La diputada socialista Lidia Guinart es la nueva presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Según avanzaron fuentes parlamentarias consultadas por Artículo 14, la parlamentaria del PSC relevó finalmente a Adriana Lastra, que en julio fue nombrada delegada del Gobierno en Asturias. Así se votó este jueves en el Congreso.
Durante la ausencia de Lastra, ha sido la vicepresidenta primera, Júlia Boada, (Sumar), quien ha asumido sus funciones. Se trata de una comisión de seguimiento, no legislativa, pero su rol es trascendental. De ella depende, además, la subcomisión para la renovación y actualización del pacto de Estado. Las subcomisiones, a diferencia de las comisiones, trabajan a puerta cerrada, y sus trabajos serán fundamentales para actualizar los objetivos de este pacto de Estado, sellado en 2017.
Hasta el momento apenas han trascendido detalles sobre la evolución de los trabajos. Fuentes parlamentarias trasladan que existe consenso entre las principales fuerzas con representación en este órgano de trabajo sobre la necesidad de incluir la violencia vicaria en este marco, pero también otras violencias que sufren las mujeres, como las que tienen internet como escenario..
Incluir la violencia que sufren los menores es también un deseo expresado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en julio daba por hecho que los trabajos para renovar el pacto concluirían en octubre o noviembre. Previsiblemente estos plazos se prolongarán algo más (el tope es diciembre), toda vez que hasta la fecha los trabajos de la subcomisión se han centrado en las comparecencias, entre ellas de expertas y expertos en la materia, o de profesionales de la judicatura o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han incorporado también los trabajos ya avanzados en la anterior legislatura, cuando tuvieron lugar una treintena de comparecencias.
El grueso de partidos de la Cámara Baja, con la excepción de Vox (306 votos a favor, 35 en contra), aprobó en abril la creación de esta subcomisión, integrada por 15 diputadas y diputados, y que opera para incluir en este paragüas nuevas medidas que permitan combatir estas violencias.
Aún queda plasmar en un documento el resultado de estos trabajos. Dado que las comparecencias e intervenciones tienen lugar lejos de las cámaras, diputadas adscritas a la subcomisión reconocen que es más fácil avanzar.
Tanto en el pleno como en las comisiones, que se retransmiten por streaming y son de libre acceso para los profesionales de los medios de comunicación, los partidos aprovechan para colocar sus mensajes y posicionamientos políticos. Para la batalla política y para lanzarse recados, algo que ocurre con menos frecuencia cuando no están en plano. Esta lógica se aplica al grueso de los grupos, con la excepción de Vox, según distintas fuentes.
La vigencia del pacto se extendía hasta 2022, si bien en 2021 todos los grupos políticos rubricaron un dictamen político para ratificar su vigencia. Todos, menos el partido de Santiago Abascal. Este acuerdo oficializó la “la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas” del pacto, casi 300. También garantizaban la financiación para cumplir sus objetivos.
A finales de 2023, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, hizo entrega a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del primer informe de evaluación del cumplimiento del pacto (2018-2022). Según el texto, del total de medidas que dependen de la Administración General del Estado (284), se cumplen hoy 190. Hay 85 en proceso, y 9 pendientes de ejecución.
Perfil de Guinart
Periodista y escritora, teniente de Alcalde en Santa Coloma de Gramenet (2011-2015), Guinart lleva cinco legislaturas (8 años) en el Congreso. Desde la primera (2026) ha estado vinculada a la Comisión de Igualdad, y desde 2017, cuando se firmó el pacto, ha trabajado en el marco de esta comisión, llegando a ejercer como portavoz de los socialistas en esta legislatura y en la anterior (2019-2023).
La diputada del PSC tendrá el reto de buscar consensos, de debatir y agrupar las conclusiones, para lograr una actualización de calado de uno de los pocos pactos de Estado sellados en las últimas y agitadas legislaturas.