TRIBUNA

Ningún maltratador puede ser buen padre

Lidia Guinart Moreno, diputada y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género

El alcalde de Vita cantó, en referencia a una niña: "Le subí la faldita y le bajé la braguita"

La psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro definió y nombró hace años una de las formas más repugnantes y crueles de violencia contra las mujeres, la violencia vicaria. La definió como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. La incluimos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, ya en 2017, los partidos firmantes. Porque la violencia vicaria es, ante todo, violencia de género.

En lo que va de año, se han sucedido varios asesinatos de niños y niñas a manos de sus padres. Esta cuestión, marcada como prioridad en la agenda política, ha ocasionado una reacción decidida en el Gobierno. Pedro Sánchez ha presidido este martes el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, un órgano interministerial del que participan también otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la lucha contra la violencia machista. Una reunión en la que se adoptaron varios compromisos en la línea de mejorar la protección de las mujeres amenazadas por la violencia de género y sus hijas e hijos. A su vez, el Consejo de Ministros acordaba la distribución de 160 millones de euros a las CCAA destinados a la lucha contra la violencia de género, un 40% más de recursos en el marco del Pacto.

En el Congreso de los Diputados estamos retomando los trabajos de actualización del Pacto de Estado de 2017. Qué duda cabe que los retos para su puesta a punto pasan por incorporar nuevas formas de violencia, como la ciberviolencia de género, cada vez más utilizada por los maltratadores como medio de amenaza y control de sus parejas y exparejas. Y qué duda cabe que la mejor protección de todas las víctimas es uno de los objetivos.

Analizar qué es lo que ocasiona los repuntes de asesinatos es tan necesario como complejo. Tras el incremento de casos mortales, los más evidentes, hay todo un mundo de violencia soterrada, demasiadas veces no denunciada, probablemente no del todo identificada como tal, ni por las víctimas ni por su entorno, casos que pasan por la violencia psicológica, la económica y, por descontado, la física. Casos que, cuando salen a la luz en forma de denuncia o de demanda de auxilio, no reciben siempre la respuesta social e institucional más adecuada. Y, desde luego, en nada ayudan las proclamas negacionistas de la ultraderecha que gobierna junto al PP en comunidades autónomas en las que se recortan recursos y servicios destinados a la protección y atención a las víctimas.

Las leyes cambian, pero la sociedad en su conjunto, y con ella instituciones como el Poder Judicial, deben hacerlo también. El falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) está legalmente proscrito, pero sigue habiendo sentencias que lo avalan, que revictimizan a las mujeres que denuncian violencia machista y a veces incluso abusos sexuales contra sus vástagos. Demasiadas veces no se les da crédito, se pone en duda su testimonio, el de sus hijas e hijos y se las acusa de querer perjudicar al padre. Se dan los llamados “arrancamientos” de menores cuando las madres denuncian estas conductas o se imponen custodias compartidas aún no habiendo acuerdo entre las partes y con indicios de malos tratos. No hay más que escuchar a asociaciones de madres protectoras. No son situaciones generalizadas pero ocurren, se dan a pesar de las reformas legales que procuran la protección de los hijos e hijas, como la que impulsó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La máxima de que “ningún maltratador puede ser un buen padre” no va contra los hombres en general, sino solo contra los que, aunque sea indiciariamente, son maltratadores o abusadores. La integridad física y psicológica de los y las menores debe estar por delante. No se puede explicar de ninguna manera que, en el caso ocurrido recientemente en Almería, un hombre matara a sus hijas porque alguien pensó que era lógico que pudiera visitarlas, además sin supervisión, a pesar de que se había decretado una orden de alejamiento con respecto a su expareja. Si el pretexto es que la madre había autorizado que el padre viera a sus hijas fuera del Punto de Encuentro Familiar es que no entendemos nada del funcionamiento de la violencia de género y de la vulnerabilidad psicológica y afectiva de las mujeres cuando la están sufriendo.

En manos de todos y todas está erradicar esta vergüenza social que es la violencia machista. Y nadie que se llame demócrata puede ni debe mirar hacia otro lado.