Dos sentencias racistas en apenas de un mes y el Pueblo Gitano como víctima colateral. Hace unos días conocíamos la primera: a la Audiencia Provincial de León llegó un caso en el que, en un primer momento, se pedía para el acusado una condena de 37 años por tres delitos de agresión sexual, uno de violencia de género en su modalidad de maltrato físico y otro más de maltrato habitual, pero el hombre aceptó los hechos y se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que finalmente la petición de cárcel fue de 8 años y 9 meses de prisión por un delito de agresión sexual continuado.
La víctima tenía 12 años cuando conoció a su agresor de 19, y tras una agresión sexual, se quedó embarazada. Tras ese ataque, vinieron más y más embarazos, tres en total. Si bien la Audiencia reconoció que «existe una importante diferencia de edad» entre la víctima y el procesado, más tarde argumentó que “en la cultura gitana, las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas” y que la víctima “pese a su corta edad, sabía lo que eran las relaciones sexuales y sus consecuencias y consintió dichas relaciones sabiendo de su trascendencia e importancia, pues en su cultura las niñas de su edad, suelen empezar emparejarse y tener hijos“.
La menor era víctima de violencia de género
En primer lugar, llama la atención que llame unión de pareja a la relación de una niña de 12 años con un adulto de 19. La edad de consentimiento en España es, desde 2015, los 16 años. Cualquier relación sexual entre ambos es delito. Además, no es cierto que el Pueblo Gitano tenga esas costumbres. Se trata de una comunidad amplia y diversa formada por todo tipo de personas en todos los aspectos. La escasa condena llama la atención también por el hecho de que la menor era una víctima de violencia de género, y el agresor un maltratador.
Cuando no habíamos terminado de digerir esta sentencia, la Audiencia Provincial de Ciudad Real absolvió a un hombre de 20 años de abuso sexual continuado contra una niña de 12 años a la que dejó embarazada de gemelos porque estima que fueron relaciones consentidas y que no había una gran diferencia de edad, después, añade que “en la comunidad gitana es una conducta normal”.
Otro hombre absuelto en Ciudad Real
La historia se remonta al 2022, cuando el hombre inició con una niña de 12 años «una relación similar a la matrimonial con la aquiescencia de las familias de ambos», según se recoge Europa Press La menor se quedó embarazada de gemelos y, al acudir al médico, se activaron los protocolos.
La Fiscalía solicitaba 11 años y seis meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual con penetración contra una menor de 16 años, pero el tribunal decidió absolverlo aplicando el artículo del Código Penal que indica que un consentimiento por debajo de los 16 puede excluir la responsabilidad penal cuando el autor sea una persona próxima en edad a la persona menor y en grado de desarrollo o madurez física y psicológica. El agresor tenía 20 años y ella 12, de nuevo sorprende la absolución teniendo en cuenta la edad de consentimiento en nuestro sistema penal.
“Agredir a niñas gitanas sale más barato”
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Fakali, considera que es una “auténtica aberración que un estereotipo antigitano marque el fallo de una sentencia que debe condenar una agresión física, psíquica y sexual continuada a menores que deben estar protegidas por nuestro ordenamiento jurídico.
Es una demostración del total desconocimiento que la sociedad en general tiene sobre la cultura gitana y, además, que comience a sentarse jurisprudencia al respecto nos deja aún más vulnerables. Están diciendo con ellas que agredir a las niñas gitanas sale más barato que al resto de la sociedad. No, en ningún aspecto cultural gitano se toma como “normal” agredir sexualmente a una menor de edad. Es más, la protección a la infancia, así como a las personas mayores es una de nuestras máximas”, explican.
Creen que existe “un doble rasero y que la cultura individual de cada miembro de nuestro país puede ser entendida como atenuante. Bajo ningún concepto podemos normalizar este tipo de
sentencias, porque de esta manera se está contribuyendo a establecer fronteras entre las personas, sin respetar la diversidad social y cultural”, aseguran.
Desde Fakali, donde luchan día a día contra el antigitanismo y la romafobia piensan que “tanto los jueces como los operadores jurídicos, las personas que ejercen la política, periodistas, policías o profesionales socio sanitarios, seamos o no gitanos, debemos dar ejemplo en cada una de nuestras acciones”.
A la pregunta deberían los jueces recibir una formación específica para conocer la realidad y diversidad del Pueblo Gitano, Fakali responde que: “La sociedad en general debería y en ello seguimos”. Recuerdan que desde la aprobación de la reforma educativa, la Historia del Pueblo Gitano forma parte del currículum educativo de primaria y secundaria, “ahora queda que cada comunidad autónoma abogue por ello”.