Era la noticia del día. Una jueza había denegado medidas de protección y, seis días después, habían asesinado a la víctima. Los abogados habituales de la Ciudad de la Justicia de Málaga no necesitaban muchos datos para adivinar qué juzgado de Violencia contra la Mujer había sido: “No me lo digas, el número 3“, “Me la juego, el 3”. Todos acertaron. La magistrada es conocida por decisiones polémicas o blandas. Le precede su forma de actuar y, tanto letrados como víctimas, temen que les toque este juzgado. A pesar de su fama y, de su error con consecuencias fatales, el sistema no contempla un mecanismo de reprobación, investigación o medida que controle los errores judiciales de gran calado.
“No existe más control que los recursos”
Así lo explica la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: “Se puede presentar una queja a través de la web del Consejo General del Poder Judicial, como cuando colapsó la página por la actuación del juez Carretero. Es decir, se puede advertir si los jueces no escuchan a las víctimas, si tratan mal a las mujeres o a los hijos, pero frente a resoluciones jurisdiccionales como denegar órdenes de protección, no existe más control que los recursos“.
Rosell apunta que “el CGPJ un admite todas las quejas que son materia jurisdiccional. En el recurso de apelación, en ningún caso la Audiencia Provincial habría resuelto en una semana, ni siquiera se habrían tramitado. Así que ese tipo de denegaciones de protección son prácticamente impunes“.
Málaga, 9 feb (EFE).- Dos mujeres se abrazan tras el minuto de silencio en la concentración espontánea de vecinos de Benalmádena, donde esta madrugada un hombre presuntamente ha matado a su pareja en presencia de sus hijos. EFE/Carlos Díaz.
“Se debe aplicar el derecho con perspectiva de género”
Lydia García Olcina, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que lo ocurrido se debe a que “no se ha aplicado el derecho con perspectiva de género”. En su opinión, “no se ha sabido leer el problema que tenía la víctima. La jueza no la escuchó con paciencia o no supo hacerle las preguntas adecuadas para que esta persona se abriera y contara todo lo que había sufrido durante diez años, así como la posibilidad de que ese hombre fuera capaz de agredir a sus hijos o de volver a agredirla a ella”.
García Olcina también echa en falta la atención emocional. Considera que, “si le hubieran dado la posibilidad de entrevistarse con una psicóloga que le hiciera un informe de valoración, se habría podido averiguar en qué estado se encontraba”. Destaca que “es fundamental tratar con mucha empatía a las víctimas porque llegan al juzgado bloqueadas y asustadas. Si se les hace una pregunta de manera inquisitiva o coactiva, o si perciben que se está minimizando lo que cuentan, se cerrarán en banda, porque además saben que sus hijos también están en peligro”.
“Nos estamos dando cuenta de que tienen miedo a poner una orden de protección”
La magistrada del Juzgado de Violencia número 3 está formada en violencia de género. “Se presupone que estos jueces deben estar especializados en violencia de género y, cuando se imparten los cursos en el CGPJ, se entiende que se hacen con perspectiva de género. Se les explica que esta es una jurisdicción especial porque trata temas que afectan a personas muy vulnerables y que las víctimas deben ser tratadas con sensibilidad”.
Sin embargo, García Olcina señala que “lo aprenden en la formación, pero luego llegan al juzgado y no sabemos qué pasa, por qué no se cree a las mujeres“. Además, confiesa que “lo ocurrido en este juzgado malagueño no es un caso aislado”. Afirma que “se están dando cuenta de que los jueces tienen miedo de dictar una orden de protección porque deben garantizar los derechos del padre, del marido, pero, en ese proceso, quienes quedan desprotegidos son los más vulnerables”.
Un hombre ha sido detenido este domingo en la localidad malagueña de Benalmádena por haber asesinado a su mujer en presencia de sus hijos
En cuanto a la posibilidad de sancionar o establecer un mecanismo de control en este tipo de casos, la vicepresidenta de Themis es clara. Desde la asociación consideran que “deberíamos poder presentarnos como parte perjudicada en estos procesos, en estas quejas, y pedir responsabilidades. Al menos, que se pudiera conseguir una reprobación“.
“¿Qué tipo de protección ha tenido esa familia?”
Por su parte, Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, considera que “el asesinato de Lina es otro ejemplo de que necesitamos una profunda revisión del sistema de protección”. Señala que “tenemos que exigir responsabilidades a las administraciones que no la protegieron y que, hasta que no consigamos que haya responsables, no vamos a avanzar. Han estado a punto de morir sus propios hijos“. Se pregunta “¿qué tipo de protección ha tenido esta familia?”.
Málaga, 9 feb (EFE).- Concentración espontánea de vecinos de Benalmádena, donde esta madrugada un hombre presuntamente ha matado a su pareja en presencia de sus hijos. EFE/Carlos Díaz.
Una vez más, Álvarez destaca la urgencia de revisar el sistema de protección. Explica que “todo comienza al interponer una denuncia, sigue con un juicio rápido en el que no se instruye ni se investiga a fondo y continúa con la intervención del sistema, que debería garantizar una respuesta institucional adecuada para la unidad familiar”.
Álvarez insiste en que “la violencia de género es un problema estructural que requiere una respuesta ágil y contundente”. Concluye que “ahora nos preocupan esos niños. Queremos suponer que tendrán a la institución a su lado para que se les restituya el daño y el dolor causados”.