En realidad, no se llama Norma, pero eso importa poco. Es el nombre que le han dado los colectivos que la representan para denunciar su caso sin revelar su identidad. Norma quedó embarazada a los trece años tras las repetidas violaciones a que la sometía su padre. Él murió sin pagar por sus crímenes, ella tuvo que dar a luz ante la falta de alternativas.
Su caso fue llevado hasta Naciones Unidas por la organización feminista Surkuna, donde sus abogados presentaron una demanda contra el estado ecuatoriano por lo que tuvo que pasar Norma, pero la suya es una historia que se repite en Ecuador y el de las violaciones de niñas un problema agravado por el contexto de inseguridad general en el que vive sumido el país.
Solo entre enero y abril de este año 772 niñas de menos de quince años quedaron embarazadas como resultado de una violación, según denunció recientemente la red “Niñas, no madres”, que agrupa a distintas asociaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las menores de América Latina.
Violaciones a niñas en América Latina
Aunque no hay cifras oficiales sobre embarazos de menores violadas, los pocos datos disponibles sobre salud sexual y reproductiva describen un panorama sombrío para las niñas ecuatorianas. Aproximadamente 2.700 niñas menores de 15 años dieron a luz cada año y Ecuador es el segundo país con una tasa mayor de embarazo adolescente de Sudamérica, con 58,4 embarazos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, solo por detrás de la Guyana Francesa (61,9) y por delante de Surinam (55,8), Colombia (52,6), Argentina (49,) y Perú (49,7). La mortalidad infantil se sitúa como la tercera causa de muerte entre las menores de 18 años.
Así es la realidad de Ecuador para las menores
Ana Cristina Vera, coordinadora de litigios estratégicos de la organización Surkuna, le dijo a Artículo 14: “En Ecuador tenemos un sistema de protección deficiente, y en el caso de Norma se ve claro”.
La niña y dos de sus hermanas sufrieron violencia sexual en el hogar y, según el relato de Vera, lo único que el Estado hizo por ella fue internarla en una casa de acogida de la que la sacaron para dejarla de nuevo al cuidado de su agresor.
“En Ecuador hay una impunidad total en estos casos y, pese a que había denuncias de violencia sexual contra tres niñas, las autoridades no hicieron nada y el agresor murió sin pagar por su delito”, afirma Vera.
Como muestra el caso de Norma, en la mayoría de los casos el violador o agresor sexual es un hombre de la propia familia, que actúa amparado por lo que Vera describe como “un contexto social que encubre y permite la repetición sistemática de la violencia”.
En comunidades indígenas y campesinas, donde el machismo y la tradición son más fuertes, es habitual que al violador se le plantee como solución que se case con la víctima, por niña que sea, y se haga cargo de sostener a la descendencia, una práctica de matrimonio no voluntario que suele desembocar en que la niña violada acaba atrapada en dinámica de violencia sexual repetida todavía peor.
A menudo, las niñas que denuncian no reciben asistencia ni atención alguna de las instituciones. La mayoría de ellas no tienen acceso a tratamiento psicológicos ni nadie les habla de la posibilidad de interrumpir su embarazo.
Muchas acaban trayendo al mundo a los bebés resultado de las violaciones cuando no han terminado la pubertad, presionadas también por el contexto social. “Vivimos en una sociedad que idealiza la maternidad y muchas niñas ni siquiera se plantean el aborto por el estigma que hay en torno a él y porque no hay políticas públicas de apoyo ni acompañamiento”, señala Vera.
Ecuador no es una excepción dentro del contexto de América Latina, junto al África subsahariana la región del mundo con mayores tasas de embarazo adolescente. Pero la violencia generalizada por el auge de las pandillas en el país amenaza con tirar por la borda algunos de los tímidos progresos de los últimos años.
En algunas de las zonas más conflictivas y dominadas por el crimen, como Esmeraldas, las adolescentes son explotadas sexualmente o forzadas a tener relaciones con los cabecillas de las pandillas, lo que, según Vera, produce nuevos embarazos no deseados y “una revictimización constante” de las menores.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado la guerra a las pandillas, pero hay lugares del país en los que las fuerzas del Estado no parecen tener mucha fe en las posibilidades de victoria. “Cuando acudimos a la Fiscalía y los explotadores sexuales resultan ser miembros de algunas de las pandillas nos encontramos con que los funcionarios no quieren registrar la denuncia o se evitan tomar medidas cautelares o de protección por temor a las represalias de la delincuencia organizada”, señala Vera.
De mantenerse la proyección actual, Ecuador terminará el año, como los anteriores, con miles de niñas embarazadas por sus violadores. Si Norma termina logrando que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le dé la razón en su demanda contra la República de Ecuador se habrá ganado una batalla, pero aún quedará mucho trabajo por hacer.