Una jueza de violencia contra la Mujer llega al juzgado por la mañana tiene sobre la mesa cinco asuntos, un número nada desdeñable. A partir del 3 de octubre, a esos cinco casos se le podrían sumar, por ejemplo, una agresión sexual de una niña por parte de su padre y un asunto de trata con fines de explotación sexual, donde se debe preconstituir la prueba para no revictimizar y por si las víctimas desaparecen tengas pruebas suficientes. Lo que ser convertirá en un jornada imposible.
Se trata de casos complejos. Así lo explica la magistrada del Juzgado de Violencia 1 de Getafe, Cira García Domínguez: “Tienes que escuchar a la víctima, y el problema es que son interrogatorios muy complicados. No puedes hacerlo en dos minutos, necesitas tiempo. Además, tendremos que tomar medidas cautelares, órdenes de protección y dictar prisión preventiva. No son delitos sencillos de enjuiciar”.
No es que los jueces no entiendan que están preparados para atender este tipo de delitos, sino que consideran que, sin un plan de acción, el resultado será catastrófico. “No decimos que esté mal que nos asignen la competencia a los juzgados de violencia porque la normativa establece que cualquier delito cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer es violencia contra las mujeres. Lo que estamos diciendo es que, si seguimos siendo el mismo número de jueces y funcionarios, lógicamente vamos a tener que atender diez asuntos en vez de cinco. ¿Cómo lo podemos hacer?”, se pregunta.
No se ha realizado ningún estudio o mapeo de los juzgados
En enero se aprobó la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece, como ya señalaba la Ley del “solo sí es sí”, que cualquier agresión sexual, mutilación genital, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual será asumido por los juzgados de violencia contra la mujer. El Ministerio de Justicia calculó que el incremento en la carga de trabajo será del veinte por ciento, pero los jueces especializados creen que esta cifra “se la han sacado de la manga“.
“No han llevado a cabo ningún tipo de estudio o mapeo de la situación de los juzgados, no han pedido estadísticas ni han analizado nada. Hay que tener en cuenta que seguimos trabajando prácticamente con los mismos juzgados que había en 2005, cuando se crearon los juzgados de violencia. A lo mejor en vez de haber 116, como ahora, había 103, pero no se ha incrementado la plantilla judicial en función del aumento de delitos y denuncias. Seguimos siendo los mismos“, insiste la magistrada.
Para García Domínguez, Justicia “ha hecho todo sin transparencia, sin ofrecer ningún tipo de información. Estamos en marzo, la reforma entra en vigor el 3 de octubre y aquí nadie ha creado nada ni ha dicho absolutamente nada”, denuncia.
Funcionarios formados que se irán a otros destinos
La carga de trabajo se multiplicará de tal manera que la jueza cree que muchos compañeros, tanto jueces como funcionarios, optarán por trasladarse a destinos más relajados. “Va a haber una estampida general, y es preocupante porque muchos llevan quizás dos décadas dedicados a estos asuntos. Tienen una formación, una experiencia, y puede que todo ese capital humano se pierda”, explica la magistrada.
García Domínguez hace cuentas: “En Madrid hay once juzgados de violencia sobre la mujer que van a tener que asumir las agresiones sexuales que actualmente llevan 100 juzgados de instrucción. Y estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, que no son delitos de tráfico”.
Sufrirán las víctimas
Sobre quién ocupará estas plazas actuales o reconvertidas, la jueza de violencia cree que “serán jueces o juezas interinas, personas que no accederán voluntariamente a estos juzgados porque no los van a querer. Y al final, ¿quiénes van a sufrir? Las víctimas, está claro. Aquí todo es urgente, porque tienes que adoptar una orden de alejamiento o atender a un detenido. Se trata de cuestiones que afectan a derechos personalísimos de las víctimas, como su libertad sexual y su integridad física. Esto no es algo que puedas dejar en un cajón para resolverlo más adelante. No se puede hacer así”, insiste la jueza.
Jueces de instrucción a los que no les gusta la materia y están descontentos
A Carlos Pascual, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 1 de Barcelona, no le convence la reconversión de los juzgados. “Van a venir jueces de instrucción a los que no les gusta esta materia y que, además, estarán descontentos. Nosotros, aunque la gente lo olvide, además de la instrucción tenemos competencias en Familia, y pueden llegar jueces que llevan 20 o 30 años sin juzgar casos de familia y sin que les guste el procedimiento. No me parece una buena idea. Y encima traerán consigo sus procedimientos en vigor, incluyendo macrocausas, delitos leves y otros asuntos. Me da la sensación de que esto será un desastre”.
Ante el plan del Ministerio de Justicia, el juez explica que “en Barcelona, los jueces de los números altos -de los juzgados de instrucción- están pidiendo vacantes en los números bajos para evitar ser trasladados a los juzgados de violencia. No todos lo conseguirán, y a algunos les tocará asumirlo a pesar de que no les guste”.
Pascual también advierte de que los jueces instructores “van a perder dinero. Es decir, van a cobrar menos en una materia que no les gusta, con procedimientos de familia que tampoco les interesan, cuando hay jueces jóvenes con ganas que sí querrían asumir estas plazas si se sacaran a concurso. No hay estrategia ni planificación. No tiene sentido”, concluye.