Ella, que sufrió en carne propia los estragos del uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los tribunales, ha querido compartir su historia, pero nos ha pedido que la llamemos Rosario. En 2018, Rosario denunció a su expareja por violencia psicológica y física y solicitó restringir el régimen de visitas de su hija, entonces de cinco años, tras notar que, después de estar con su padre, la niña regresaba con comportamientos extraños y episodios de ansiedad. Pero las pruebas que presentó, incluido un informe psicológico que señalaba el miedo de la niña hacia su progenitor, no se tuvieron en cuenta. El abogado de su expareja presentó un informe pericial que acusaba a Rosario de manipular emocionalmente a su hija para separarla del padre. “Me acusaron de manipular a mi hija, diciendo que era yo quien le metía ideas en la cabeza. Usaron esa palabra: alienación. Todo por intentar protegerla”, relata Rosario.
“Este sistema no está diseñado para proteger a los menores, sino para castigar a las madres que alzan la voz”
El tribunal ordenó la custodia compartida y visitas sin supervisión, a pesar de las denuncias previas. Rosario recuerda lo doloroso que era entregar a su hija: “El miedo de la niña fue ignorado porque se asumió que era culpa mía. Pero yo no tenía control sobre sus ataques de pánico cuando volvía del fin de semana con él”. Con el tiempo, Rosario logró recuperar la custodia exclusiva tras presentar nuevas denuncias y apelaciones, pero el proceso judicial fue largo y desgastante. “Perdí dos años de lucha, y mi hija sufrió las consecuencias. Este sistema no está diseñado para proteger a los menores, sino para castigar a las madres que alzan la voz”.
El caso de Rosario refleja el impacto que tiene el uso del SAP en los tribunales, donde, según han denunciado organizaciones como Save the Children, se prioriza el mantenimiento de la relación parental sobre la seguridad de los menores y las pruebas de abuso.
La ONU advierte
En España, el SAP ha sido objeto de controversia durante años. Aunque el Congreso de los Diputados aprobó en 2021 la eliminación de cualquier referencia al SAP en el marco legal, incluidos los informes periciales, este concepto continúa infiltrándose en los tribunales bajo otros términos, como “interferencias parentales”, “manipulación emocional” o “conflictos de lealtades”.
Un informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Reem Alsalem, publicado en 2022, denunció que el sistema judicial español sigue recurriendo al SAP para desestimar denuncias de violencia de género. Según la relatora, esta práctica no solo vulnera los derechos de las mujeres, sino que también expone a los menores a situaciones de peligro al forzarlos a mantener contacto con progenitores acusados de abuso.
En más del 70% de los casos el progenitor que acusa suele ser el denunciado por violencia
Diversos colectivos, como la Federación de Mujeres Progresistas y asociaciones de defensa de los derechos de los menores, han señalado que los tribunales españoles siguen utilizando argumentos basados en el SAP para justificar decisiones de custodia compartida o visitas forzadas, incluso en casos con antecedentes de violencia de género o abuso. Según datos de estas organizaciones, en más del 70% de los casos en los que se alega alienación parental, el progenitor que acusa suele ser el denunciado por violencia.
Ahora, el Ministerio de Juventud e Infancia ha propuesto prohibir el uso del SAP en los tribunales mediante una modificación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi). El lunes, el departamento liderado por Sira Rego inició el trámite de consulta pública previa para reformar esta normativa, con el objetivo de reforzar la protección de los menores. “Es un paso imprescindible y llega demasiado tarde para muchas familias, pero al menos puede evitar que otras pasen por lo que yo viví”, afirma Rosario al conocer la iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia. “El SAP no sólo destruye a las madres que intentamos proteger a nuestros hijos; también pone en peligro a los menores. Es hora de que los tribunales dejen de usar estas teorías sin base científica como excusa para ignorar el abuso. Espero que esta reforma sea el principio de un sistema que realmente escuche y proteja a los más vulnerables”.
“Ojalá nadie más tenga que pasar por lo que mi hija y yo vivimos”
Desde Save the Children llevan años advirtiendo que, en muchos casos, los menores son obligados a mantener contacto con progenitores violentos bajo el argumento de evitar la alienación parental. No son los únicos. Otro informe de Amnistía Internacional de 2023 denuncia que en España aún se dictan resoluciones judiciales que priorizan el mantenimiento de la relación parental por encima del bienestar y la protección de los menores, incluso en casos con indicios de violencia. La organización critica que el sistema judicial, al recurrir a conceptos como el SAP, perpetúa una visión adultocéntrica que ignora las necesidades y vulnerabilidades de los niños, dejándolos desprotegidos frente al abuso.
“Aún queda mucho por hacer para garantizar que la justicia deje de mirar hacia otro lado cuando hay abusos. Ojalá nadie más tenga que pasar por lo que mi hija y yo vivimos. El bienestar de los menores nunca debería quedar en segundo plano”, concluye Rosario. Su testimonio es una llamada urgente de quien durante años, semana tras semana, tuvo que entregar a su hija a un maltratador.