Cira García Domínguez nos recibe en el Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer de Getafe donde trabaja como magistrada. Madrileña de nacimiento, criada en Leganés, al sur de Madrid; estudió Derecho en la Universidad Carlos III e ingresó en la carrera judicial en el año 2003. Es experta en violencia de género, a la que ha dedicado la mitad de su experiencia profesional. Primero, en el Juzgado de Violencia de Albacete, y ahora en la Comunidad de Madrid. Es cercana y natural, lejos de la pomposidad que se le presume a la judicatura. Contagia su pasión por su trabajo y su compromiso social. Como muestra nos enseña orgullosa un dibujo que una niña le regaló tras suspender las visitas establecidas con su padre. Un hombre que asesinó a los dos perros de la familia en presencia de la pequeña. Lo tiene colgado en su despacho, quizá para tener siempre presente cuál es su cometido.
¿Cómo llegan las mujeres a los juicios, en qué estado, qué transmiten?
Vienen angustiadas, con muchísima incertidumbre. No saben lo que va a pasar con el agresor, con la denuncia, con sus hijos e hijas, si van a poder volver a su casa, si el agresor luego incumple la orden de alejamiento. La palabra es incertidumbre, además del dolor que ya llevan padeciendo, a veces, durante muchísimos años.
¿Se duda de la palabra de una mujer que denuncia violencia de género?
Al final se sigue partiendo todavía del estereotipo de que las víctimas mienten. Si vas con una mera declaración de maltrato habitual, lo más probable es que eso sea una sentencia absolutoria. Porque, desgraciadamente, no nos creen, realmente ese es el mayor problema. Todavía existe ese a ver dónde pillo en un renuncio a la víctima, a ver dónde está mintiendo; porque partimos de que estas mujeres mienten. Es que a ninguna víctima de otro delito se le atribuye o se le tilda de mentirosa, pero a las víctimas de violencia de género, sí. Y como dice una amiga mía, solamente se cree a las víctimas asesinadas, es muy duro, pero real.
¿Es difícil juzgar un delito que se ha cometido en la intimidad, en el que no siempre hay pruebas directas?
Es difícil si no tienes perspectiva de género y no entiendes la violencia. Al final, la mirada y la perspectiva es lo que te da un análisis de la situación. ¿Qué diferencia hay entre que un juez o una jueza haga una pregunta a una víctima diciéndole por qué usted ha tardado tanto tiempo en denunciar, a un juez que no la hace? La única diferencia es la perspectiva de género, entender la violencia es entender que una víctima tarda una media de 9 años en denunciar, según los datos del Observatorio, entender cómo funciona la espiral de la violencia en todas sus formas.
¿Son las investigaciones policiales exhaustivas, se investigan de forma profunda estos delitos?
Creo que no. En el sistema judicial hay una sobrecarga de trabajo, una insuficiencia de medios materiales y a nivel policial estamos en la misma situación. Aquí tenemos que trabajar con urgencia porque lógicamente está en riesgo la seguridad de la propia víctima y sus hijos e hijas. Pero también con calidad. ¿Qué pasa? Que un atestado donde no se aprecia el estado en el que queda la vivienda cuando se trata de un señor que ha causado daños ambientales, o ese niño y esa niña que cuando llega la policía está debajo de una cama. Todo eso tendría que quedar reflejado en un atestado porque nos va a dar mucha información.
¿La actitud y la forma de explicar la situación tanto de la víctima como del acusado, influyen en su decisión, la experiencia puede ayudar a intuir si alguien miente o exagera?
La comunicación no verbal también es comunicación. Es cierto que eso nos da mucha información. A la víctima la tienes que escuchar teniendo en cuenta también sus propias circunstancias. Muchas veces son mujeres que presentan algún tipo de discapacidad, mujeres que no hablan bien español, hay una barrera idiomática. Ahí hay que hacer un esfuerzo especial, porque si no cualquier elemento nos puede hacer pensar que no está suficiente bien apoyado su relato. Pero claro, todas esas circunstancias hay que entenderlas cuando estás con una víctima que es menor de edad, una víctima joven. Todo ese contexto, ese enfoque victimocéntrico que es importante, nos hace ver qué tipo de víctima tenemos y también qué tipo de agresor.
¿Es necesaria una mayor formación y especialización en los fiscales, en los abogados y en todos los implicados en el proceso?
La formación es la asignatura pendiente, pero no se trata de que den una formación los Colegios de la Abogacía, sino que esa formación sea periódica, actualizable, evaluable y obligatoria. Es decir, hay que incidir más y lo extrapolo a todos los ámbitos. Muchos jueces y juezas que estamos en jugados de violencia seguimos haciendo formación pese a que nadie nos obliga, vas entendiendo nuevos enfoques, vas viendo caminos que a lo mejor no habías explorado. No podemos tener todavía menos del 25 por ciento de juzgados exclusivos en toda España. Tenemos más de 469 partidos judiciales y solo 106 juzgados especializados. Nos queda un camino por resolver porque no es lo mismo instruir un delito contra la Hacienda Pública que uno de una agresión sexual a un niño o una niña.
Solo denuncia el 21,7 por ciento de las víctimas. ¿Por qué las mujeres no confían en el sistema?
Porque no las protege ni a ellas ni a sus hijos. Siempre digo, cuando se hacen tantos cursos e intervenciones, que lo que hay que hacer es escuchar a las víctimas, el termómetro está en ellas. Si una víctima dice yo sí lo llego a saber no denuncio porque no me creyeron, porque además de no creerme me culpabilizaron, me estigmatizaron, no protegieron a mis hijos, a mis hijas, cuando estaba exponiendo que había una situación de violencia y que el régimen de visitas les estaba colocando en riesgo, esa víctima no va a volver a denunciar. Eso ya tiene un nombre, que no está recogido en nuestra ley estatal, pero es violencia institucional. La administración de Justicia no puede ser un elemento de esa victimización, de ese maltrato institucional que sufren esas mujeres que, cuando han presentado tres denuncias, son tachadas de locas. Una víctima lo único que hace es buscar soluciones, pero cuánto más denuncia, más se vuelve el sistema en su contra. Es un problema muy serio que hay que abordar de una forma mucho más profunda porque el sistema judicial, desgraciadamente, falla en muchos casos.
García Domínguez recibe dibujos de los niños y niñas sobre los que decide su futuro
¿Qué se puede hacer?
Creo que lo importante sería reforzar la plantilla de los juzgados, que los equipos técnicos de los juzgados también sean gente que tiene formación en infancia y en violencia de género con perspectiva de género y de infancia. Porque, al final, esos informes son los que va a valorar un juez o una jueza, para dictar un régimen de visitas en una sentencia de divorcio. Si ese profesional o esa profesional no está formado, pues lógicamente, las decisiones que tomamos los jueces y las juezas no irán encaminadas a proteger a esa mujer. Hay que incrementar los juzgados de violencia sobre la mujer, hay que reforzar la plantilla, hay que invertir en recursos.
¿Por qué cree que no se invierte más?
Habrá que preguntar a los políticos porque tenemos sistemas informáticos en Justicia, que si los vieras te partirías de risa. Cualquier información en la Agencia Tributaria está plenamente conectada, aquí no. Aquí buscamos a un acusado y te tienes que meter en un registro que, a veces, no está bien coordinado y tienes que hacer indagaciones para ver todos los procedimientos que tiene, hay que hacer una labor de búsqueda a través del propio sistema, sin una herramienta que sea útil. Trabajamos con medios muy anticuados. Porque esto no importa realmente a nivel político. Creo que a todos se les llena la boca y hablan de esta lacra… Bueno, esto no es una lacra, esto es una violencia estructural. ¿Qué es eso de lacra con el número de feminicidios que tenemos, con la cifra de asesinatos de niños y niñas por violencia vicaria? ¿Realmente todavía hablamos de lacra? No, esto es una violencia estructural, esto es un atentado contra los derechos de las mujeres, sus hijos e hijas. Y esto requiere una respuesta mucho más enérgica.
¿Son los juicios rápidos adecuados para la violencia de género?
No. En algunos casos sí, porque son incidentes puntuales de violencia, pero no podemos ir al juicio rápido cuando lo que se está denunciando, por ejemplo, es un maltrato psicológico habitual. Además, a las víctimas las estás obligando a que se limite a un solo incidente, el último, que a lo mejor es el menos importante; luego te pones a investigar y a contextualizar y ves que realmente eso es una película de terror.
La Ley prohíbe establecer visitas a un padre investigado o condenado por violencia de género, pero se siguen concediendo. ¿Qué está ocurriendo?
Crea mucho resquemor, mucha alarma porque parece que la administración de Justicia o los jueces y las juezas lo hacen todo bien. Yo siempre digo que no podemos avanzar si no tenemos sentido crítico. Tenemos una ley del 2021 que establece que cuando se fija un régimen de visitas en caso de maltrato, no puede fijarse, salvo que tú valores, que haya una situación favorable para el niño y para la niña que te lo permita. Si tenemos ese artículo y no se interpreta y seguimos en el imaginario judicial que tiene que prevalecer el derecho de un padre, frente al derecho de un hijo a relacionarse con un padre que no sea maltratador ni violento es un problema, no de la ley, la ley ya está ahí. ¿Qué es lo que está pasando para que esa ley no se aplique como tiene que aplicarse? Pues el imaginario personal y el imaginario social que tenemos. Por eso la formación es tan importante. Al final, ¿estás partiendo de una situación como juez neutral cuando no hay una situación neutral? Estamos hablando de una situación de violencia, de una situación asimétrica, de una situación de poder. Entonces en ese contexto, en esa situación, tienes que valorar.
Lo mismo ocurre con el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), se sigue alegando
Tenemos una ley del 2021 de Protección a la Infancia que dice que se adoptarán las medidas necesarias para impedir su utilización. Evidentemente siguen utilizando el SAP. A lo mejor habría que reformar la ley y que no solamente se adoptaran medidas para que no se utilice, sino que se sancionara su uso. Porque, al final, en vez de llamarlo SAP lo llaman interferencias marentales, preocupación mórbida y otros nombres para encubrir lo mismo. El SAP es violencia institucional pura y dura, porque parte de equipos psicosociales de los propios juzgados y como un equipo alegue este síndrome inexistente es muy difícil luego, en las sentencias posteriores en las instancias judiciales, echarlo para atrás, es muy difícil.
Las víctimas se quejan de que denuncian y el proceso pone el foco sobre ellas. De pronto los equipos psicosociales las cuestionan y pierden a sus hijos, son los arrancamientos
Claro, sí, sí. El sistema se vuelve en su contra. Existe un patrón estructural. Lo ha dicho Naciones Unidas, en el informe de violencia institucional que hizo la Delegación del Gobierno con el Ministerio de Igualdad, se habla de ese patrón, es decir, es que esto no ocurre aquí aisladamente. Se aprecia en sentencias penales y civiles como, cuando la madre se atrevía a denunciar abuso sexual en la infancia, existía el 75 por ciento de posibilidades que se produjera un cambio de custodia. La justicia española no protege a la infancia y menos en entornos de abuso sexual. No tenemos datos estadísticos, no hay cifras de qué número de asuntos por abuso sexual en la infancia se archivan y por qué. No entra en el imaginario social que los abusadores, en porcentajes altos, son del entorno familiar. Como una madre se atreva a denunciar abuso sexual, enseguida se sospecha que lo que está haciendo es interferir o alienar, ya tienes el cartel colocado.
¿Son los niños y las niñas los grandes olvidados en estos procesos?
Por supuesto. La experiencia en la infancia está completamente invisibilizada, basta coger una sentencia. ¿Cuántas ponen nombre a esos niños, a esas niñas? ¿Cuántos jueces y juezas han visto su cara? ¿Saben cómo piensa, cómo siente? Están invisibilizados a nivel judicial. ¿Por qué? Porque el sistema no está adaptado a la infancia y es el sistema judicial el que tiene que adaptarse a la infancia, no la infancia, a la justicia. Se necesitan espacios seguros, adaptados y más formación.