La derecha española no se resigna a vivir en el siglo XXI. Se empeña en retrotraerse a épocas pasadas y superadas en las que las mujeres estábamos subyugadas al dominio patriarcal, empoderado al amparo de la dictadura. Así se desprende de las últimas andanadas de la alianza de las derechas en Comunidades Autónomas como la valenciana o la balear. Desde la inscripción de una asociación de hombres maltratados hasta la prevención de los divorcios.
A nadie se le escapa la apología negacionista de la violencia de género que se esconde tras iniciativas como estas, que cuentan lamentablemente con el aval de los populares. Y tampoco debemos pasar por alto la desprotección de las verdaderas víctimas de la violencia machista, tanto mujeres como niñas, niños y adolescentes que implican tamañas barbaridades, acompañadas de recortes en los recursos. Entre otras cosas, porque las mujeres que sufren violencia de género encuentran en la separación y el divorcio de sus parejas una manera de escapar. Esas mujeres que toman la siempre compleja decisión de poner distancia de por medio, buscan ayuda en su entorno y en los servicios que se articulan alrededor de las leyes vigentes y pueden empezar una nueva vida.
Porque hay salida. Pero, si nos instalamos en el paradigma de la moral de posguerra del consultorio radiofónico de Elena Francis, con la resignación y la obediencia al hombre como referencia, flaco favor les vamos a hacer. Y esa es precisamente la deriva de las Comunidades donde gobiernan PP y Vox. Una lástima que los populares caigan en este paradigma vergonzoso y tan peligroso con tal de conservar el poder.
Mientras nos desayunamos cada día con estas cuitas dignas del machismo más casposo, emprendemos en el Congreso los trabajos de actualización del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Una tarea en la que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios excepto Vox, cuyas representantes en la subcomisión creada ad hoc se dedican únicamente a repetir de manera incansable los mantras del negacionismo ultraconservador: que ni las leyes ni los recursos sirven, que hay tantas o más mujeres maltratadoras que hombres, que la violencia machista no existe. Y de ahí no las sacas. De nada sirven las estadísticas y las cifras que reflejan la realidad cuando las esgrimes ante quienes viven en un mundo paralelo que construyen a medida de sus falacias.
Aún así, y contra estos vientos y mareas, el trabajo que ya hemos iniciado las y los diputados no debe perder de vista en ningún momento el horizonte que nos hemos marcado la práctica mayoría de representantes de la ciudadanía, aquellos que queremos erradicar de nuestra sociedad, una sociedad democrática y con vocación igualitaria, la violencia ejercida contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Una violencia que destroza vidas, que mata y que hace imposible la convivencia con hombres que no entienden ni aceptan a sus parejas como iguales. Una violencia que utiliza a los hijos para hacer daño a sus madres y que no duda en disponer de todas las herramientas a su alcance para prolongar el control y el maltrato. Una violencia, en definitiva, que se alimenta del machismo y lo perpetúa.
Tenemos muchos retos por delante. Entre ellos, adoptar nuevas medidas que incorporen al Pacto de Estado formas de violencia que permanecen invisibilizadas o, cuando menos, poco reconocidas por la sociedad, por las instituciones y aún por las mujeres que las sufren. Es el caso de la violencia digital o la económica, además de la vicaria, que amenaza las vidas de sus hijos e hijas. Un informe de la Fundación Nantik Lum desvela que un 12% de las mujeres sufre violencia económica en sus diferentes expresiones. No se trata únicamente de que no perciban la pensión de alimentos, sino que incide incluso en mujeres que obtienen por medios propios recursos económicos pero que su pareja controla hasta el punto de privarles, en ocasiones, del acceso a lo más básico para la subsistencia.
Debemos afrontar la violencia contra las mujeres en toda su dimensión y prevenirla y atajarla en todas sus manifestaciones, impulsando nueva legislación y comprometiéndonos. Para ello, todos los actores políticos e institucionales tenemos la obligación de mirar de frente al problema que supone para tratar de ponerle remedio, sin excusas ni hipotecas.