El amor no siempre dura y hay veces en las que nunca ha habido amor, sino maltrato. En cualquiera de los dos casos cuando se decide poner fin a un matrimonio con hijos en común los datos son preocupantes. En tres de cada diez divorcios se incumple la obligación de abonar la pensión alimentaria y los acuerdos de visitas, según los datos de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa).
¿Qué pueden hacer estas víctimas de violencia económica si su pareja no cumple con lo acordado? La abogada, Carolina Castro, explica que existen dos vías por las que se puede reclamar: La penal y la civil. En la penal, se alude al artículo 227 del Código Penal que tipifica como delito la conducta de impago durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de cualquier tipo de prestación económica, establecida en favor del cónyuge o de los hijos en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal o divorcio. La particularidad de la denuncia penal es que tiene que existir dolo, la voluntad de no pagar aunque sí se tengan recursos. Apenas tiene consecuencias a pesar de que es un delito que está castigado con cárcel, aunque las penas son baja y apenas entran en prisión por este motivo. Sale bastante gratuito
Es un proceso es muy lento
En la vía civil no tienes que esperar dos meses o cuatro alternos para poder actuar. Del 1 al 5 de cada mes se debe abonar la manutención, si no se hace, el día 6 se puede interponer una demanda de ejecución de sentencia, se pueden ir acumulando pensiones debidas y si se sigue sin abonar, se dicta un auto despachando ejecución. Si con todas esas acciones el impago continúa le embargan al ex cónyuge sus bienes ya sea dinero en las cuentas, acciones, coches, vivienda…
Aunque los procedimientos y la ley son sencillos, en la práctica es un proceso largo. “Todo se duerme en los juzgados, se ralentiza, se crea un cuello de botella. En ocasiones se llevan a cabo distintas triquiñuelas para que no se pueda cobrar, los obligados a pagar se van descapitalizando, y si no tienen nada a su nombre, no se puede hacer nada“, cuenta Castro.
Cuando se embarga, por ejemplo, una vivienda a efectos prácticos tampoco sirve de mucho porque la víctima sigue sin cobrar . “En ese caso se tiene que instar otro procedimientos para que se ejecute ese embargo y se saque la casa a subasta”, apunta. Mientras, estas mujeres tienen que hacer frente a todos gastos en solitario, asfixiadas. Una forma más de violencia, en este caso, económica.
Descapitalizarse y ocultar el patrimonio
Y si sabemos que nuestra ex pareja tiene posibles, pero los está escondiendo, ¿qué se puede hacer? En numerosas ocasiones las propias víctimas son conscientes del alto nivel de vida que mantienen sus ex parejas, pero para poder demostrar que están ocultando el patrimonio hay que investigar. Solo se puede instar a la averiguación patrimonial del obligado al pago, no de su entorno, con lo cual, si el acusado lo ha puesto a nombre de su madre o cobra a través de la empresa de otro familiar no se puede demostrar. Para eso muchas víctimas optan por contratar un detective para demostrar que su estilo de vida no se corresponde con lo que asegura en sede judicial, pero estos servicios son caros y no todas las afectadas pueden asumirlos. Solo se investiga al entorno en casos flagrantes. Castro señala que confrontan dos derechos fundamentales el del derecho a la intimidad y el derecho a cobrar la manutención.
Una media de tres años en solucionarse
Según las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, estas demandas tardan una media de dos años y once meses en hacerse efectivas. “Se trata de un tiempo excesivo en la vida de una familia. ¿Cómo puedes criarlos sin dinero suficiente?”, se pregunta la presidenta de Aeafa, Dolores López Muelas. “Provocan un efecto desolador. No en vano se habla de violencia económica como una situación de maltrato en tanto que puede tener un fuerte impacto en la salud mental y en el bienestar psicológico del progenitor, que, a su vez, puede condicionar el bienestar y desarrollo emocional de los hijos”, insiste López Muelas.
Una táctica de control con consecuencias en la salud
Sobre lo que hay detrás de estas estrategias, Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, tiene claro que “la consecuencia principal de la violencia económica es impedir que la víctima se pueda alejar de la relación abusiva, es decir, siguen abonando la dependencia. Al no ser autosuficiente, se ve enfrentada a distintas barreras al querer terminar con la relación. En el caso del incumplimiento de las medidas que impone el o la jueza sobre la pensión de alimentos las consecuencias es un control por parte del victimario. Ellos lo tienen claro: voy a seguir controlándote y voy a seguir machacándote. El resultado es de nuevo una sensación de sometimiento de continuidad del control. La violencia económica es violencia psicológica porque es otra forma más de control hacia ella y hacia sus hijos e hijas. Además, de la situación de no llegar a fin de mes, que genera más angustia todavía”, apunta.
La incertidumbre y el no tener cómo hacer frente a los gastos provoca a estas víctimas “un alto nivel de preocupación, de estrés mantenido. Se encuentran en una situación en la que no ven salida. El estado de ansiedad es terrible, casi todas presentan un cuadro ansioso depresivo con secuelas graves en su salud como arritmias, problemas gastrointestinales, migrañas, problemas alimentarios e insomnio, entre otros”, insiste Álvarez.
