Las asociaciones de víctimas piden a Igualdad fiscalizar los fondos

Creen que se deberían establecer unas directrices más estrictas para que las distintas administraciones tengan claro qué medidas son más efectivas en la lucha contra las violencias machistas

imagen retocada del cartel que difundió el ayuntamiento de Almería

El Ayuntamiento de Almería retiró su campaña pagada con fondos del Pacto de Estado KiloyCuarto

Un pueblo llama a una asociación de víctimas de violencia machista. Con el dinero que han recibido del Ministerio de Igualdad, perteneciente a las partidas que reparte dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fabricaron una especie de plataforma para almacenar tapones para el reciclaje. Les proponen recogerlos para canjearlos y recibir el dinero correspondiente por ellos.  El problema: era más cara la gasolina del desplazamiento a la localidad en cuestión que lo que iban a conseguir con los tapones.

Ante esta disyuntiva la asociación en cuestión decidió renunciar al dinero de los tapones y recomendó a los responsables preguntar antes cómo invertir el dinero que reparte el Gobierno para concienciar y sensibilizar sobres las violencias machistas. Así lo hicieron, y al año siguiente, en vez de una plataforma, con esa partida, se impartieron unos cursos que dieron buen resultado.

Este es uno de los problemas de los fondos del Pacto de Estado. Depende de la experiencia del responsable en decidir cómo gastarlos. No todos tienen la misma preparación, o años dedicados y conocimiento de la materia.

Ana Bella, de la fundación que lleva su nombre, cree que las poblaciones más grandes suelen tener un equipo de trabajo formado, una estrategia clara para luchar contra la violencia de género y ayudar a las víctimas. En definitiva, para prevenir. Saben muy bien a quién destinar el dinero porque conocen la población y saben muy bien donde invertir esos fondos, pero en los municipios más pequeños, a veces, el técnico encargado de decidir cómo invertir ese dinero lleva una gran variedad de temas entre manos y puede no tener experiencia en la materia.

Bella explica que en muchas ocasiones, además, la partida es muy pequeña. “A veces, en algunos pueblos, la suma asciende a mil euros, y ya me dirás qué se puede hacer con ese dinero. Se tienen que incrementar el presupuesto, dotar de más medios a estas administraciones”.

A su propia fundación han llamado algunos municipios para preguntar cómo gastar ese dinero procedente del Pacto de Estado. Por eso, reclama al Ministerio de Igualdad una guía específica que limite las opciones de inversión. “Para que estos fondos tengan un impacto real y sirvan de verdad para prevenir la violencia de género, para animar a que las mujeres rompan el silencio, para conseguir un empleo si están en paro, para que sean efectivos en definitiva; sería bueno que dieran unas directrices, que hicieran una campaña global en España que explique en qué se pueden gastar en concreto esos fondos, explicar las posibilidades, sobre todo para las poblaciones más pequeñas“,

Chelo Álvarez, de la asociación Alanna, no está muy de acuerdo con que el dinero del Pacto de Estado se dediquen a ciertos temas. “Debe ir dirigido a cada mujer y sus hijas e hijos, de manera directa y cubriendo cada parcela. Para mí, es la forma de restaurar el daño. Vivienda, empleo, formación, educación, salud especializada, lo que sea necesario. Lo que es incomprensible es que estos fondos se invierten en acciones secundarias como campañas de sensibilización, jornadas, congresos, fiestas, cartelería”.

“No es comprensible que no haya control”

Considera que son acciones necesarias, pero que no se deberían sufragar con partidas del Pacto de Estado, sino de los presupuestos de los propios Ayuntamientos. “Lo que no es comprensible es que no haya control alguno sobre la inversión de dichos dineros. Llevamos años pidiendo respuestas y no las tenemos. Además ahí hay que revisar las acciones que contempla el Pacto. Sus fondos deben ir directamente a cada víctima”, reclama.

Piensa que el reparto de dichos fondos no tiene sentido alguno. “Sabemos que llegan a Ayuntamientos pequeñas cantidades de unos 3000 euros. Deberían trasladarse a las mancomunidades para que pudiesen gestionarse directamente, centrándose en las necesidades reales de cada mujer y sus hijas e hijos.  Para generar empleo, viviendas de emergencia, atención psicosocial directa sin limitaciones, becas para nuestras hijas e hijos, toda una suma de acciones que restaure el daño”, subraya.

Olga Caldera, de la asociación AMAR, por su parte, cree que el dinero de esos fondos se debería invertir más en prevención. A raíz de la polémica con el cartel del Ayuntamiento de Almería pagado con dinero del Pacto, cree que sería bueno enseñar a los niños lo que es un abuso sexual, una violación, una agresión y acudir directamente a los colegios donde es difícil entrar a sensibilizar. En definitiva, considera que el dinero debería destinarse a estos problemas sociales “porque las campañas publicitarias no son gratis”.

Con respecto a la campaña del Ayuntamiento de Almería, Igualdad hizo público ayer que había remitido al Consistorio un escrito en el que le informaba de que no se financiará con los fondos del Pacto de Estado y le instaba a retirar el logo de de la cartelería.

Explicaron desde el ministerio  que tomaron esa decisión porque “no se encuadra, en modo alguno, en ninguno de los ejes y medidas propuestos”. Recordaban que el destino de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género responde a los criterios recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre: “Los municipios deberán destinar los fondos que reciban, de conformidad con el ámbito material de competencias para la realización de actuaciones contra la violencia de género atribuidas en el artículo 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de acuerdo con las medidas del Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, y del Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobado por el Senado, en su sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017.”