La Guardia Civil detuvo hace dos días a una mujer, Nerea, que presuntamente había matado a su pareja de 42 años, Iván Melo, en Zafra, Badajoz. El hombre contaba con una orden de alejamiento en vigor desde febrero, aunque según fuentes cercanas se conocía que se había saltado varias veces esta medida. Sobre él constaba una denuncia por violencia de género, motivo por el que no se podía acercar a ella.
Sin embargo, tras una discusión en el domicilio, la mujer alegó que él le había vuelto a levantar la mano para pegarla. Motivo por el que, según sus palabras, actuó en defensa propia ocasionándole presuntamente la muerte a su agresor con un arma blanca. El cuerpo se encontró en torno a las 6:00 de la mañana del martes en los exteriores de la casa de la mujer.
Los agentes detuvieron a la mujer a primera hora de la tarde de ese mismo día. Ahora se espera que pase a disposición judicial aunque la investigación permanece abierta. La mujer también alegó a las autoridades que estaba “obligada y amenazada” por su maltratador, motivo por el que se seguían viendo. Aunque según han explicado los vecinos, en la actualidad, ellos vivían juntos pese a la orden que constaba sobre él.
La investigación determinará si actuó en legítima defensa
Hace dos días que se produjo el asesinato. Pero aun quedan muchas incógnitas en el aire. Rosa Gil López, presidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, opina que Nerea no irá a la cárcel “si se lleva bien la defensa y si consiguen demostrar que ha sido en legítima defensa”. Sin embargo, aunque su pareja contaba con una orden de alejamiento y una denuncia por violencia de género, este crimen se juzgará igual que cualquier otro: “La decisión será de la audiencia y del jurado aunque supongo que al final acabará bien. Todo depende de la defensa de su abogado“.
No obstante, la abogada si reconoce que esto es, una vez más, “un fallo en el sistema” ante la desprotección de la víctima que contaba con una orden de alejamiento de su agresor. “Bien porque a la víctima no se le expliquen las consecuencias o bien porque no tuviera la protección necesaria para evitar que él accediera a ese domicilio”, explica la letrada.
Probar una legítima defensa en un juicio tampoco es sencillo. Según Gil, la mujer tendrá que “relatar cómo ha sido, cómo él ha accedido a su domicilio y si lo hizo con la intención de agredirla a ella. Analizarán su actitud y hasta que no logren un relato coherente de los hechos no podrán decidir nada”. La abogada también insiste en que, por el momento, todo son “hipótesis”.
Si logran probarlo en el juicio, la presidenta de Themis asegura que la “absolverán” de todo cargo porque es uno de los “eximentes que existen en el Código Penal”. No obstante, de momento, tendrán que determinar si le conceden libertad provisional o, por el contrario, prisión provisional: “Hay bastantes posibilidades de que esta mujer no ingrese en prisión y de que se quede en libertad provisional hasta que se celebre la vista”, explica Gil.
Por otro lado, en caso de que resultara condenada y tuviera que cumplir la pena en prisión, la mujer podría solicitar un indulto. “Será una decisión que tendría que tomar el Gobierno”, admite Gil. Así, su petición si se tendría en cuenta por las características del caso: una víctima de violencia de género con orden de alejamiento que iba a sufrir una nueva agresión por parte de su maltratador.