Trabajan todos los días para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista, sacando horas de su jornada laboral y de su vida personal para solucionar cualquier problema que surja, por eso conocen los fallos del sistema. Saben por lo que están pasando porque lo han vivido también. Las asociaciones de víctimas celebran de distinta manera el dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que llega a comisión este lunes en el Congreso. Un acuerdo que ha tardado en materializarse y cuyos detalles comienzan a conocerse.
Tienen una sensación agridulce porque, por un lado, desean que se materialicen las buenas intenciones y las 462 medidas del Pacto de Estado, pero la experiencia les demuestra que ni el negro sobre blanco en una Ley Orgánica les asegura su aplicación.
Divulgar las sentencias condenatorias
A Ana Bella, de la fundación que lleva su nombre, las medidas del Pacto de Estado le parecen adecuadas en general, pero no tiene claro que se vayan a cumplir o que se las dote del presupuesto necesario. Aun así, quiere dar tiempo para ver cómo se concretan las más de 460 medidas. Entre las que más le han gustado destaca la 107, que habla de “impulsar la participación de supervivientes de la violencia contra las mujeres en los programas de atención a otras víctimas”, por razones obvias, ya que es exactamente a lo que se dedica.
Otra de las medidas que celebra es la de “comprometer a los medios de comunicación a divulgar las sentencias condenatorias en casos de violencia de género, con el fin de ayudar a erradicar cualquier sensación de impunidad respecto a los autores de estos crímenes”. “Me parece fundamental para enviar el mensaje de que los agresores no quedan impunes y que no se hable solo de violencia cuando ocurre un asesinato“, sostiene.
Las mujeres de alto poder adquisitivo también son vulnerables
Echa en falta, en cambio, que no se incluya a las mujeres de alto nivel adquisitivo y estudios superiores como un grupo vulnerable ni se especifiquen campañas y servicios dirigidos a ellas. “De media, una mujer sin estudios tarda ocho años en denunciar, mientras que aquellas con un doctorado tardan doce. Son un sector vulnerable. Creo que han estereotipado las vulnerabilidades”, apunta.
Le hubiese gustado alguna medida relacionada con la salud sexual y la planificación familiar, la pobreza menstrual o la igualdad de espacios en los patios escolares para niñas y niños. Sin embargo, sí que espera que, “ya que han tardado tanto en ponerse de acuerdo, hubieran especificado los requisitos para obtener las acreditaciones administrativas que reconocen a una mujer como víctima de violencia de género”, ya que este sistema varía en cada comunidad autónoma y, según su experiencia, “funciona francamente mal”.
Además, Bella considera que, al igual que en las empresas se forma a los trabajadores en riesgos laborales, deberían impartirse de forma obligatoria cursos y establecer protocolos para la prevención y protección de las víctimas de violencia de género.
Protección policial para todas las víctimas
Otro de los aspectos que le preocupan es la falta de seguimiento de los maltratadores una vez salen de la cárcel. “Deberían tener un control de entre dos y cinco años tras quedar en libertad, porque en prisión son presos modelo, de puertas para fuera su comportamiento es magnífico, pero deberían ser vigilados”, insiste.
En cuanto a la protección de las mujeres, Bella cree que todas, incluso aquellas que el sistema VioGén cataloga como riesgo bajo, deberían llevar una pulsera de localización: “Sabemos que no han asesinado a ninguna mujer que portase un dispositivo conectado a Cometa. Creo que, con tal de salvar vidas, esto se podría hacer: proteger a todas las mujeres independientemente del nivel de riesgo y evitar que una valoración judicial pueda echarlo atrás“, demanda.
“Que se materialicen cambios legislativos”
Chelo Álvarez, presidenta de Alanna, espera que el Pacto de Estado “no se quede en una simple declaración de intenciones”. “Espero y deseo que se garantice la protección de los niños y niñas y que se materialicen medidas legislativas que provoquen cambios en el Código Civil y el Código Penal, para que todos los operadores jurídicos se posicionen donde deben estar: al lado de la víctima”, afirma.
Por su parte, Andrea Cabezas, presidenta de la asociación Stop Violencia Vicaria, cree que “una vez más, el Pacto de Estado ha demostrado ser una declaración de intenciones vacía, sin compromisos reales y sin capacidad de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos. Ninguna de las medidas propuestas garantiza que mañana no haya otra víctima más. Ninguna”, denuncia.
“El Pacto está obsoleto”
“Nos prometieron 290 medidas en 2017, y después de casi una década apenas han cumplido 60. Ahora nos venden 462 nuevas propuestas, pero ¿qué credibilidad puede tener un pacto que ya fracasó estrepitosamente en su anterior compromiso? ¿Cuánto tiempo más pretenden calmarnos con promesas huecas mientras la realidad sigue cobrándose vidas?”, se lamenta.
Cabezas recuerda que “nos dijeron que tipificarían la violencia vicaria, la institucional y la económica, pero seguimos sin un marco legal efectivo que las combata. Nos dijeron que ampliarían derechos, que mejorarían recursos, que impulsarían cambios, pero lo único que han hecho es multiplicar los verbos ambiguos y las frases grandilocuentes”. “Palabras como ‘fomentar’, ‘reforzar’ o ‘trabajar’ son solo humo cuando no se traducen en acciones concretas con plazos y mecanismos de evaluación”, enfatiza.
Además, critica que la “falta de indicadores de éxito convierte estas medidas en simples eslóganes, herramientas de imagen política más que en soluciones reales a un problema estructural”. “¿Qué pasa en la vida real? Pasa que una de cada tres mujeres que denunció a su agresor hoy está muerta. Pasa que nos siguen matando, que nos siguen arrebatando a nuestras hijas e hijos, que seguimos enfrentándonos a un sistema que nos da la espalda. Pasa que la impunidad sigue intacta”, sentencia.
Cabezas insiste: “Ya no aceptamos más promesas vacías. El pacto está obsoleto y la realidad que vivimos exige algo más que discursos bien intencionados. Exige medidas concretas, urgentes y con responsables que rindan cuentas. Porque cada día que pasa sin cambios reales es una sentencia de muerte para otra mujer, para otra infancia. Y no vamos a permitirlo”, concluye.