación, relaciones amorosas y amistades. De nuevo, una sentencia inesperada.
También existe otra violencia de género más sibilina, aparentemente más tacaña, pero lacerante, erosiva: la violencia económica. Consiste en drenar a la víctima patrimonialmente mediante la falta de pago de todos los gastos que generen los hijos comunes. No todo progenitor que deja de pagar la pensión de alimentos a sus hijos tiene como motivo limitar a la víctima, pero lo cierto es que en los juzgados se aprecian casos en los que el padre pretende castigar a la madre por haberse separado mediante el incumplimiento del pago de las pensiones correspondientes. Es muy común ver cómo se coloca a la madre en una posición imposible para poder afrontar dignamente la crianza de los menores, arrinconándola y presionándola para que, normalmente, reinicie la relación.
Contra esta lacra no bastan las leyes. El Código Penal castiga estas conductas. La policía y los juzgados las persiguen incansablemente. Se requieren, sin embargo, más medios que faciliten el apoyo psicológico y económico a la víctima durante el procedimiento penal. Y aún esto no es suficiente. La ley 1/2004 exige, para luchar adecuadamente contra la violencia de género, la implantación, desgraciadamente aún no culminada, de múltiples recursos en materia de educación y formación. Han pasado más de veinte años desde su entrada en vigor. El ámbito sancionador funciona todo lo bien que se puede con los medios de los que dispone. Sin embargo, los roles de género y los mitos del amor romántico no han sido destruidos.
Si queremos acabar con Cronos, que es que lo que debería ser inasumible no se mantenga como un insoportable goteo de víctimas, es hora de enfrentarnos al monstruo con todos los recursos, tanto en el ámbito sancionador, como en el educativo y preventivo.
Es hora de cambiar la sentencia vital derivada del ciclo de la violencia.
Verónica Ponte. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getxo e integrante del Comité Nacional de la AJFV.