Por qué el juzgado en el que denuncie condicionará la obtención de una orden de protección

El juzgado nº4 de Madrid solo aceptó, entre 2005 y 2022, el 35% de los casos. Sin embargo, el de Primera Instancia e Instrucción de Motril (Granada) concede el 98%

Las expertas comprenden a las víctimas, pero insisten en la importancia de denunciar KiloyCuarto

En función del lugar en el que la víctima de violencia de género presente la denuncia esta será atendida o rechazada. Esto se debe a que todos los juzgados no poseen el mismo número de medios. En ocasiones también sucede por un posicionamiento ideológico que influye en la importancia que se le da a la demanda.

Otro aspecto a tener en cuenta es el número de juzgados con el que cuenta una provincia y a sobrecarga de trabajo a la que tienen que hacer frente. Es decir, no va a ser lo mismo el caso de una víctima que recaiga en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Granada que en el único que existe en Badalona. El primero suele aceptar el 97% de las órdenes de protección que solicitan las mujeres, el segundo sin embargo solo concede el 32%, es decir, rechaza casi el 70%. Por tanto, hay jueces que aceptan la mayoría de solicitudes y hay otros que hacen lo propio solo con unas pocas.

En número de denuncias que se aceptan según el juzgado

Existe una gran diversidad entre los 528 juzgados  repartidos en 431 partidos judiciales. Algunos órganos judiciales aceptan menos de la mitad: en 17 las órdenes concedidas no llegan al 40%. Algunos ejemplos que destacan son los de Barcelona o Sevilla, que no llegan a aceptar ni tres de cada diez, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Destaca también el juzgado nº4 de Madrid, el cual levantó en en 2020 la protección dada solo un mes y medio antes por otro juez a la mujer asesinada junto a su hija en Carabanchel. Del total de órdenes pedidas a este juzgado entre 2005 y 2022, solo el 35% fueron otorgadas.

En el lado opuesto, existen juzgados que sí que dan mucha importancia a este tipo de denuncias. De hecho, conceden hasta el 90% de las medidas. Algunos ejemplos son el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Gandía, que ha otorgado todas las órdenes, o el de Primera Instancia e Instrucción de Motril (Granada), que concede el 98%.

Madrid y Cataluña son los que están a la cabeza

Ciertamente, por norma general, los juzgados especializados rechazan, de media, más órdenes de protección que los de instrucción. Sin embargo, esto presenta matices en función del territorio.

De tal modo, los juzgados de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o La Rioja sí conceden más órdenes que el resto, mientras que en Andalucía, Madrid o Cataluña sucede al revés. Es en Madrid y en Cataluña donde más órdenes de protección se rechazan.

En 2022, fueron denegadas en Cataluña el 53,2% de las denuncias. En Madrid sucedió lo mismo con el 53,5% de las peticiones.En cuanto a provincias, Barcelona es en la que más rechazos se producen. Le sigue Valladolid, Sevilla, Girona, Bizkaia, Madrid, Álava y Santa Cruz de Tenerife.

Los tres motivos por los que un juzgado puede rechazar la petición

Son tres los motivos principales por los que, según el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, un juzgado puede rechazar una petición de protección.

En primer lugar se puede deber a una sobrecarga de casos. Existen ciudades que cuentan con un único juzgado, por lo que todas las denuncias van a parar al mismo. Si existe una sobrecarga de trabajo, no pueden ser atendidas todas.

Por otro lado, el posicionamiento ideológico juega un papel clave. Según la importancia que el juez considere que tiene la petición, se aceptará o rechazará. De tal modo, no todas las demandas serán atendidas de la misma manera porque dependerán del juez y el juzgado sobre el que estas recaigan. 

Por último, cabe destacar como tercer motivo la falta de medios. Si un juzgado no cuenta con lo mínimo necesario para hacer frente a ciertas demandas, no podrá aceptarlas por mucho que quiera. De este modo, contar con medios necesarios y mínimos se convierte en un factor determinante a la hora de aceptar o negar poner protección a una víctima de violencia de género.