Las víctimas están desesperadas. Hace unos meses comenzaron a organizarse para crear una red privada de voluntarios que realizan labores de seguridad y acompañamiento ante la falta de protección policial. Ahora, hartas de la violencia institucional que sufren tras realizar una denuncia, aconsejan al resto de mujeres que no den el paso de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Las expertas entienden dónde nace esta desesperanza, pero avisan: es peligroso. Por eso piden al Gobierno y a las distintas instituciones que tomen nota y se pongan a trabajar en los fallos evidentes del sistema para evitar la revictimización y que denunciar no se convierta en un via crucis que destruya a estas mujeres.
Ana Bella, de la Fundación que lleva su nombre, quiere mandar un mensaje de esperanza. “Hay mujeres que lo están pasando mal, pero hay miles de casos de otras que sí hemos denunciado y hemos salido adelante, estamos felices. La mayoría sale. Los fallos del sistema se tienen que debatir y buscar soluciones, pero no puedes decirle a una mujer que no denuncie porque la única herramienta para protegerlas es precisamente esa. Además, es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades porque aunque archiven la causa, consta y si ese maltratador vuelve a ser denunciado, la anterior denuncia, ayuda”, apunta. Chelo Álvarez, psicóloga y presidenta de la asociación Alanna pienso lo mismo: “Tenemos un problema bastante gordo. No podemos animar a las víctimas a que no denuncien, pero también tenemos que llegar a entenderlas porque está fallando el sistema en todos los aspectos”. Repasamos con ellas y más expertas dónde están los errores en la atención a estas mujeres y por qué sienten que denunciar es peor que no hacerlo.
La denuncia ante la policía sin abogado y juicios rápidos
El momento de la denuncia es lo de los más duros. Ana Bella y Rosalía González, de la asociación MAMI, coinciden en que muchos de los reveses judiciales comienzan aquí. Las víctimas tienen derecho a asistencia legal gratuita, pero cuando llegan a comisaría les explican que el abogado o abogada puede tardar varias horas en llegar. Si quieren denunciar en ese momento lo hacen solas y sin los consejos de un profesional y esta primera entrevista determinará todo el proceso judicial. Además, muchas de estas mujeres acuden al juicio rápido sin haber siquiera conocido a su abogado. No han hablado apenas y eso influye en las decisiones judiciales posteriores.
Efectivos policiales y órdenes de protección para los hijos e hijas
“Es obvio que hacen falta más efectivos para protegerlas. La media estatal es de 70 mujeres por agente, hay comunidades donde asciende a más de cien. Esto no puede ser, es insostenible. Los juzgados dictan pocas órdenes de alejamiento y muy escuetas. Las víctimas que tienen hijas e hijos tampoco tienen medidas de protección para ellos y esto hace que se planteen la denuncia, les echa para atrás, pero mucho. Las que lo consiguen son medidas cautelares mínimas y por muy poco tiempo, son provisionales. Estas mujeres tienen miedo a perder a sus criaturas y que no se las proteja”, advierte Álvarez.
Juzgados atascados, y medidas provisionales que no llegan
El tiempo de espera en los juzgados es letal para estos casos. El sistema es lento, después pueden suspender una vista, todo se eterniza y eso hace que ellas no puedan avanzar. “Hay medidas provisionales que tardan más de un año y medio. Tenemos un caso de una menor que se ha intentado suicidar por estar tener que estar con el padre. No puede ser. Hace falta más presupuesto en los juzgados para que sean más ágiles en estos procedimientos”, señala Ana Bella.
El falso SAP, atención psicológica y casas de acogida
Álvarez explica que otra de las violencias que ejerce el sistema es que se se sigue utilizando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). “Sigue presente en los juzgados de familia principalmente, pero también en los servicios especializados estamos leyendo informes de instituciones médicas legales que hablan del gatekeeping, la nueva forma de llamar al falso SAP“, apunta. Además, denuncia que en los servicios públicos estatales de atención a las víctimas las citas en la atención psicológica son cada muchos tiempo con todo lo que eso acarrea. También, en las casas de acogida, en muchas, se siguen tratando a las víctimas como si fueran menores tuteladas y esto hace que muchas se echan atrás y no denuncien”, señala.
Abogados especializados y dividir las causas y custodias
“Hacen falta más abogados especializados en los turnos públicos que tengan tiempo y se lo dediquen a la víctima y a sus casos. Luego tenemos el problema de que las causas se dividen en civil (divorcio) y penal (violencia). Normalmente salen antes las resoluciones por lo civil y esto lleva a consecuencias peligrosas en cuanto a las custodias”, insiste la presidenta de Alanna. Son muchas las víctimas que además, se quejan de la labor de sus letrados de oficio, sienten que no las creen, que no están bien asesoradas y se ponen de parte del maltratador. No son casos aislados, sucede con frecuencia.
Inadmisión de pruebas, errores judiciales y procesos eternos
Los errores judiciales están a la orden del día, olvidos, pendrives que no pueden abrir, pruebas que sistemáticamente no se admiten, o se pierden. Las víctimas entran en el sistema judicial pensando que es infalible y seguro y se dan cuenta de que la sobrecarga de trabajo de los profesionales y su falta de formación las desprotegen. Rosalía González y las más de 200 víctimas de MAMI lo viven a diario. “Podemos ir con 18.000 pruebas y no se admiten, pero ellos denuncian un manotazo y eso va al fin del mundo”. Porque como señala Ana Bella, los maltratadores y sus abogados han aprendido la lección y ante una denuncia, ellos responden con otra. Los procesos judiciales se alargan, esquilman las economías de las víctimas e impiden que comiencen su recuperación. No pueden pensar en ellas mismas y sus hijos porque se pasan años acudiendo a los juzgados con el estrés y el sinvivir que supone. Natalia Morlas, de la asociación Somos Más, también cree que las penas son irrisorias y no se corresponden con los delitos que cometen. Las dilaciones indebidas también juegan a favor de los maltratadores que ven reducida su condena por este motivo y se pregunta por la prisión permanente revisables en estos casos.
Custodias y entregas en los puntos de encuentro
Se siguen concediendo custodias y visitas con investigados y condenados por violencia de género, a pesar de que la ley lo prohíbe y solo se contempla como excepción. Si estas mujeres saben que sus hijos e hijas van a estar a solas con los maltratadores, se pueden pensar el denunciar para protegerlos. Por eso, Álvarez cuenta que otro gran factor de revictimización son también esas entregas para las visitas en los puntos de encuentro familiares donde muchos menores son obligados a ver a sus padres, a pesar de no querer hacerlo con las consecuencias físicas y psicológicas que implican para ellos.
Exámenes y arrancamientos
Al entrar en el sistema las víctimas que son madres son examinadas con lupa y los informes pueden no serles favorables, como cuando se aduce ese falso SAP, como hemos señalado. Existen muchas víctimas que han perdido las custodia de sus hijos, son esos arrancamientos y el miedo a que se tergiverse todo no ayuda a que denuncien.
Desastre general
En definitiva, el sistema falla y las revictimiza. “Después de la violencia que han recibido estas mujeres antes de denunciar, al entrar en el sistema obtienen otro tipo de violencia. Es un desastre en general”, se lamenta Chelo Álvarez. “Vamos a intentar ver qué pasa con la reactivación del Pacto de Estado y cómo se cumple, cómo se solucionan los algoritmos del VioGén para que las víctimas se sientan protegidas y preparadas para poder salir y poder denunciar junto con sus hijas e hijos, que son también víctimas de violencia de género desde 2015″, finaliza.