El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un concepto que ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y psicológico. Particularmente, en casos de disputas de custodia tras divorcios contenciosos. Algunos ejemplos recientes señalan a pedófilos que se inventaron esta presunta enfermedad para hacer de las suyas.
A grandes rasgos, el Síndrome de Alienación Parental se refiere a una situación en la que un progenitor manipula psicológicamente a su hijo para que rechace o desarrolle sentimientos negativos hacia el otro progenitor. Aunque no está oficialmente reconocido por las principales clasificaciones de enfermedades mentales, como el DSM-5 o la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), su uso y mención en casos legales es recurrente. De hecho, el uso falso de este síndrome ha propiciado una demanda colectiva contra el Estado.
¿Qué es el Síndrome de Alienación Parental?
El término Síndrome de Alienación Parental fue propuesto por primera vez en la década de 1980 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, quien lo definió como un conjunto de síntomas que aparece en niños manipulados para rechazar a uno de sus progenitores sin justificación razonable. El progenitor alienador, a menudo durante un proceso de separación o divorcio, busca generar en el menor un rechazo progresivo hacia el otro progenitor mediante la distorsión de la realidad y la siembra de ideas negativas, a menudo irreales o exageradas.
Las manifestaciones de este síndrome pueden variar. Sin embargo, suelen incluir las siguientes:
- El rechazo extremo hacia el progenitor alienado
- La falta de remordimiento por ese rechazo
- Una polarización absoluta de afectos
Sucede entonces que el niño idealiza al progenitor alienador, pero a costa de demonizar al otro.
Un concepto muy polémico en España
El Síndrome de Alienación Parental ha sido objeto de controversia debido a su falta de reconocimiento oficial en la psicología clínica y en la psiquiatría. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) no lo incluye en su lista de enfermedades o trastornos reconocidos. Tampoco aparece en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Eso ha llevado a algunos profesionales de la salud mental a cuestionar su validez científica.
Los profesionales utilizan eufemismos del falso síndrome de alienación parental en sus informes a pesar de su prohibición | Kilo y Cuarto
Uno de los puntos más criticados es que el Síndrome de Alienación Parental no cuenta con una base empírica sólida que lo respalde como diagnóstico independiente. Muchos expertos señalan que los síntomas que se atribuyen a este síndrome pueden explicarse a menudo como parte de dinámicas familiares más amplias en situaciones de divorcio conflictivo.
Además, algunos críticos advierten que su uso en el ámbito judicial puede ser peligroso. A fin de cuentas, podría minimizar o desestimar denuncias de abuso real por parte del progenitor que es señalado como alienado. Pese a ello, el concepto sigue teniendo cierta presencia en los tribunales, donde se utiliza en casos en los que se argumenta que un progenitor está manipulando al menor para interferir en su relación con el otro.
¿Cómo se reconoce el SAP en el ámbito legal?
En España, el Síndrome de Alienación Parental no está reconocido como delito ni forma parte de la legislación vigente. Sin embargo, algunos tribunales han considerado este concepto en la toma de decisiones relacionadas con la custodia de los hijos. El Tribunal Supremo, por ejemplo, en su sentencia 519/2017, reconoció que la manipulación psicológica ejercida por la madre en un caso particular fue determinante para otorgar la custodia compartida al padre, debido a la relación deteriorada entre el progenitor y el menor.
Fachada del Tribunal Supremo | Shutterstock
En este tipo de casos, la decisión judicial se basa en informes periciales psicológicos. En ellos, un psicólogo forense evalúa las interacciones familiares y el comportamiento del niño. Aunque el SAP no está tipificado como una infracción legal, los jueces pueden tomarlo en cuenta como un factor a la hora de decidir sobre la custodia o el régimen de visitas. Al menos, si existen pruebas convincentes de que uno de los progenitores está perjudicando la relación del menor con el otro.