Los Comités de Crisis se convocan cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género y violencia vicaria en un mes. El de hoy, ya estaba previsto antes de la jornada negra de este fin de semana en el que tres maltratadores han asesinado a cuatro mujeres y dos niños pequeños. Por eso las asociaciones de víctimas se preguntan por qué hay que esperar a un número elevado de víctimas para analizar los errores. “Los Comités de crisis deberían ser continuos porque los crímenes machistas son continuos”, se queja Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna.
Estos gabinetes de emergencia se crearon en junio de 2022 de la mano de la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, que pactó con las comunidades autónomas analizar en profundidad los errores institucionales de los asesinatos machistas e intentar solventarlos. Las delegaciones y subdelegaciones realizan unos informes que realizan sus unidades de violencia o coordinación y se trasladan al Comité que lo forman representantes de distintos ministerios como Igualdad, Interior, Justicia y Sanidad, así como la Fiscalía de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia de las comunidades autónomas en las que se han producido los asesinatos. Después, se analiza caso por caso y los agentes involucrados explican por qué se tomaron las decisiones correspondientes hasta determinar qué ha fallado.
Coordinación a nivel estatal, no por comunidades
“¿Dónde están los miles de millones de euros de la estrategia contra la violencia machista que se aprobó hace dos años?”, se pregunta Álvarez e insiste: “Faltan medios, recursos de seguimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado, una inversión potente en las escuelas y falta de una revisión exhausta de todos los agentes que trabajan con las víctimas. Otro de los temas que preocupan a la presidenta de Alanna es que no hay coordinación entre las instituciones. “Necesitamos más coordinación entre Educacion, Sanidad, los centros de crisis, las casas de acogida, las Fuerzas de Seguridad, pero a nivel estatal no por comunidades“, advierte. Álvarez solo quiere que se cumpla con el eslogan de una campaña publicitaria que decía, “Denuncia, hay salida”. “Falta que sea real porque fallan muchas cosas y hasta que no haya un enfoque de género, infancia y trauma en todas las administraciones públicas esto no va a funcionar. La violencia machista es una cuestión de Estado”, subraya.
Que los políticos cumplan lo que prometen
Natalia Morlas, de la asociación Somos Más cree que “el comité va a tener muchísimo trabajo”. Tiene claro qué errores se están cometiendo. “Falla que se pone el foco en las víctimas y no en ellos, en los maltratadores. Falla que necesitamos más policías específicamente formados con sus comisarías correspondientes. Falla que no hay alojamiento para acoger a todas las mujeres y sus criaturas que lo necesitan. Necesitamos que esos políticos que se rasgan las vestiduras delante de las cámaras cuando se apaguen los focos, cumplan lo que prometen, que no lo hacen”, denuncia. Además, para Morlas es importante que se cuente con las propias víctimas supervivientes y su “desgraciada” experiencia para ayudar a desarrollar planes, protocolos y para mejorar la atención a las víctimas. “Fallan y faltan muchísimas más cosas, y sobre todo, falta voluntad para poner soluciones“, apunta.
Formación a cualquiera que vaya a tratar con víctimas
Para Olga Caldera, presidenta de la asociación AMAR el fallo más importante se encuentra en el sistema judicial, en el trato a las víctimas y las penas a los maltratadores. Considera que no se valora el daño emocional a estas mujeres y sus hijos y pide leyes más severas. Señala además, la importancia de la formación de “cualquier profesional que vaya a tratar con víctimas. Es imprescindible“, repite. Y por supuesto, que se proteja mejor a las estas mujeres y a sus hijos. “Se deberían dar más órdenes de alejamiento, últimamente se dan pocas”, señala.
Falla todo
Rosalía González de la asociación MAMI, considera que “falla todo. Fallan los abogados de oficio, los juicios rápidos, los jueces que no dan órdenes de alejamiento, pero sí visitas a maltratadores, fallan los servicios sociales y psicosociales, si un niño manifiesta que no quiere ir con su madre se le cree y no hacen nada para revincularlos. Si un niño manifiesta no querer ir con el padre automáticamente alegan Síndrome de Alienación Parental o manipulación arrancando ese hijo y dándoselo al padre. Falla todo el sistema”, repite.