“No se puede admitir ni tolerar” (Pilar Alegría, 2025), “no me vais a callar” (Ana Vázquez, 2024), “no se puede permitir y los vamos a parar los pies“(Irene Montero, 2022) o “es lamentable” (Isabel Díaz Ayuso, 2019). Son solo algunas de las afirmaciones que diferentes políticas de nuestro país han hecho tras haber sufrido algún tipo de violencia verbal por el simple hecho de ser políticas, con ‘A’, en femenino.
Todas ellas, a pesar de sus diferencias ideológicas, reconocen y denuncian en primera persona lo que se conoce como ‘violencia política por razón de género’. Y a pesar de que ninguna de ellas “admite”, ni “tolera” este machismo, y tampoco se “callan” frente a este tipo de violencia, no hay normativa alguna que lo castigue: ni si quiera las ‘machistadas’ que se vierten entre las paredes del Congreso de los Diputados.
Un machismo que no entiende de ideologías
La última en sufrir este tipo de violencia ha sido la ministra de Educación y portavoz de Gobierno, Pilar Alegría. “Puta, zorra o comepollas” son solo algunos de los insultos que la portavoz denuncia haber recibido en los últimos días. Le sigue, por cercanía temporal en este artículo, la secretaria de Interior del Partido Popular (PP), Ana Vázquez, quien hace solo unos meses recibió una carta sin remitente en la que el agresor aseguraba que ella no debía “tener miedo” a que la violasen porque “nadie se atrevería por la cara de asco que tienes, la voz de perra sarnosa”, entre otros insultos de igual educación.
La exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), también denunció la violencia política por cuestión de género que Carla Toscano, diputada de Vox en el Congreso, ejerció sobre ella después de afirmar que “su único mérito” en la política -el de Montero- había sido “estudiar en profundidad a Iglesias”. Refiriéndose a ello por la relación sentimental entre el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la actual candidata por Podemos en las próximas elecciones generales.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le regalaron uno de los titulares más machistas vistos y leídos en años: “Díaz Ayuso enseña toda su entrepierna en su toma de posesión”. Fue el periódico el ‘crónicaglobal.elespañol.com’ quien abrió portada con esta afirmación que, tras el aluvión de críticas recibidas, fue modificado por un ligero: “El polémico vestido de Díaz Ayuso en su toma de posesión”.
No existen normativas que regulen este tipo de violencia
Tal y como se recoge en el estudio ‘La violencia política por razón de género en España: una aproximación cualitativa’ realizado por la Asociación Hybridas y promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, “no existen en España mecanismos normativos que regulen” la violencia política por razón de género.
Y a pesar de que en este mismo estudio -promovido por el Ministerio de Igualdad-, se afirma que esta violencia “necesita de legislación y también de protocolos” de las diferentes instituciones políticas, no hay ni una sola medida que evite que cualquier ser humano con un teléfono móvil conectado a internet llame “come pollas” o “puta” a una mujer del escenario político. Menos aún, medidas que castiguen a aquellas personas públicas- y con responsabilidad en ámbito político- que utilizan el machismo como herramienta para criticar a sus rivales de profesión. Por seguir en el mismo ejemplo, Carla Toscano (Vox) no recibió ni una sola sanción por decir que Irene Montero es quien es por “estudiar en profundidad a Iglesias”.
El estudio del que hablamos en estas líneas es del año 2022. En tres años, a pesar del aumento de casos relacionados con el acoso machista y la violencia sexista ejercida contra las políticas españolas, no se han activado medidas legislativas que ayuden a reducir este tipo de violencia en nuestro país. Todo queda, por el momento, en condenas verbales. A pesar de que tanto unas como otras, sin entrar en ideologías, sean víctimas. A pesar de que afecte a todas, incluidas las políticas que la niegan.