La madrugada del 28 de noviembre de 2017, Melani Ibarra, de 25 años, y su esposo José Luis Martínez empezaron a discutir en la recámara principal. Los dimes y diretes subieron de tono, él la cogió del pelo, la azotó contra la puerta y la tiró al suelo ahorcándola con las manos hasta que le rompió el hueso hioide.
Murió de asfixia mientras su bebé yacía en la cuna, de acuerdo con la versión de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quienes acusan al sistema de justicia de revictimizar a la mujer y ponerse de lado del presunto feminicida y ex piloto aviador de la Fuerza Aérea.
Las pruebas que dejan en evidencia a la justicia de México
Hoy, casi siete años después de tal suceso, no se ha concluido el juicio que comenzó el 12 de abril de este año. Pero la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en detener al agresor y en celebrar el juicio?
“La actuación de la jueza ha sido sumamente parcial”, advirtió Aaron Díaz, abogado del centro Tlachinollan en el estado de Guerrero, donde murió Melani: el marido la había llevado a vivir a Acapulco por razones laborales desde Hermosillo, al norte del país.
“Es público que la jueza pertenece al círculo de amistad del abogado del imputado en la ciudad y puerto de Acapulco. Este tiene una escuela de litigantes a la que a menudo la Jueza acude a impartir cursos a los letrados”.
Esas relaciones de amistad, agregó, explicarían la parcialidad en un caso sumamente delicado donde se requiere empatía y perspectiva de género con la situación de violencia que vive la mujer.
El castigo al feminicidio en México es un asunto polémico. Por un lado, las autoridades afirman que es uno de los crímenes más castigados porque el 46% de los acusados recientemente fue llevado a los tribunales mientras que solo el 11% del resto de los delitos llega a juicios; sin embargo, organizaciones civiles ven manipulación en la estadística.
Con base en los registros de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, se sabe que los ministerios públicos no clasifican las muerte como feminicidios, sino en otras categorías: homicidios o muertes accidentales, por ejemplo.
Esto podría explicar por qué durante el primer trimestre del 2024, oficialmente se reconocieron 184 presuntos feminicidios, esto es, alrededor de dos muertes al día, una cifra que contradice a las 10 muertes por razones de género reconocidas por la ONU apenas en noviembre pasado.
Además, los pocos sentenciados por feminicidio en México evitan fácilmente la cárcel por las deficiencias y la discrecionalidad de los jueces.
“El caso de Melani es un caso modelo de esa mala práctica”, dijo el abogado Díaz. “Esperamos que den audiencia a los testigos que faltan y que son clave para entender la violencia”.
El juicio
En enero del año 2023 el esposo de Melani fue detenido y procesado, pero no fue hasta el 12 de abril de este año que dio inicio el juicio oral en el Juzgado de Enjuiciamiento Penal de Acapulco a cargo de Evelina Ramírez.
Ya se han desahogado la mayoría de las pruebas hasta la fecha pero sigue la inconformidad de la familia de la víctima apoyada por Tlachinollan.
El padre de Menali se queja de que la jueza lo maltrató en la audiencia cuando rindió declaración como testigo y de que una perita que documentó los ciclos de violencia fue acusada de feminista para desacreditar su declaración.
El Centro Tlachinollan detalló en un comunicado de prensa que, cuando el Ministerio Público y la asesoría jurídica de la familia llegan tarde se les llama la atención pese a ser una causa justificada, mientras a la defensa se le tolera su impuntualidad recurrente.
Además sostuvo que varios testigos han sido declarados “desiertos” de manera categórica sin dar oportunidad al ministerio público de localizarlos y presentarlos a la audiencia y a menudo viola el principio de contradicción dado que no le da intervención a la asesoría jurídica en el debate. La jueza no ha respondido a estas acusaciones.
Lección de violencia
Las investigaciones que han realizado los abogados de Melani dan cuenta de que el esposo trató de borrar toda evidencia que lo incriminó: primero la arrastró por las escaleras y dejó el cuerpo en los escalones pra simular una caída.
Horas después, pidió ayuda de médicos particulares para que estos dijeran que había muerto por accidente y no permitió que las autoridades ingresaran a la escena del crimen para realizar las investigaciones sino que llevó el cuerpo a una funeraria para que fuera incinerado.
“Luego dijo a los papás de la víctima que esa había sido su última voluntad, pero ellos se negaron y pidieron a las autoridades que investigaran. Entonces les amenazó con volver a ver a su nieto a cambio de quitar las denuncias”, destacó el abogado Díaz.
“Es el machismo arraigado y un sistema patriarcal que prevalece en nuestro país hace que conductas feminicidas como las de José Luis Martínez queden en la impunidad, dando un mensaje de permisividad a los perpetradores, aumentando la violencia contra la mujer y no lo vamos a permitir”, advirtió.
Según el informe de la ONU sobre el tema publicado a finales de 2023, el 70% de los feminicidios son realizados por la pareja o expareja íntima. Solo en el último mes, las fiscalías de diversos estados han dado cuenta de la detención de esposos como presuntos asesinos de sus mujeres.
En Durango, Ixchel Leyva desapareció durante 10 días hasta que el cuerpo se localizó en un entierro clandestino; en Tasquillo Cindy murió debido a los golpes frente a su hija; en Puebla, la pareja de una mujer de 50 la bajó del coche a empujones y la metió a su casa, donde hallaron poco después el cadáver; en Torreón, una joven de 19 años murió quemada por el novio que se puso celoso por la ropa que llevaba. Todos estos casos proporcionan una pequeña imagen de lo que son los feminicidios en México. Un problema de todos que no siempre cuenta con el apoyo de las autoridades y la justicia.