Nació en la cabeza de un pedófilo. Richard Gardner, un psiquiatra estadounidense se inventa el síndrome de alienación parental (SAP) en 1985 para justificar y tapar los abusos sexuales a niños y niñas. Teorizaba que las madres separadas manipulaban a sus hijos en contra de sus padres. No existe base científica alguna, pero aún así, Gardner intentó sin éxito introducirlo en el DSM-IV, el manual diagnóstico de trastorno mentales estadounidense. Llega a España a finales de los años 90, de la mano de la Fundación Filia y desde entonces campa a sus anchas en nuestro país. A día de hoy se sigue utilizando en los juzgados a pesar de que de dicho instrumento está prohibido por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). No solo no se puede alegar si no que la Lopivi advierte en su artículo 11.3 que: “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”.
“Manipulación”, “interferencias” o “influencia materna”
A pesar de la legislación, a diario se sigue utilizando este falso síndrome en informes oficiales realizados por técnicos especialistas. No siempre utilizan la denominación SAP, pero sí eufemismos como “manipulación”, “interferencias”, “conflicto de lealtades” o “influencia materna”, por ejemplo. La idea es la misma: los niños mienten porque son las madres quienes mueven los hilos y les manipulan. Esos informes los realizan equipos psicosociales, forman parte de las causas y los jueces tienen que tomar decisiones basadas en ellos. Se trata de un ejemplo más de la violencia institucional que sufren miles de mujeres cuando se separan haya habido o no antecedentes de violencia.
Ahora, una investigadora quiere que el Estado se responsabilice por estos informes y ha recabado, de momento, más de una treintena de casos reales donde se alega el falso SAP. Su intención es presentar una demanda colectiva contra el Gobierno por permitir su utilización en informes oficiales. Ha analizado, de momento más de treinta casos y cada vez más mujeres quieren formar parte de la demanda.
Lo cierto es que existe unanimidad con respecto a este tema también en la esfera internacional. La ONU llamó la atención a España por la utilización de este falso síndrome, el 9 de diciembre de 2021, alertó sobre la aplicación que por parte de la Justicia española se hace del SAP. También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado su existencia y ha instado a los jueces a que no lo aleguen para privar a las madres de las custodias de sus hijos e hijas. En diferentes guías el CGPJ advierte de que “no puede fundamentarse un cambio en el régimen de custodia en el mal denominado SAP”. Idéntica conclusión a la que llegó la Fiscalía y el Grevio (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica) del Consejo de Europa que también se mostró especialmente preocupado porque la noción de alienación parental, deje sin abordar tanto la violencia ejercida por parte de la pareja o expareja como los riesgos de seguridad que esta conlleva para las mujeres y los niños, con las graves consecuencias que trae aparejada, incluida la muerte. De hecho este año, han sido diez los menores asesinados por violencia vicaria, una cifra récord desde que hay registros.
“Una continuación del poder y control de los maltratadores”
Además, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se acordó específicamente “realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar que el denominado síndrome de alienación parental pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales fomentando el conocimiento entre los operadores jurídicos del significado de dicha expresión. El SAP carece de base científica y está excluido del catálogo de enfermedades científicamente reconocidas por lo que será inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procedimientos de violencia de género separación divorcio o atribución de custodia a menores”. El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de octubre de 2021, trajo a consideración la recomendación de la Plataforma EDVA de que “los organismos estatales y otros agentes, incluidos los que deciden sobre la custodia de los hijos, deben considerar las acusaciones de alienación parental contra la madre efectuadas por un padre maltratador como una continuación de su poder y control”. ¿Cómo es posible entonces que se siga utilizando todos los días en los juzgados?
Pidieron una investigación al Congreso y al Senado
La Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de Violencia de Género con el respaldo de Alanna, la Asociación Mujeres Juristas Themis y Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) pidieron en el 2022 al Congreso de los Diputados y en enero de 2023 al Senado que abriesen sendas investigaciones sobre el uso del SAP. Propusieron además, un equipo de soporte compuesto por una médica, dos letradas y dos psicoterapeutas. El Congreso les comunicó que la petición pasaba del Ministerio de Igualdad al de Infancia y la Cámara Alta no lo puso en marcha alegando que se acercaban las elecciones. Sigue sin organizarse a pesar de que estas organizaciones de mujeres recogieron, a través de una plataforma, miles de firmas para apoyar la investigación.
Chelo Álvarez, psicóloga y presidenta de Alanna, considera que el uso del SAP es “una crueldad anti derechos humanos” y señala que a raíz de la aprobación de la Lopivi “lo que estamos viendo en los juzgados de Familia es que se sigue utilizando la idea de madre alienadora y el concepto SAP y en otros casos comienzan a alegar nuevas denominaciones como el gatekeeping y demás burradas como el síndrome de Munchausen” por poderes (una enfermedad mental y de maltrato infantil en la que la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales).