El recién aprobado anteproyecto de ley de control parental en España establece un marco integral para garantizar la protección de los menores en el entorno digital. Esta legislación obliga a los fabricantes de dispositivos como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y computadoras a incorporar funciones de control parental de fácil acceso para los padres. De esta manera, los progenitores podrán decidir de manera sencilla qué aplicaciones, servicios y contenidos pueden acceder sus hijos a través de estos dispositivos.
Además de las medidas de control parental, la ley española contempla la implementación de un programa de alfabetización digital destinado a ayudar a los jóvenes a identificar la desinformación en línea. También se introduce un nuevo método de clasificación de contenidos para indicar si son aptos o no para menores de edad, así como alertas accesibles para personas con discapacidades. Esta legislación será acompañada por un informe elaborado por un comité de 50 expertos sobre el impacto de los entornos digitales en los menores, destacando que, según datos de UNICEF, los niños obtienen su primer teléfono móvil en promedio a los 11 años de edad, con un alto uso de teléfonos inteligentes entre los adolescentes.
Pero, ¿cómo se compara España al resto de países de la Unión Europea? Con este nuevo avance, sube unos cuantos puestos en el ranking de países que más protegen a sus menores en el ámbito digital, pero sigue lejos de países de su entorno como Francia, Alemania y Austria, líderes en protección digital de menores debido a sus organismos coordinadores y políticas centralizadas. Otros países, como Bélgica y Rumania, adoptan enfoques más descentralizados, y algunos como ahora España y Suecia tienen múltiples organismos que complican la coordinación eficiente.
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Clasificación por países
En la cima del ranking se encuentran los países del Grupo 1, que cuentan con organismos coordinadores dedicados específicamente al uso de internet por parte de menores. Estos países demuestran un enfoque más centralizado y organizado para abordar la protección en línea de los niños. Destacan Francia, Austria, Alemania, Grecia, Italia y Países Bajos, los cuales han implementado medidas sólidas en esta área.
Por ejemplo, Francia ha establecido una autoridad nacional llamada “Défenseur des Droits” que supervisa y promueve los derechos de los niños, incluidos los relacionados con el mundo digital. Se trata de es una institución independiente que tiene como objetivo proteger y promover los derechos de todas las personas, incluidos los niños, en Francia. Supervisa y vela por el respeto de los derechos de los niños en diversas áreas, incluido el ámbito digital. También aboga por el “interés superior del niño” como un principio fundamental en todas las decisiones y políticas que afectan a los menores.
En marzo de 2022, promulgó una ley que obliga a los fabricantes de dispositivos (como teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, PC y televisores inteligentes) a incluir sistemas de control parental preinstalados. Estos sistemas permiten a los padres activar restricciones en el acceso a contenidos dañinos. Por otra parte, la comisión especial encargada de estudiar la hiperconexión involuntaria de los niños recomendó prohibir el uso de teléfonos móviles hasta los 11 años y restringir el acceso a Internet hasta los 13 años. A partir de los 15 años, se propone permitir el acceso solo a redes “éticas” como Mastodon o Bluesky.
Su presidente Emmanuel Macron considerado los controles parentales tema de importante mención en su campaña. En un discurso en la Universidad de la Sorbona en París, Macron expresó su postura a favor de establecer los 15 años como la edad de mayoría digital en Europa: “Estoy a favor de que la mayoría digital sea a los 15 años en Europa. Antes de los 15 años, debería haber control parental sobre el acceso a este espacio digital. Si el contenido no está verificado, este acceso produce todo tipo de riesgos y distorsiones mentales, lo que puede justificar todo tipo de odios”.
Macron hizo estas declaraciones tras varios incidentes violentos ocurridos en Francia en los últimos años, que involucraron el acceso de menores a internet, incluyendo la decapitación en 2020 del profesor Samuel Paty por mostrar caricaturas del Profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. El atacante de 18 años se había radicalizado al enterarse de la clase por publicaciones en redes sociales. Además, se cree que las aplicaciones de redes sociales como TikTok jugaron un papel en los disturbios que se extendieron por varias ciudades de Francia después de que la policía matara a un adolescente durante un control de tráfico en un suburbio de París en 2023.
Francia se destaca aún más al exigir, en algunos casos, que los propios niños participen en el proceso de consentimiento junto con sus padres o tutores legales. Esta práctica promueve la autonomía y la conciencia sobre la privacidad de datos desde edades tempranas, lo que se considera una gran ventaja en la era digital actual. Además, Francia ha implementado programas educativos para fomentar la alfabetización digital y el uso responsable de internet entre los menores. El gobierno francés también ha colaborado estrechamente con empresas tecnológicas y proveedores de servicios en línea para desarrollar herramientas y funciones de control parental efectivas.
Alemania, por su parte, cuenta con el “Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien” que revisa y clasifica contenidos para proteger a los menores. En Italia, el “Comitato Media e Minori” coordina las políticas y acciones para la protección de menores en los medios, similares a la organizacion francesa.
En el segundo escalón del ranking se encuentran los países del Grupo 2, donde las políticas relacionadas con el uso de internet por menores están integradas en marcos más amplios, sin un organismo coordinador formal específico. Países como Bélgica, Croacia, Rumania y Eslovenia adoptan este enfoque más descentralizado, lo que puede presentar desafíos en la coordinación y la implementación de medidas específicas para la protección en línea de los niños. En Bélgica, por ejemplo, las políticas de control parental se abordan a través de leyes más generales sobre medios de comunicación y telecomunicaciones. En Rumania, las regulaciones sobre el uso de internet por menores se incluyen en estrategias nacionales de seguridad cibernética y protección de datos.
Otros países como Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Portugal y Eslovaquia implementan estrategias nacionales, actualizaciones de códigos penales y guías específicas para abordar estos temas, lo que los coloca en una posición favorable en cuanto a la protección de menores en línea. Por ejemplo, Chipre cuenta con una estrategia nacional para un mejor internet para niños, mientras que Dinamarca ha actualizado su Código Penal con disposiciones de protección infantil. En Portugal, se implementa la Estrategia BIK (Mejor Internet para Niños) a través de su Centro Más Seguro de Internet.
En el tercer grupo se encuentran países como Luxemburgo, Malta, España (con su nueva ley) y Suecia, los cuales tienen múltiples organismos coordinadores para las políticas relacionadas con los niños y el uso de internet. Esta estructura de gobernanza más compleja puede presentar desafíos en la coordinación y la implementación eficiente de medidas de protección.
Finalmente, los países que se encuentran en la parte inferior del ranking son aquellos que carecen de un marco político integral y dedicado específicamente a la protección de menores en línea, como Bulgaria, Hungría, Letonia y Polonia. Estos países suelen carecer de organismos coordinadores específicos y de leyes y regulaciones integrales en esta materia. Sin embargo, es importante destacar que aún así se benefician de las disposiciones generales del RGPD en cuanto a la protección de datos de menores.
Normativa generalizada
También es importante destacar que todos los países de la UE se benefician de la protección de datos establecida por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual establece requisitos y salvaguardas específicas para el tratamiento de datos de menores, como la necesidad de obtener el consentimiento de los padres o tutores legales. Además, el RGPD otorga a los menores derechos como el acceso, la rectificación y el borrado de sus datos personales, y prohíbe el perfilado de menores con fines publicitarios.
Todos estos países también se ciñen a una serie de leyes internacionales de protección digital de los menores, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que sienta los principios generales para salvaguardar los derechos de los niños, aplicables también en el ámbito online. El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual contempla medidas preventivas relacionadas con internet, como la sensibilización a menores sobre riesgos en línea y la enseñanza de autoprotección.
También está la Directiva 2011/93/UE sobre la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil criminaliza conductas como la captación de menores con fines sexuales online (ciberacoso sexual) y el turismo sexual de delincuentes que cometen delitos en el extranjero. La Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención de la trata de seres humanos también es clave, al establecer normas contra la trata de menores con fines de explotación sexual facilitada por medios digitales.