Ha costado, pero la subcomisión ha finalizado los trabajos para renovar el Pacto de Estado. Más de 400 medidas entran ahora en una nueva fase. Analizamos junto a dos expertos si el acuerdo es útil para luchar contra la violencia o si, simplemente, es una acción más simbólica que práctica.
María Naredo, jurista, investigadora y exasesora del Ministerio de Igualdad
¿Qué opina del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Es un poco como un déjà vu del anterior dictamen. No hablo del documento en sí, sino del marco. El Pacto de Estado, tal y como está diseñado, tenía sentido en 2017, pero no se puede plantear el mismo tipo de dictamen en 2025. En primer lugar, porque ya no solo existe la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sino que tenemos un marco normativo mucho más amplio. Siempre digo que hay un trío de leyes fundamentales: la de violencia de género, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Estas tres leyes generan toda una serie de responsabilidades y obligaciones. Sin embargo, si lees el dictamen, se limita a decir que “se cumpla tal, se cumpla cual”, cuando ya existe un marco normativo con leyes vigentes que establecen esas obligaciones.
A mi juicio, es una patada hacia adelante, porque si lees las medidas de educación, de medios de comunicación y demás, da la sensación de que nada hubiera sucedido en estos años, como si no se hubieran aprobado leyes orgánicas. Y debemos recordar la importancia que tiene una Ley Orgánica en un país.
¿Cuál sería la fórmula ideal, entonces?
Cuando terminaba la legislatura pasada y vencía el anterior dictamen del Pacto de Estado, en 2022, se alcanzó un acuerdo en la Conferencia Sectorial que dio lugar al llamado Plan conjunto plurianual 2023-2027. Era una especie de marco de financiación y de compromiso de estabilidad de las políticas frente a la violencia machista. Recogía los estándares mínimos que todas las comunidades debían cumplir para ajustarse a la ley y, además, tenía un carácter plurianual, en línea con lo que sucede con los servicios sociales, que no se renuevan cada año, sino que gozan de estabilidad.
Dedicamos mucho tiempo a trabajar con las comunidades autónomas para elaborar un catálogo de servicios, un sistema de evaluación y seguimiento, que se publicó en una resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad. Ahora, sin embargo, parece como si no existiera, ni siquiera se menciona.
La idea era que luego se coordinara con el Ministerio de Hacienda para que, a partir de los próximos Presupuestos Generales del Estado, los recursos contra la violencia de género tuviesen la condición de plurianuales. Se planteaba que las comunidades autónomas, aunque recibieran los fondos año a año, pudieran elaborar proyectos con mayor estabilidad. Además, se garantizaba que el 40 % de esos fondos pudiera destinarse a personal, evitando la precarización de los equipos profesionales y su dependencia de subvenciones anuales que, de repente, pueden desaparecer. A esto lo llamamos la “institucionalización del Pacto de Estado”, en la misma línea en que se entienden otros sistemas públicos.
Miguel Lorente, médico forense, profesor universitario y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género
¿Qué le parece el renovado Pacto de Estado?
Me genera la misma sensación que el primero. Es decir, todas las medidas son necesarias e importantes, cada una aporta algo a los distintos ámbitos desde los que se aborda la violencia de género, pero me produce cierta desorientación en cuanto al significado de este tipo de propuestas. Al final, es una especie de catálogo de medidas a desarrollar, pero da la sensación de que falta una articulación real de todas las respuestas contra la violencia de género. Son cuestiones que, muchas veces, se solapan o se duplican. La política no debe limitarse a sumar medidas aisladas, sino a establecer un marco de referencia desde el cual actuar sobre cada uno de los espacios específicos.
Necesitamos analizar la situación actual, que es diferente a la de 2015, y evaluar el impacto de lo que hemos hecho con el Pacto de Estado anterior. No se trata solo de contar cuántas medidas se han implementado, porque el objetivo no es que las administraciones cumplan con una lista, sino que sean eficaces. Si aplicamos muchas medidas pero no generan impacto, podemos decir que hemos hecho mucho como institución, pero, en realidad, lo hemos hecho mal.
¿Cómo medimos el impacto?
Por ejemplo, el aumento de denuncias es un indicador positivo, porque significa que hay mayor concienciación y sensibilización. La reducción de homicidios también es buena señal, ya que indica que la concienciación se traduce en acciones y respuestas que evitan que la violencia escale hasta el asesinato. Sin embargo, el porcentaje de homicidios con denuncia previa se mantiene estable. Esto sugiere que los cambios sociales han sido más determinantes que la respuesta institucional. Aunque ambos factores están interconectados—los cambios sociales influyen en los cambios institucionales y viceversa—parece que lo social está tomando un papel más activo y crítico, mientras que la respuesta institucional sigue, entre comillas, fallando en la prevención y en la valoración del riesgo, como ocurrió recientemente en Benalmádena.
Esa falta de respuesta institucional se refleja, por ejemplo, en los partes de lesiones emitidos desde el ámbito sanitario. No solo no han aumentado, sino que incluso han disminuido en proporción a las denuncias. Esto nos indica que hay cuestiones que debemos revisar y trabajar.
¿Qué se podría hacer para mejorar la respuesta a la violencia machista?
Es fundamental desarrollar las políticas con toda su estructura y mecanismos de aplicación. No basta con elaborar una lista de medidas que pueden llevarse a cabo; lo importante es cómo se implementan.
Si en 2004 hubiéramos elaborado un listado de posibles medidas a aplicar en los juzgados de instrucción ante casos de violencia, el resultado habría sido un conjunto de buenas intenciones. Pero, ¿habría tenido el mismo impacto que una Ley Integral que creó juzgados especializados en violencia sobre la mujer? Evidentemente, no.
Es crucial crear estructuras que no dependan solo de protocolos. Un ejemplo clave es el ámbito sanitario, donde acuden el 100 % de las mujeres. Si visitas un hospital o un centro de salud y observas los recursos con los que cuentan, te das cuenta de que no puedes pedirles que hagan mucho más de lo que ya hacen, simplemente porque no disponen de los medios necesarios. Es como si, en mis clases, además del contenido de la materia, tuviera que hacer una reflexión sobre la trayectoria histórica y el impacto futuro en los próximos diez años. Si me dan tres horas de clase, lo hago. Pero si solo tengo una, es imposible.
Podemos poner en marcha muchas iniciativas, pero si no contamos con las condiciones, la estructura, ni los mecanismos adecuados, estas no se implementarán de manera efectiva o se desarrollarán de forma fragmentada, lo que las hará ineficaces.
Creo que tenemos un buen diagnóstico. Si somos capaces de trasladarlo a iniciativas políticas que permitan su aplicación práctica, será un gran avance. Si no, dentro de cinco años volveremos a evaluar el cumplimiento de medidas, pero no su impacto real.