Los jueces de violencia alertan del riesgo de colapso cuando asuman más competencias en unos meses

Desde que el pasado 3 de enero se publicó la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los jueces de violencia contra la Mujer están preocupados. La norma establece que serán estos juzgados los encargados de instruir cualquier delito contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual. Hasta ahora, se encargaban de delitos de violencia de género en el ámbito de pareja o expareja.

Por eso, 136 jueces y juezas de estos juzgados especializados han realizado un escrito donde denuncian que la puesta en funcionamiento de la ley “supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados“.

Falta de dotación presupuestaria

No solo eso, los magistrados alertan de la “la falta de dotación presupuestaria de la Ley, pues se trata de una reforma a coste cero que, según los propios cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer
un aumento de la carga de al menos el 20 por ciento”. Para los jueces, “se pretende convencer a la ciudadanía afirmando que, si es necesario, se reconvertirán Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, lo que no se explica a la ciudadanía es que la entrada en vigor de dicho aumento de competencias tendrá lugar el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento las Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, el 31 de diciembre de 2025. Es decir, que esas supuestas “facilidades” para la asunción de la competencia no son reales.

Para los firmantes esto supondrá “el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

Aumento de delitos y denuncias

Además, coinciden en que “lo que no se cuenta a la ciudadanía es que en estos casi veinte años -de juzgados especializados- se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de juzgados”.

Avisan de que “en la actualidad, la mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios, sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad; en muchas ocasiones, con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos que permitan suplir esas carencias”.

Un paso atrás en la lucha contra la violencia de género

Los jueces insisten en que se va a producir un “significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal, existiendo ya estudios que demuestran que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren”.

“Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente“, aseguran los jueces especializados. “Quienes desempeñamos nuestra labor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que traspasa lo meramente profesional, para acompañar a las víctimas y a sus hijos e hijas en el largo camino que se inicia con la denuncia, consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias que está previsto se produzca a partir del 3 de octubre de 2025″, concluyen.