Lola (nombre ficticio) aguantó muchas cosas durante su matrimonio. Una vez, llegó a irse de casa, pero él la convenció de que todo cambiaría, ella “cayó rendida a sus pies” y le dio una nueva oportunidad. Todo empeoró cuando se quedó embarazada y dio a luz. Cuenta que se ocupó de la crianza de su hija casi en solitario porque su marido no mostró mucho interés. Cuando le denunció por violencia de género, años después, él respondió con otra por violencia doméstica (algo cada vez más habitual). El caso se archivó por falta de pruebas y comenzó entonces una batalla legal por la custodia y visitas de la hija que tenían en común.
Lola tenía la custodia y el padre visitas. Según cuenta, cada vez que la menor de seis años volvía de esos encuentros lo hacía nerviosa y con unos miedo extraños. La madre mantiene que la niña le confesó que tanto su padre como sus abuelos paternos le decían que ella la iba a matar y que antes de que Lola lo hiciese, ella debía defenderse y atacar. De hecho, tuvo que llevar a la pequeña a urgencias por el estado de ansiedad que tenía y su actitud con ella. En otra ocasión, la niña le confesó que sufrió presiones para no decir que se quería cambiar de colegio en un encuentro con expertas. “No me regañes, mamá, pero me dijeron que lo tenía que decir”, le explicó. Lola percibía el daño que le estaban ocasionando y pidió enseguida atención psicológica para la niña por lo que consideraba maltrato psicológico hacia la pequeña a lo que el padre se negó tal y como consta en un documento oficial.
“Cierta instrumentalización”
Ante esta situación, entra en escena el equipo psicosocial del juzgado. Estamos en noviembre de 2022. Una psicóloga forense realiza un informe en el que asegura que “se observa actitud cohibida y discurso condicionado a la madre. Ambos progenitores presentan capacidad para ejercer una parentalidad adecuada para con la menor. Sin embargo, se aprecia en la madre cierta instrumentalización, lo cual podría interferir en la relación filioparental, así como estar provocando malestar emocional en la misma“.
Esa instrumentalización es un eufemismo del conocido como falso SAP, prohibido en la legislación española. Así lo establece la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). No solo no se puede alegar si no que la Lopivi advierte en su artículo 11.3 que: “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”.
Casi un año después, el equipo psicosocial realiza un nuevo informe. Esta vez van más allá y recomiendan la custodia paterna. “En este sentido, se observa una mayor capacidad por parte de la figura paterna para preservar a la menor de la conflictividad conyugal. Dado que esta actualización del informe no solo amplia información, sino que obtiene que los problemas iniciales detectados se han visto aumentados, se propone valoración del grado de desprotección de la menor. Y, mientras se resuelve, se recomienda la guarda y custodia paterna”.
El padre y la abuela paterna sonríen cuando la niña dice que no quiere ver a la madre, según el informe
Lola pierde la custodia de su hija y se establecen visitas en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). Apenas la ha visto, porque se han suspendido 70 de estos encuentros sin consecuencias para su expareja por no facilitarlos. De hecho, un año después y tras el arrancamiento, la actitud de la menor ha cambiado totalmente. Ya no quiere ver a su madre: “No quiero estar aquí, no quiero ver a mi madre y no quiero hablar con vosotras”, llega a decir a las educadoras. Los informes realizados en el PEF no coinciden con los psicosociales. Es más, en los informes del punto de encuentro señalan que “se ha observado que ni el padre ni la abuela paterna animan activamente a la niña a participar en las visitas o a dialogar con las educadoras. El padre continúa afirmando que anima a la menor fuera del centro, pero esto no se ha evidenciado durante las intervenciones. En algunas ocasiones se ha observado que tanto el padre como la abuela sonríen cuando la menor expresa su negativa de una manera mecánica”.
Además, señalan en sus informes mensuales que “es preocupante que la menor ha manifestado en varias ocasiones que su madre le pegaba y gritaba. Sin embargo, se ha observado que la actitud de la niña al expresar estas acusaciones no siempre coincide con la gravedad de lo declarado, mostrando en ocasiones una disposición tranquila o incluso sonriente“.
El cambio de actitud de la menor en apenas un año llama la atención, es el tiempo en que su padre ha tenido la custodia. El caso sigue judicializado y Lola lucha en los tribunales por recuperar a su hija. Una relación que se cortó por una ilegalidad y que no tuvo en cuenta la denuncia por violencia de género archivada por falta de pruebas. No es fácil demostrar en un juzgado un delito cometido en la intimidad. Hay que tener en cuenta que la ley también prohíbe la custodia para investigados y condenados por malos tratos. Lola no pudo demostrarlos a ojos de la justicia, pero su hija la más vulnerable de esta historia, lleva un año sin apenas verla y cada día muestra un mayor rechazo hacia ella. Todo porque una psicóloga utilizó en un informe un eufemismo del prohibido SAP, esa “cierta instrumentalización”. Lola confía en que el tiempo y los juzgados le devuelvan lo que le han quitado y no va a parar hasta conseguirlo.