Lo que ha ocurrido esta semana es una fotografía de cómo funciona el sistema judicial con respecto a la mujeres víctimas de violencia de género y sobre todo con los grandes olvidados en estos procesos que son sus hijas e hijos, también reconocidos desde 2015 como víctimas a título propio. A pesar del potente foco mediático, de las campañas de apoyo y llamada a la acción de grupos feministas, Daniel, el hijo de Juana Rivas, estuvo a punto de ser obligado a volver a convivir con su padre, Francisco Arcuri, al que la Fiscalía italiana acusa e investiga por maltratar al pequeño. “Muchas veces pienso que voy a morir. Me pega, me grita y me dice palabrotas“. Esto contaba un niño de diez años que estaba en España y que tiene nacionalidad española. Pedía auxilio y protección. Lo hacía días después de que el Ministerio del Interior catalogase a su madre como víctima de riesgo alto de especial relevancia en el sistema VioGén. Sin embargo, los juzgados se pasaron y siguen pasando el caso como una patata caliente. Se llama violencia institucional, es un tipo de violencia machista que alude a cuando es el propio sistema el que revictimiza, daña a las víctimas y permite que el maltratador siga ejerciendo violencia.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Movilización del movimiento feminista, #DanielSeQueda
El caso de Juana Rivas no es único en España, existe un importante número de madres que han estado atentas a cómo reaccionaban las instituciones y las administraciones porque están viviendo situaciones parecidas a la de Rivas. También es importante el mensaje que se manda a la sociedad y a las propias víctimas, las que han denunciado y las que se lo están pensando. El movimiento feminista entendió la gravedad de la situación, su importancia y desarrolló una potente campaña de movilización, los hashtags #SanchezProtejaADaniel, #DanielConJuana, #DanielSeQueda que destacadas activistas pusieron en marcha hace una semana pedían al Gobierno que se moviese, que actuase, que protegiese a Daniel. La exministra de Igualdad, Irene Montero, se sumó a la iniciativa, pero quien ocupa el Ministerio en la actualidad y de la que depende la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ana Redondo, no se manifestó. Estaba desaparecida.
La justicia y el Gobierno deben cumplir la ley y actuar para proteger a Daniel
Todas las instituciones están obligadas a garantizar los derechos de la infancia y a actuar frente a la violencia machista. Un maltratador nunca es un buen padre#DanielSeQueda #DanielConJuana pic.twitter.com/3iPGFzD076
— Irene Montero (@IreneMontero) January 6, 2025
El Ministerio de Juventud e Infancia presiona
Los tiempos han sido muy importante en esta causa porque el día 8 de enero Daniel tenía la obligación de subirse a una avión y volver con su padre. Ante el incómodo silencio de Igualdad, Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia se convirtió en la defensora del Gobierno ante la violencia institucional. Se interesó por el caso, habló con Daniel, se mostró “preocupada por su seguridad” y aseguró que creía su relato. Lo hizo en redes sociales, pero también hizo valer su Ministerio para presionar a la Fiscalía Provincial de Granada y conseguir que pidiese al juzgado de guardia que escuchase a Daniel. “Es importante que todos los poderes públicos apoyen y hagan efectivo el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados, tal como prescriben la Ley de Protección del Menor y la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)”, escribió en la red social X.
He escuchado a Daniel, hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador.
Yo le creo. https://t.co/Q60NODLsqj
— Sira Rego 🔻 (@sirarego) January 7, 2025
Es posible que sin la intervención de Rego y la insistencia a la Fiscalía de que nuestro ordenamiento jurídico obligaba sobre el papel a escuchar a Daniel, el pequeño estuviese ahora en peligro con su padre. El pasado martes fue un día muy intenso y con un nivel de tensión alto. Los trabajos fuera de foco del Ministerio de Infancia consiguieron que, ya de noche, apenas unas horas antes de que el hijo de Juana tuviese que subirse a un avión, una jueza escuchase a ese niño de diez años.
Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Mientras Rego presionaba y hablaba con el pequeño, el Ministerio de Igualdad al ser preguntado por su papel y acciones en este caso respondía que “estaban preocupadas“: “Desde el Ministerio de Igualdad estamos muy preocupadas por la situación del hijo menor de Juana Rivas, pues el Juzgado de Cagliari ha ordenado que vuelva con su padre a pesar de que está siendo investigado por maltratar a dicho menor, así como al otro hijo que tiene en común con Juana y que se encuentra con su madre. En España, en este momento, el procedimiento penal está archivado y el asunto está pendiente de resolver una solicitud de medida cautelar en virtud del art. 158 del Código Civil. Nos preocupa que en unos días el asunto ya haya pasado por tres juzgados distintos y ninguno de ellos haya escuchado a Daniel respecto a los supuestos malos tratos que según él sufre a manos de su padre, con quien tendría que volver mañana día 8 si nada lo remedia”, explicaban fuentes de Igualdad a los medios. En ese momento, nadie había escuchado al niño y se adivinaba un final complicado, no había tiempo.
Al día siguiente, por fin, cuando ya un juzgado había escuchado el testimonio de Daniel y se había suspendido la obligación de regresar con su padre, Redondo se manifestó en X “El interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador. Un maltratador nunca es un buen padre”.
El interés superior del menor consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador. Un maltratador nunca es un buen padre.
— Ana Redondo (@_anaredondo_) January 8, 2025
Rego quiere dejar sin resquicios al SAP
Rego también le ha llevado la delantera a Redondo en otro tema que le atañe. El falso síndrome de alienación parental (SAP) y su prohibición en la LOPIVI, una iniciativa que nació de la mano de la exministra Ione Belarra y que el el Ministerio de Juventud e Infancia pretende prohibir en su totalidad. En la actualidad la ley en su artículo 11.3 señala que: “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”. Rego pretende ir más allá y desterrar su uso de forma fulminante.