Durante los últimos años, la política española ha estado marcada por múltiples escándalos que trascienden el ámbito de las decisiones gubernamentales o las disputas ideológicas. La sombra de la violencia machista ha caído sobre varios de sus actores principales y ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia entre algunos representantes públicos. Si bien las figuras políticas deberían ser un modelo de conducta intachable, algunos casos recientes han puesto en entredicho esa premisa. Íñigo Errejón, hasta hace poco portavoz de Sumar, es el ejemplo más reciente. Su dimisión en medio de acusaciones de comportamiento machista ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ética de los líderes políticos.
No obstante, Errejón no es el único en enfrentarse a acusaciones de este tipo. A lo largo de los últimos años, varios políticos han sido señalados por comportamientos inadecuados que van desde el acoso hasta agresiones más graves. Estos casos sacuden la credibilidad de los partidos, obviamente. Pero también provocan una reflexión profunda en la sociedad sobre la impunidad y la falta de ejemplaridad en la clase política. El caso de Errejón, lejos de ser un incidente aislado, se suma a una lista que incluye a figuras destacadas tanto de la izquierda como de la derecha política.
Juan Carlos Fernández (PP)
El Partido Popular de Ourense informó el pasado mes que Juan Carlos Fernández, concejal del municipio de Ribadavia, decidió renunciar a sus cargos en el Ayuntamiento y solicitó la baja del partido tras ser detenido por un caso de violencia machista. Según un comunicado del PP, Fernández presentó su dimisión al alcalde César Fernández Gil y registró formalmente su salida. Arguyó que este era el mejor paso para evitar dañar la imagen del Ayuntamiento y del Gobierno municipal. Además, solicitó su baja del partido para tener la libertad necesaria para afrontar el proceso judicial y demostrar su inocencia.
Juan Carlos Fernández fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con medidas cautelares que le impiden acercarse o comunicarse con la víctima. A pesar de su situación legal, el concejal participó en una reunión de la junta de gobierno local antes de hacer efectiva su renuncia. Los hechos ocurrieron la noche de un domingo y, tras conocerse su detención, el PP reaccionó con rapidez comunicando la salida de Fernández del Gobierno local y del partido. Fernández había sido responsable de áreas como Servizos, Parques y Jardines dentro del Ayuntamiento de Ribadavia. Otro caso similar al de Errejón, pero sin el componente nacional ni la dimensión del Congreso.
Ángel Hernández (PSOE)
Ángel Hernández, exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, renunció a todos sus cargos políticos y públicos tras ser detenido por presuntos delitos de violencia machista: amenazas, acoso, coacciones y maltrato. Hernández fue arrestado tras un incidente en el que, según las acusaciones, gritó y golpeó repetidamente la puerta de la vivienda de su pareja. Tras declarar en el Juzgado de Soria, fue puesto en libertad con medidas cautelares que le prohíben acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella. Además, se le imputaron cargos por resistencia a la autoridad.
En un comunicado, Hernández expresó que su dimisión es irrevocable y fue tomada para evitar causar daño al PSOE y al proyecto que defiende. Asimismo, solicitó su baja del partido, aunque reiteró su compromiso con Soria. Agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por el proceso judicial, refiriéndose a los días recientes como “muy complicados”. Hernández también dejó su acta de procurador y renunció a su cargo en la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista, así como a su vocalía en la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León.
Javier Liso (Vox)
Javier Liso Salesa, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, presentó su dimisión y puso su acta a disposición del partido tras ser condenado por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia machista. Esta condena se derivó de un juicio rápido tras una denuncia presentada por su pareja. El edil mostró su conformidad con la sentencia. En su lugar, ocupó el puesto en el consistorio María Jesús Salvatierra Gordillo, quien era la siguiente en la lista electoral de Vox en las últimas elecciones locales, según el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Javier Liso sonríe y enseña el pulgar a la cámara durante un acto de Vox | X
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Badajoz impuso a Liso una condena de 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad, junto con una prohibición de 16 meses para acercarse o comunicarse con la víctima, y dos años sin poder poseer armas. Tras conocerse la sentencia, los partidos del Ayuntamiento, incluido Vox, le solicitaron que renunciara a su acta de concejal para preservar la imagen del consistorio. Este caso de violencia machista se asemeja en ese sentido al de Errejón. A fin de cuentas, a Errejón también le han forzado a dimitir desde Sumar.
Miguel Ángel Bustamante (IU)
El Tribunal Supremo instó al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) a resolver con urgencia la orden de protección solicitada por la esposa de Miguel Ángel Bustamante, exdiputado de Izquierda Unida, quien fue denunciado por maltrato. Tras hacerse pública la denuncia, IU suspendió de manera inmediata a Bustamante de su militancia, argumentando la gravedad de las informaciones aparecidas en prensa. Bustamante anunció su dimisión del Congreso, acogiéndose a los estatutos del partido, lo que implicó la pérdida de su condición de aforado. Una situación similar a la que vive Errejón.
La renuncia de Bustamante supuso que entonces sería juzgado en la vía penal ordinaria, ya que no será el Tribunal Supremo quien lo procese. A pesar de la denuncia por malos tratos, lesiones, coacciones y amenazas, así como la existencia de un parte médico que acredita daños físicos, el exdiputado ha reiterado su inocencia en repetidas ocasiones.
El caso Nevenka Fernández (PP)
Foto de archivo del año 2002 en el que Nevenka habla de la denuncia por acoso sexual a Ismael Álvarez frente a los medios | EFE
El caso Nevenka Fernández marcó un hito en la historia judicial y social de España. En 2001, Nevenka, entonces concejala de Hacienda en Ponferrada (León), denunció al alcalde Ismael Álvarez de su mismo partido (PP) por acoso sexual. Esta fue la primera vez que un político fue condenado por este tipo de delito en España. El tribunal falló a favor de Nevenka y sentenció a Álvarez por acoso. Sin embargo, ella se enfrentó a una gran hostilidad social y llegó a abandonar su cargo y el país. El caso evidenció el machismo imperante en la sociedad y en el ámbito político. Y, aunque Álvarez fue condenado y obligado a dimitir en 2002, regresó a la política años después. Mientras tanto, Nevenka tuvo que reconstruir su vida lejos de Ponferrada