Las asociaciones de víctimas están enfadas y preocupadas a partes iguales. El foco está puesto en Juana Rivas y su hijo Daniel, algo poco habitual. No es frecuente que la violencia de género ocupe espacio en los medios de comunicación, a menos que suceda un asesinato o ataque grave. Por eso a nadie se le escapa la importancia simbólica que tiene cada paso que están dando las instituciones. Las víctimas, madres que están en la misma situación o parecida a la de Rivas, sienten que las están juzgando a todas ellas, perciben que lo que ha pasado y lo que pasará las incumbe y las alude. El periplo judicial del caso no es más que un reflejo de lo que viven muchas mujeres en los distintos juzgados de violencia de España.
“Lo que ha ocurrido es gravísimo”
A Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, “le parece gravísimo” lo que ha ocurrido en el juzgado número 2 de violencia de Granada. “No paramos de insistir en que nuestras hijas e hijos son víctimas de violencia, si nosotras somos víctimas y nuestras criaturas también deberíamos salir de los juzgados con las mismas medidas de protección, como la unidad familiar que somos y esto por desgracia no se lleva a cabo. ¿Para qué se reformó la ley en 2015 si a los niños y a las niñas no se les protege? A día de hoy hay muy pocas medidas de protección para las criaturas, muy pocas, y la tendencia siempre es a la revinculación con el progenitor ya condenado. Es penoso en un Estado de Derecho. Se van a tener que reformar algunas leyes y ajustarlas, esperemos que la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una vez que se reforme cierre ciertos temas, pero la ley orgánica contra la Violencia de Género también. Necesitamos acotar con precisión cada artículo para que no sucedan este tipo de cosas”, apunta.
Álvarez alude al primer artículo de la ley contra la violencia de género (2004) donde se habla de la protección integral y de coacciones y amenazas: “Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia”. “La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad“.
“¿Dónde queda el bienestar supremo del menor?”
“Por lo pronto es curioso que si la ley que debe proteger a las mujeres, hijas e hijos frente a la violencia de género habla de esa protección integral un juzgado especializado no abra un procedimiento por violencia de género. Y más, tras haber escuchado la Fiscalía a Daniel. Un niño que relata una situación de violencia debe ser protegido. Lo dice el derecho estatal, pero también lo dicta Naciones Unidas. Es que además, el progenitor, por lo que hemos leído en la prensa, está imputado por un delito de malos tratos al niño, con lo cual nos preguntamos, ¿dónde queda el bienestar supremo del menor? Lo mínimo es abrir un procedimiento donde se investigue. Esta vez el niño ha sido escuchado y su voz debe pesar lo suficiente”, advierte.
“Si una madre denuncia violencia de género y él ya tiene una condena como maltratador, sus hijas e hijos deberían entrar en el pack si se dictan medidas de protección por un VioGén alto, medio, bajo o extremo. La unidad familiar, las criaturas tendrían que estar protegidas igualmente y no pasarían estas cosas. El derecho internacional y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas establece que los estados miembros deben de proteger a los niños y niñas en casos de especial relevancia como, por ejemplo, la violencia de género”, insiste la presidenta de Alanna. “Se lo tendrán que hacer mirar y tendría que intervenir la Fiscalía General del Estado, la Fiscal de Sala de violencia contra la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, el Gobierno porque esto es inaudito“.
Sancionar a los jueces que desprotegen
Rosalía González, presidenta de la asociación MAMI, cree que es preocupante que el juzgado no entienda que es violencia de género. “En este caso no se considera que la afectada sea Juana Rivas porque no están viendo que es violencia vicaria y que lo hace para dañar a Juana. Por supuesto que los niños son víctimas también, pero el foco es Juana, a la que han estado maltratando durante ochos años tanto su expareja, como las instituciones. Por eso es tan importante la formación de los jueces, sobre todo en los juzgados de violencia”, explica. González pide que sea posible “sancionar a los juzgados que cometen errores objetivos y desprotegen tanto a los niños y niñas como a las mujeres”.
Un maltratador no es un padre
Natalia Morlas, de la asociación Somos Más, “cree que las leyes deben ser aplicadas en todos los casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Nunca debemos olvidar que un maltratador que ejerza cualquier violencia machista, jamás será un buen padre. Tenemos el derecho de que se nos ayude, cuide y proteja de nuestros maltratadores. Igual que tienen Juana y sus hijos. Igual que lo tenían desde el primer momento que ella denunció y no la creyeron, pero para que esto suceda, debe darse muchísima más formación en violencia de género, y violencia vicaria, en concreto. Porque falta mucha formación en los estamentos jurídicos, y en general en toda nuestra sociedad”, finaliza.