¿Qué pasaría si una de cada doce personas fuesen cada año víctimas del mismo delito? Probablemente, que este sería declarado una “emergencia nacional” y combatirlo llevaría a la constitución de unidades de élite, entrenadas especialmente para ponerle coto. Si además dicho crimen fuese el responsable de uno de cada seis asesinatos es previsible que tuviese la misma categoría que el terrorismo y de acaparar el 20 por ciento de todos los delitos registrados, es de esperar que la conciencia colectiva se levantase contra un problema estructural que, inevitablemente, estaría considerado como un peligro para la estabilidad social.
Sin embargo, estos son los fríos datos de la violencia contra mujeres y niñas en la realidad británica de este primer cuarto del siglo XXI. Dos millones de ellas son víctimas cada año en Inglaterra y Gales, hogar de 59 millones de los cerca de 67 millones de personas que habitan en el Reino Unido. Las estadísticas, compiladas en un demoledor informe producido por el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, en sus siglas en inglés) y el College of Policing (Colegio de Vigilancia Policial, un organismo público a disposición de quienes trabajan en la materia), supondrían, con todo, solo la “punta del iceberg”, según los propios autores del estudio, puesto que, al incluir únicamente los casos denunciados, pasan por alto los incalculables actos de violencia que escapan al radar de las fuerzas de seguridad.
La crisis ha llegado a tal magnitud que, en febrero del año pasado, el Ministerio de Interior británico tomó la decisión sin precedentes de clasificar la violencia contra mujeres y niñas como una amenaza para la salud pública. La apuesta no era meramente retórica: solo al elevar oficialmente el rango de un problema se pueden aumentar los recursos para hacerle frente. La primera consecuencia permitió que, en apenas doce meses, 4.500 agentes fuesen formados específicamente para investigar violaciones y otros delitos sexuales de gravedad.
Pero los números indican que falta todavía mucho por hacer, al tratarse de proporciones epidémicas, solo comparables al terrorismo, si bien mientras este tiende a recabar, comprensiblemente, titulares cuando ocurre un atentado, el umbral de impacto semeja inalcanzable ante la violencia sistémica contra las mujeres. Pese a que uno de cada seis asesinatos en Inglaterra y Gales pertenecen a la categoría de abuso doméstico, el feminicidio pasa de puntillas por el debate público y las encuestas que miden la temperatura ciudadana tampoco lo recogen como una preocupación general.
La concienciación aparece, por tanto, como un aspecto fundamental, y cifras como el más del millón de crímenes de violencia contra mujeres y niñas que se denuncian cada año, cerca de 3.000 al día, deberían actuar como acicate para concientizar. El volumen representa el 20 por ciento de todos los delitos registrados y, adicionalmente, una de cada 20 personas, es decir, más de dos millones, perpetrarán en algún momento de sus vidas un acto violento contra alguien del género femenino. Por si fuera poco, los datos alertan de que los autores son cada vez más jóvenes: la media de edad de los sospechosos de abuso sexual y explotación a menores es 15 años.
El estudio, publicado recientemente bajo el título ‘Informe de la Vigilancia Nacional de Violencia Contra Mujeres y Niñas’ (‘National Policing Statement for Violence Against Women and Girls’, en inglés), insiste en un aspecto que invita a despertar conciencias: los ejemplos cada vez más extremos no son casos aislados. Los firmantes, entre quienes figura el jefe de la Policía Metropolitana, el mayor cuerpo policial del país, advierten de que forman parte de una alarmante tendencia que se habría visto impulsada por el grave aumento de la misoginia en las redes sociales, con contenidos que preconizan una masculinidad tóxica, como los promovidos por el controvertido influencer británico Andrew Tate.
Los jefes policiales hablan de jóvenes que están siendo radicalizados online hacia doctrinas extremas que los propios comisarios califican de “terroríficas”, por lo que el colectivo ha pedido ya a los gigantes tecnológicos que hagan más para acabar con el veneno de la misoginia que se expande por la red. Los números contenidos en el informe sugieren que, efectivamente, algo está disparando los episodios: en un lustro, los datos de violencia contra mujeres y niñas aumentaron un 37 por ciento.
Los arrestos por delitos relacionados con el abuso doméstico, por su parte, se incrementaron en un 22 por ciento en el año transcurrido hasta marzo de 2023, mientras que en los doce meses que pasaron hasta diciembre, los cargos presentados por violación en la edad adulta se dispararon un 38 por ciento. En el caso infantil, las estadísticas son más aterradoras todavía: los casos de abuso sexual y de explotación aumentaron un 435 por ciento en la década comprendida entre 2013 y 2022.
Por todo, la responsable del área de violencia contra mujeres y niñas en el NPCC, Maggie Blyth, ha hecho un llamamiento a la sociedad para “avanzar” y dejar de considerar esta lacra como “algo inevitable”. La tendencia admite, tan solo está yendo a peor, y el sistema judicial no solo está “sobrepasado”, sino que le está fallando a las víctimas. Según ella, el alcance del problema es tal que no se puede abordar únicamente desde la perspectiva de la ley, por lo que apela a consolidar un sistema integrado, que garantice el apoyo con policías con conocimientos especializados y formación específica.