La Comisión Europea ha revelado un dato que, por desgracia, sorprende poco: uno de cada cinco niños en Europa ha visto pornografía, con escalofriantes consecuencias. A raíz del porno, los menores desarrollan perspectivas distorsionadas de la sexualidad y normalizan desde el principio la violencia y la agresividad contra las mujeres.
Otra consecuencia es que un 9% de las europeas ha sido víctima de pornografía no consensuada, protagonizando videos o imágenes sexuales que se han compartido sin su consentimiento. Pero a pesar de la severidad de esta epidemia, los esfuerzos por regular el porno son lentos e insuficientes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Incluso Bruselas ya ha intentado limitar esta práctica en varias ocasiones a través de diversas directivas.
Regulaciones (a medias) desde Bruselas
En el año 2010, la UE aprobó la Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual, que prohíbe la transmisión de contenido que pueda perjudicar a los menores y obliga a los proveedores a implementar medidas de protección como el control parental. También exige que los proveedores de servicios de comunicación audiovisual garanticen que los menores no tengan acceso a programas que contengan violencia gratuita o escenas sexuales explícitas. Esta es la regla que obliga a las plataformas pornográficas a implementar sistemas de verificación de edad, para restringir el acceso a contenidos inapropiados para menores.
Luego está la Directiva sobre la lucha contra el abuso sexual de menores y la explotación sexual infantil, que se aprobó en 2011 y penaliza los delitos relacionados con la pornografía infantil. También incluye medidas específicas para la prevención del abuso sexual a niños, como la obligación de proporcionar programas de educación y sensibilización en las escuelas de todos los países. Además, establece que los proveedores de servicios de internet deben cooperar con las autoridades para identificar y eliminar material relacionado con la explotación infantil.
La UE también adoptó el Acta de Servicios Digitales (DSA) en 2022. Esta legislación establece que las plataformas deben tener términos y condiciones explícitos sobre el contenido aceptable y prohibido, implementar mecanismos eficaces de moderación de contenido y aumentar la transparencia sobre sus prácticas de moderación. Además, se exige a las plataformas más grandes, como PornHub y xHamster, auditorías externas independientes para evaluar los riesgos asociados a sus servicios, incluida la diseminación de contenido ilegal.
Y, más recientemente, se ha aprobado la Directiva sobre la violencia de género, que, entre otras cosas, criminaliza la creación y distribución de deepfakes sexuales no consensuados, establece mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas, y fomenta la cooperación para la eliminación de contenidos ilícitos. Esta directiva también incluye la obligación para los Estados miembros de implementar campañas de sensibilización pública sobre el impacto negativo de los deepfakes sexuales y la violencia de género digital. Además, se exige a las plataformas digitales que desarrollen herramientas para detectar y eliminar rápidamente este tipo de contenido, y que colaboren estrechamente con las autoridades para identificar a los perpetradores.
España se queda corta
España, al igual que otros muchos países, tiene suspenso en la legislación sobre pornografía. Sus leyes antiguas no responden a los problemas actuales. Sin embargo, los datos siguen siendo claros: el 62,5% de los adolescentes ha consumido pornografía antes de cumplir la mayoría de edad. Una cifra que se eleva hasta el 87,5% en el caso de los chicos, según datos de Save the Children.
Observando los datos, la pregunta es clara. ¿Cómo es posible que ocurra esto si son contenidos para mayores de edad? La Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual, en el artículo 89.1.e, exige a “los prestadores del servicio de intercambio de vídeos” proteger a los menores a través de “sistemas de verificación de edad que impidan el acceso de estos (los menores) a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía”.
¿Se cumple esta norma? Por lo general, al acceder a la página pornográfica aparece de forma automática un desplegable que pregunta ‘¿eres mayor de edad?’ No obstante, simplemente con clicar sobre ‘sí’, ya se da acceso a todo el tipo de contenido sin ninguna herramienta de verificación más. Esto, obviamente, aunque es lo que recoge el BOE, no funciona dado que los menores mienten y ven los vídeos que deseen.
Es precisamente por esta razón por la que el Gobierno quiere aprobar un proyecto de ley para la creación de un sistema de verificación de edad para acceso a páginas web restringidas a adultos. La Agencia Española de Protección de Datos junto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya están trabajando en un sistema piloto que esperan que esté listo antes del año que viene.
La Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual en el artículo 99.2.a también prohíbe la emisión en televisión de “programas o contenidos audiovisuales que contengan escenas de violencia gratuita o pornografía”. Además, por otro lado, el Código Penal castiga en su artículo 186 la difusión de “material pornográfico entre menores de edad” con una pena de prisión de seis meses a un año o una multa de 12 a 24 meses. No obstante, es una realidad que, sobre todo, en institutos, los menores compartan entre sí desnudos de una compañera o vídeos grabados sin consentimiento.
Pornografía en el resto de la UE
Irlanda es el país más estricto del bloque. La pornografía extrema está prohibida, y la distribución y posesión de cualquier material pornográfico están estrictamente reguladas, con su Ley de Censura de Publicaciones y su Ley de Justicia Penal. La pornografía adulta está fuertemente censurada y su distribución muy limitada, permitiéndose únicamente en condiciones controladas. Las sanciones por incumplir estas leyes son severas y pueden incluir penas de prisión. Además, el acceso a sitios web de contenido pornográfico está restringido mediante filtros en los proveedores de servicios de Internet.
También Chipre prohíbe tanto la pornografía infantil como la extrema, con controles estrictos sobre la distribución y exhibición de material pornográfico. Aunque la pornografía adulta es legal, está sujeta a controles estrictos y se requiere una licencia para su distribución. Las sanciones por distribuir material pornográfico sin licencia incluyen multas elevadas y posibles penas de cárcel.
En la gran mayoría de los países de la UE, además de leyes estrictas contra la pornografía infantil y restricciones en la distribución de material pornográfico, la pornografía adulta está restringida a mayores de 18 años y su distribución y venta están fuertemente controladas. Las autoridades nacionales llevan a cabo inspecciones regulares en establecimientos que venden material pornográfico. También se aplican filtros especiales en Internet para limitar el acceso a sitios web de contenido pornográfico.
Así es como se regula en países como Malta, la República Checa, Polonia, Hungría, Grecia, Lituania, Croacia, Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Eslovenia, Luxemburgo, Italia, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos y Portugal.
Bulgaria comparte las mismas regulaciones que estos países, con alguna distinción: las autoridades solo toleran la distribución ilegal de pornografía hardcore en tiendas designadas y en la televisión después de las 11:00 p.m. Y es que las revistas y periódicos pornográficos han aumentado su disponibilidad desde la caída del comunismo, y las ediciones locales de muchas revistas pornográficas internacionales se publican ampliamente.
La regulación en Austria es ligeramente distinta. Allí, la edad mínima para comprar pornografía suave es 16 años, mientras que para la pornografía hardcore es 18 años. Además, la publicación de material pornográfico que incluya bestialidad es ilegal, y las sanciones por incumplir estas regulaciones pueden incluir multas y penas de prisión.
Y en Francia, la pornografía es legal con restricciones: la pornografía suave está permitida para mayores de 16 años y la hardcore para mayores de 18 años. La pornografía violenta o gráfica se puede exhibir en cines específicos, pero hay un impuesto del 33% en películas X y del 50% en servicios pornográficos en línea. La pornografía infantil es ilegal y se castiga con hasta 5 años de prisión y multas.
El país menos estricto del bloque es Dinamarca, cuyas regulaciones sobre la distribución de pornografía adulta son más suaves que en el resto del bloque. La pornografía adulta es legal y está relativamente menos regulada, aunque ciertos tipos de contenido extremo siguen estando prohibidos. La distribución y venta están permitidas para mayores de 18 años. Al igual que en el resto de la UE, las autoridades realizan inspecciones y monitorean el acceso en línea para prevenir la difusión de contenido ilegal.