Los juzgados están colapsados y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ideó un sistema que premia a los jueces que instruyen de forma más rápida. ¿Cómo funciona? Se establece un baremo que asigna una cantidad específica de puntos a cada tipo de procedimiento. Así, por ejemplo, un juicio penal puede valer más puntos que un procedimiento civil sencillo. A partir de ahí, cada juez tiene un módulo de trabajo anual que representa la carga de trabajo estándar esperada.
Este sistema de bonificaciones no solo mide cuántos casos ha concluido un juez en un período determinado, sino también el tiempo que tarda en dictar sentencia o resolver incidentes. El objetivo es mejorar la eficiencia en la administración de justicia, pero ¿es realmente efectivo medir la labor de los jueces por el tiempo que dedican a cada caso?
Se premia la cantidad y no la calidad
Fuentes jurídicas insisten en que “la inspección del CGPJ prioriza que archives o mandes a juicio rápidamente los asuntos e incluso se cobra más productividad cuantas menos horas dediques a cada caso. Se premia la cantidad, no la calidad. Muchas juezas dedicadas a las víctimas se sienten muy frustradas, no porque no se reconozca su trabajo, sino porque se recompensa a quienes menos trabajan”.
Los casos de violencia de género son complejos. Con este sistema puede darse la situación en la que “escuchar a los hijos e hijas de una mujer que denuncia maltrato habitual, a los testigos o practicar pocas pruebas no solo no se penaliza, sino que resulta beneficioso“, insisten las mismas fuentes.
“No trabajo por números, trabajo con personas”
La magistrada del Juzgado de Violencia 1 contra la Mujer de Getafe, Cira García Domínguez, se niega a cobrar por productividad y no rellena las tablas de rendimiento porque, como ella misma explica, “no trabajo por números, trabajo con personas. Si no cobro ese dinero, me da igual; para mí, mi valía personal y profesional está por encima de esto”.
La jueza Cira García Domínguez es magistrada del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Getafe
Para la jueza, “al final, quien hizo la ley hizo la trampa, y que haya menos pendencia en un juzgado se valora mejor por el Consejo, porque significa que el juzgado resuelve más. Pero, claro, ¿resuelve más o peor? ¿Reflejan esos números la calidad de un juzgado?”, se pregunta.
“Si te llega un asunto por denuncia y lo archivas automáticamente, ese asunto está finiquitado, no figura como vivo. Si investigas un maltrato habitual o una violencia vicaria, que son procedimientos muy complejos, ese procedimiento sigue abierto”, insiste.
“No podemos quedarnos en la superficie; son asuntos de mucha complejidad”
García Domínguez asegura que “se puede archivar mucho y mal. Y, desde luego, cuando son asuntos con esta complejidad, no se pueden resolver mediante juicios rápidos. Cuando una mujer denuncia otras situaciones de violencia, el último incidente puede no ser grave. Si automáticamente dictas una conformidad o un auto de archivo sin enjuiciar ni instruir, se computa”, apunta.
Para la jueza, no cobrar los pluses es una cuestión ética. “No lo hago porque no considero que debamos ser premiadas por el número de archivos ni por el número de juicios rápidos, y menos cuando tenemos una obligación de diligencia debida, un deber especial de investigación en este tipo de delitos. No podemos quedarnos en la superficie. Son asuntos de mucha complejidad, afectan a niños y niñas, y esto no es un sistema de producción mecánica. Para mí, esto no es admisible”, advierte la magistrada.
“No creo que estas retribuciones afecten al trabajo de los jueces”
Carlos Pascual Alfaro, titular del Juzgado 1 de Violencia contra la Mujer de Barcelona, no cree que estas retribuciones afecten al trabajo de los jueces. “Se calcula que tenemos que hacer ciertas horas al año de trabajo. Si superas ese tiempo en más del 120 por ciento, cobras. Por ejemplo, si archivo un asunto, que se considera un trabajo de dos horas, recibo esos puntos. Pero si, en lugar de archivar, continúo con la instrucción y lo paso a la siguiente fase del procedimiento abreviado, tengo esas dos horas computadas por haber concluido el asunto, tanto si se archivaba como si pasaba a la siguiente fase”, explica.
“Nuestro trabajo es evitar que los asuntos se acumulen y darles una resolución, pero es cierto que es un problema que se cobre más cuantas menos horas dediques a un asunto”, reconoce.
“La productividad mal entendida puede provocar que se trabaje muy mal y muy rápido”
“Si llega un caso, escucho la declaración de la víctima y pienso ‘no me la creo’ y lo archivo, consigo esos puntos. En cambio, si escucho a la víctima, al investigado y a dos testigos y, después de eso, lo archivo igualmente, claro, he tardado más tiempo para conseguir los mismos puntos. Pero también puede pasar lo contrario: que me crea a la víctima, eleve el caso para que lo juzgue el penal y, al final, el tribunal tenga que absolver porque el caso estaba mal instruido y no había pruebas suficientes”, señala.
A pesar de cobrar el suplemento, Pascual reconoce que “es verdad que la productividad tiene ese problema. Mal entendida, puede hacer que alguien trabaje muy mal y muy rápido, pero dé mejores números que quien le dedica más tiempo. Sin embargo, también están el fiscal y las partes, que pueden recurrir y pedir a la audiencia que no se cierre la instrucción, que se escuchen más testigos”, plantea.
El magistrado considera que, en instrucción, este sistema presenta un problema: “Te puede llevar a querer instruir poco y rápido, y el que es más lento, el que estudia más los casos, es penalizado por el sistema. ¿Cómo se mide nuestro trabajo?“, concluye.