En junio de 2021, el Gobierno alemán, entonces gobernado por Angela Merkel, aprobó una ley ambiciosa: condenas de un año de prisión para cualquier persona que tuviera en su posesión contenido pornográfico infantil. Así, se situaban al mismo nivel que Italia, y por encima de España, donde las penas mínimas son de tres meses.
Experimento fallido. Tres años más tarde, el Ministerio de Justicia alemán ha tenido que reducir las penas a solo seis meses, citando varios problemas prácticos y judiciales que la ley original había generado. Si bien la propuesta de ley plantea reducir las penas mínimas, mantiene las máximas y sigue considerando la posesión de pornografía infantil un “delito muy grave”.
El Ministerio de Justicia alemán ha justificado ante Artículo14 que la propuesta permitiría a los jueces valorar la intencionalidad de quienes tienen o distribuyen material de ese tipo, ya que la legislación actual ha perjudicado judicialmente a personas que lo han recibido de forma involuntaria. Asimismo, asignar más recursos a la persecución e investigación de casos de “menos importancia” impide a las autoridades dedicar los recursos necesarios a casos de mayor calado.
“En junio de 2021, el delito de distribución, adquisición y posesión de contenido pornográfico infantil fue revisado fundamentalmente. La pena mínima se elevó a un año de prisión para todos los tipos de delito en el delito básico si el contenido muestra un evento real o realista. Sin embargo, el feedback de los tribunales y las fiscalías ha demostrado que existen constelaciones de casos en los que ya no es posible para los tribunales y las fiscalías imponer sanciones proporcionales al delito y la culpabilidad”, explicó a este periódico Rabea Bönnighausen, portavoz del Ministerio Federal de Justicia.
“La proporcionalidad de la pena mínima de un año de prisión era particularmente cuestionable si la persona acusada obviamente no había actuado por energía pedocriminal, sino en el caso, por el contrario, para detener, prevenir o aclarar otro delito, en particular la distribución posterior o la puesta a disposición pública de contenido pornográfico infantil”.
Bönnighausen aclaró que tales casos han ocurrido con especial frecuencia entre padres, maestros de niños mayores o adolescentes que han encontrado material pornográfico infantil en ellos y lo han pasado a otros padres, maestros o la dirección de la escuela para informarles del abuso.
Por eso, la ley requiere todavía más trabajo: una degradación a delito menor también es urgentemente necesaria para poder tratar con la gran proporción de jóvenes delincuentes de manera adecuada y con la flexibilidad necesaria. Porque según Bönnighausen, la estadistica indica que las personas involucradas generalmente no son pedófilos, sino que actúan por un supuesto impulso típico de la etapa de desarrollo de un joven, como la ingenuidad, la curiosidad, la sed de aventura o el deseo de presumir.
La reducción no beneficia en absoluto a los criminales culpables de pedofilia, ni a grupos pederastas. “No hay razón para hacerlo, porque se mantendrá el aumento de la pena máxima privativa de libertad a diez años para los delitos más graves bajo la Sección 184b (1) StGB, de modo que las personas que abusen sexualmente de niños, obtengan placer de tales representaciones o las difundan con fines lucrativos, por ejemplo, puedan seguir siendo castigadas con penas severas”, aclaró Bönnighausen.
Las penas por pornografía infantil en Europa
En comparación con el resto de la Unión Europea, Alemania cae más o menos en la media de penas por pornografía infantil y debería dedicar mayores esfuerzos a castigar estos crímenes. Las penas en Alemania varían entre 1 y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y la reincidencia. España presenta un marco legal menos riguroso, con penas de 1 a 5 años de prisión para la posesión de pornografía infantil. En casos agravados, como la pertenencia a organizaciones dedicadas a esta actividad o reincidencia, las penas pueden aumentar hasta entre 5 y 9 años.
Por su parte, Francia establece penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 75.000 euros para la posesión de pornografía infantil, con sanciones aún más severas para la distribución y producción de este material. Italia sanciona la posesión de pornografía infantil con penas de 1 a 6 años de prisión, y casos más graves, como la producción y distribución, pueden llevar a penas de hasta 12 años.
Suecia castiga la posesión de pornografía infantil con penas de hasta 2 años de prisión, y las penas son más severas para la distribución y producción del material. Mientras tanto, en los Países Bajos, la posesión de pornografía infantil puede llevar a penas de hasta 4 años de prisión, con multas adicionales y sanciones más severas para la distribución. Portugal impone penas de hasta 5 años de prisión para la posesión de pornografía infantil, con incrementos sustanciales para casos de producción y distribución.
En Finlandia, la posesión de pornografía infantil se castiga con penas de hasta 2 años de prisión, y hasta 6 años para la distribución y producción. Bélgica aplica penas de hasta 3 años de prisión para la posesión de pornografía infantil, mientras que la producción y distribución pueden llevar a penas de hasta 10 años.
Austria sanciona la posesión de material pornográfico infantil con penas de hasta 2 años de prisión, mientras que la distribución y producción se castigan con penas más severas, de hasta 10 años. En Irlanda, la posesión de pornografía infantil conlleva penas de hasta 5 años de prisión, y Dinamarca impone penas de hasta 2 años de prisión para la posesión de pornografía infantil, mientras que la distribución y producción pueden ser castigadas con penas de hasta 6 años.
Grecia establece penas de hasta 5 años de prisión para la posesión de pornografía infantil, con sanciones más severas para la distribución y producción. Hungría castiga la posesión de pornografía infantil con penas que oscilan entre 1 y 5 años de prisión, mientras que la producción y distribución pueden llevar a penas de hasta 10 años. Por último, Polonia sanciona la posesión de pornografía infantil con penas de hasta 5 años de prisión, y las penas aumentan significativamente en casos de distribución y producción, llegando hasta 12 años.