El sistema VioGén volvió a fallar y de manera estrepitosa. Juliana Denise Vinuesa, la joven de 31 años asesinada por su maltratador, Raúl Ariel D., de 51 años, en el chalé que compartían en la urbanización Ventamina de Buñol, el pasado viernes 12 de julio pidió ayuda. Hizo lo que el sistema le pide a las víctimas de violencia de género que hagan, que denuncien. No solo ella, también lo hizo su madre y su psicóloga. Según adelanta el diario Levante MV, ambas acudieron a la comisaría de Alzira para poner en conocimiento de la autoridades que Juliana estaba siendo maltratada de forma constante. Sin embargo, y a pesar de las voces que alertaban de la situación que vivía Juliana ni los agentes, ni más tarde el juzgado, consideraron que su vida corriese peligro. Se equivocaron. Raúl Ariel no solo la asesinó de manera brutal a golpes y con más de veinte puñaladas por todo el cuerpo. Además, denigró su cuerpo escribiendo con un rotulador mensajes vejatorios en forma de nombres de distintas personas. Una humillación que da una idea de la catadura del asesino.
Tal como publicó Levante-EMV en exclusiva, tanto el propio juzgado como la Fiscalía consideraron que no era necesario protegerla a pesar de que había riesgo alto de que volviera a ser agredida y de que se tratase de un caso de especial relevancia, lo que aumentaba ocho veces las posibilidades de que fuera asesinada, según determinó el cuestionario policial del VioGén.
Cumplía cinco marcadores de riesgo
Ese resultado, automático, venía dado por cinco marcadores que la periodista, Teresa Domínguez, detalla en su información: que el denunciado le había llegado a colocar un cuchillo en el cuello (amenaza grave de muerte), que tenía antecedentes por maltrato a otra víctima (agresor persistente), que la agredía con frecuencia (incluso relató que los constantes tirones de pelo le habían provocado calvas en el pelo, pero nadie consideró pertinente enviarla al médico forense), que era consumidor habitual de cocaína (droga que aumenta la agresividad) y que el control y los celos eran constantes.
Juez y fiscal concluyeron que no había lugar a la orden de protección con tres argumentos: no había parte de lesiones procurado por la víctima, en ese momento el denunciado aún no había sido detenido y la chica manifestó su intención de seguir viviendo con su madre, es decir, que no iba a convivir con el maltratador.
Nadie comprobó su estado
No obstante, tampoco consideraron necesario protegerla más adelante, cuando sí se fue a vivir con él, porque la víctima explicó de nuevo en el juzgado, esta vez el de violencia sobre la mujer, esto es, el 3 de Instrucción de Requena, que todo iba bien en casa y que no quería protección. Pero nadie lo comprobó. Los agentes de la Guardia Civil tan solo hacían comprobaciones telefónicas cada 15 días, un protocolo que se mantuvo a pesar de que no había orden de protección en vigor, ya que así lo marca el protocolo aprobado por el Ministerio del Interior para aumentar la eficacia en los casos de agresores persistentes.
Todo esto sucedió este mismo mes de abril. Tres meses después, Ariel Raúl D. cosía a puñaladas a las once de la noche del viernes 12 de julio a la joven. La hora se conoce porque el vecino del chalé de al lado escuchó los gritos y los golpes, que cesaron repentinamente.
Dos horas después, a la una de la madrugada del sábado, 13 de julio, las cámaras de seguridad del vecino grabaron al asesino saliendo de la casa. Permaneció en paradero desconocido las seis horas siguientes y no fue hasta las siete de la mañana cuando llamó a su exmujer, de la que ya tuvo una orden de alejamiento tras denunciarle por malos tratos en enero de 2020, y le confesó el crimen.
