El concepto de «madres protectoras» en este contexto puede llevar a equívoco. En primera instancia, cuando uno lo escucho, lo normal es pensar que se refiere a aquellas madres que protegen a sus hijos por encima de todo, incluso llegando a ser sobreprotectoras ―valga la redundancia―. A fin de cuentas, una madre es una madre. Proteger al hijo no es una tarea, sino una necesidad. Va más allá de la pura lógica.
Sin embargo, el concepto de madres protectoras en España no se refiere a eso, precisamente. Se trata de un grupo de mujeres que son presuntamente víctimas de violencia de género y consideran que sus exparejas son un peligro para sus propios hijos. Así pues, para evitar convertirlos en víctimas de la violencia vicaria, estas madres protectoras toman la decisión de alejar a sus niños de la expareja… incluso llegando a cometer delitos penales.
Durante los últimos años, ha habido muchos casos de madres protectoras en España que han trascendido el escenario privado y han encontrado tanto una resistencia feroz como una enorme avalancha de apoyo en el ámbito público. Navegamos por ese espacio mediático para recopilar los casos más famosos de estas madres protectoras que fueron un paso más allá para luchar por la seguridad de sus hijos siguiendo sus criterios.
El caso de Juana Rivas
Corría el año 2004 y Juana Rivas se encontraba en Londres. Allí conoció a Francesco Arcuri, un italiano oriundo del sur de Cerdeña. El amor sacudió a ambos con tanta fuerza que tan solo un año después nacía su primer hijo. Al siguiente, en 2006, los dos se trasladaron a Granada. Fue allí donde comenzaron los problemas.
En 2009, Juana Rivas denuncia a Francesco Arcuri por maltrato. A su vez, Arcuri hace lo propio. A pesar de las recomendaciones de su abogado, el hombre llega a un acuerdo de conformidad y acepta el delito de lesiones en el ámbito familiar. La sentencia absuelve a Juana Rivas de delito alguno y es condenado a tres meses de prisión y un año y tres meses de orden de alejamiento.
Para sorpresa de todos, la pareja se reconcilia y retoma su relación. De hecho, se marchan a vivir a Carloforte, una pequeña localidad en la Isla de San Pietro (Cerdeña). Es allí donde concebirán a su segundo hijo y donde vuelven a surgir los problemas. Lo dejan y lo retoman varias veces más. Nunca parecen dejarlo del todo, pero tampoco logran convivir en paz.
En mayo de 2016, Juana Rivas abandona Carloforte y vuelve a Granada junto a sus dos hijos. El pretexto era ver a su familia, pero la mujer no regresa a Cerdeña. Le dice a su expareja que está enferma y no puede regresar en la fecha prevista. Es entonces cuando estalla el caso de Juana Rivas, un tira y afloja entre su deseo de mantener a sus hijos alejados de Arcuri y la obligación legal de restituir a los niños a Italia.
El 27 de julio de 2018, Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a Arcuri y el pago de todos los costes del proceso judicial. Según el juez, Rivas había cometido dos delitos de sustracción de menores. No hubo ningún atenuante por maltrato.
No obstante, el 16 de noviembre de 2021 le concedieron a Juana Rivas un indulto parcial. Su pena se reducía a un año y tres meses de prisión, y se le conmutaba además la pena de inhabilitación de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos comunitarios.
El caso de María Sevilla
María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por secuestrar a su hijo y recluirlo en una finca de Cuenca. El niño estaba sin escolarizar y se le había prohibido cualquier contacto con su padre. Aquello sucedió en 2019, hace ahora cinco años.
«La acusada se instaló en diferentes puntos de España sin que el padre supiera dónde estaba, impidiendo con ello que el menor estuviera con su padre, así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían», sostuvo la Fiscalía en su momento.
Aunque María Sevilla juró y perjuró que su expareja la golpeaba y que incluso había abusado sexualmente de ella, todo ello quedó desestimado por la Justicia al no haber pruebas suficientes. Es más, el propio hijo afirmó que aquello no era cierto, que su madre se lo había inventado todo.
El caso de Irune Costumero
Irune Costumero fue condenada a 18 meses de prisión por colocar una grabadora en el bolsillo de su hija para espiar las conversaciones que tenía con su padre. Fue la propia abuela la que descubrió la grabadora encendida en la chaqueta de su nieta, al cogerla para guardarla y notar algo duro en su interior.
Para entonces, el dispositivo había grabado una hora de conversaciones privadas entre el padre, la abuela y las trabajadoras del centro foral. El Servicio de Menores le había quitado a la hija en 2017, sosteniendo que Irune Costumero sufría el síndrome de la alienación parental.
El caso de María Salmerón
El caso de María Salmerón es un caso muy particular dentro de las madres protectoras de España. Esta mujer, víctima de violencia machista por parte de su exmarido, fue condenada a cinco meses de cárcel por prohibir que su hija viera a su padre maltratador). Había cometido un delito de desobediencia por incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre. Un padre que, por otro lado, estaba condenado también a pena de cárcel por malos tratos hacía María Salmerón.