Como sociedad nos estamos acostumbrando a ver de manera continuada como desde los medios de comunicación se nos informa de actos relacionados con la violencia de género. Con ello, corremos el riesgo de normalizar estas actitudes y de minimizar la gravedad de estos hechos.
La violencia de género y la violencia vicaria no deben en ningún caso dejarnos indiferentes y tenemos la obligación de plantearnos qué medidas se están llevando a cabo desde el Ministerio de Igualdad y otras administraciones competentes para frenar esta violencia machista.
El 13 de diciembre de 2023 tuvo lugar el VII comité de crisis en el que participaron, junto al Ministerio de Igualdad, representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, la Fiscalía de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, las Unidades de Coordinación contra la violencia sobre la mujer y las Unidades de Violencia sobre la mujer de las comunidades autónomas en las que se habían producido los asesinatos de los últimos meses entre representantes de otras comunidades autónomas.
Recordar que los comités de crisis se convocan cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género y violencia vicaria en un mes y que su objetivo es analizar los casos sucedidos de manera individual para mejorar y reforzar la coordinación entre las diferentes administraciones y ver de qué manera adecuar sus actuaciones para reducir y evitar el número creciente de víctimas de violencia de género.
Los análisis y conclusiones de los muchos participantes que asistieron al VII Comité de crisis, no impidieron que en enero dos mujeres fueran asesinadas, Ana y Fátima; tres en febrero, Rocío, Laila y Cándida; dos en marzo, Gracia y Andrea; cuatro en abril, Thais, Vanesa, Bianca y Rachida; una en mayo, con las iniciales A.B.F; siete en junio, Natia, Florica, Soledad, una mujer italiana de 62 años de nombre no conocido, Laura, Petra G. y Amal; ocho en julio, Rosa María, una mujer de Antequera de la que se desconoce el nombre, Susana, Juliana Denise, Gertruida, Manuela, Sara Abigail y Margarita; cinco en agosto, Mercedes Ríos, Mónica A. Pilar, Mari Àngels y Amparo, y dos en septiembre, Lorena y la mujer que fue atropellada en Vallecas. Todo ello sin olvidar a los diez menores víctimas mortales de violencia vicaria: Xavi, Noa, Elisa, Larisa, Ayax, Yago, María, Hiba, Adam y Norma.
Ante la gravedad de la situación, especialmente de abril y junio, el pasado 2 de julio se convocó el VIII Comité de Crisis y veinte días después, el 24 de julio, tuvo lugar el noveno comité de crisis. Del último comité, ningún miembro dio explicaciones. Sin embargo, del anterior se extrajeron conclusiones contradictorias, ya que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció que existían fallos en el sistema a la hora de proteger a las últimas víctimas pero también argumentó que “el sistema funciona” y que “protege a las mujeres a pesar de que haya casos terribles…”
Para un “sistema que funciona” deberíamos de preguntarnos por qué este mes de julio ha sido el peor tercer julio de la última década, con ocho mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Estos dramáticos datos hicieron que la ministra de Igualdad convocara un nuevo comité de crisis para finales del mes de julio.
En el comité celebrado ayer se analizaron los casos de agosto. Como sociedad deberíamos de debatir sobre la utilidad de estos comités cuando durante el mes de agosto ya se han asesinado a cinco mujeres y a dos en lo que llevamos de septiembre.
No podemos quedarnos solo con la noticia de un nuevo caso de violencia de género, debemos exigir que desde las instituciones y organismos competentes se lleven a cabo medidas efectivas que nos lleven realmente a frenar una situación insostenible y en la que ha quedado demostrado que ni las reuniones, ni los Comités de Crisis, ni las políticas diseñadas son efectivas.
Los avances legales y materiales quedan invisibilizados por el aumento de los casos de violencia de género y violencia vicaria. Denunciar es importante pero no es la solución al problema y más teniendo en cuenta la falta de medios actuales para realizar valoraciones de riesgo y para la protección a las víctimas.