Existen 4.775 dispositivos electrónicos de seguimiento activos en la actualidad, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos dispositivos, más conocidos como pulseras de control telemático, son los que se ponen a los agresores con una orden de alejamiento para “verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género y por violencia sexual en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización”.
Una de estas pulseras la tenía Mahdi, el maltratador de Amal y sus dos hijos. Tenía prohibido acercarse a ella a menos de 300 metros. Sin embargo, el sistema falló. Pudo entrar en su casa y matarla a ella, a su hijo de ocho años y a su hija de tres. Montserrat Luezas, abogada especializada en violencia de género, asegura que el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento “es algo muy habitual que ve todos los días en los juzgados de violencia sobre la mujer“.
Luezas explica que estas órdenes se ponen a aquellas víctimas que se catalogan como nivel “alto” o “extremo”. También las suelen poner a algunas víctimas catalogadas en nivel “medio”. Es decir, a aquellas que se considera que su vida está en peligro por actuación de su agresor. Sin embargo, como el maltratador sigue siendo “presunto” hasta la celebración del juicio, él sigue libre dado que las órdenes de alejamiento son “una medida cautelar” que tiene como objetivo “proteger a la víctima teniendo en cuenta la presunción de inocencia del agresor”. Esto se solucionaría con la prisión provisional. No obstante, la abogada cuenta que esta medida solo se interpone “en casos gravísimos en los que hay una alarma social evidente o riesgo de fuga”.
El quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, en persona o por redes sociales
La orden de alejamiento también evita que el agresor se pueda poner en contacto con la víctima. Sin embargo, es común que les llamen al teléfono o que publiquen algo en sus redes sociales: “No hace falta ni que la mujer conteste, ni si quiera que lo haya leído”, explica Luezas.
No obstante, la pena es menor si el contacto es online y no en persona: “Las penas funcionan por horquilla y se decide en base a las normas de aplicación del Código Penal”. Pese a todo, la experta en violencia de género asegura que “el seguimiento físico también es muy habitual”.
Medidas para acabar con el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento
Para Gregorio Gómez, cofundador de la asociación ALMA contra la violencia de género, todo parte de un error del sistema: “Somos demasiado permisivos con los delincuentes“. Si las leyes mejoraran, él cree que asesinatos como el de Amal se podrían evitar “siendo un poco más restrictivos con los agresores”. Por ejemplo, plantea una solución: “Si el maltratador se hubiera tenido que ir del pueblo, no hubiera cometido el asesinato”.
Sin embargo, en lugar de eso, la orden de alejamiento se fija en 300 metros. Gómez asegura que, si estuviera en su mano, la fijaría en dos kilómetros. Solo de esta manera, los agresores podrían dejar tranquilas a las víctimas en su día a día. Esto sigue ocurriendo porque las pulseras se han convertido en una medida de control que los maltratadores usan para ejercer el miedo sobre sus víctimas: “Han aprendido a usar la pulsera para hacerle daño a ella. Conocen sus rutinas y se acercan lo máximo posible al lugar donde ellas estén solo para meterles miedo en el cuerpo”.
Montserrat Luezas piensa que los asesinatos “disminuirían drásticamente si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvieran protegiendo a la víctima en todo momento”. Una medida que concuerda con el pensamiento de Gómez: “Todos los casos deberían empezar con riesgo extremo con todas las medidas cautelares y, a partir de ahí, ir bajando”.
La abogada también cree que el caso de Amal se podría haber evitado “si las instituciones y las administraciones funcionaran mejor“. No obstante, según su experiencia también reconoce que “es imposible evitar el delito al cien por cien”. Ella insiste en que “se pueden mejorar los seguimientos que se hacen a las víctimas. Dejan mucho que desear”. Además, añade que “hay que dedicar más partidas presupuestarias a nivel nacional y autonómico para la protección de las madres y los hijos”.