Los casi 500 órganos judiciales que atienden casos relativos a violencia contra la mujer están sobrepasados. Así lo denuncian los jueces consultados por Artículo14. Uno de ellos es Aarón Andueza, quien expresa que su juzgado en Melilla está “absolutamente desbordado”.
El juez Andueza es titular de lo que se conoce como juzgado mixto, el cual atiende otras materias además de la violencia contra las mujeres. En este sentido, explica que al tener que tratar dicha materia como prioritaria y urgente, posponiendo así el resto de los asuntos, esto influye a la hora de ofrecer la celeridad que el justiciable reclama. Por ejemplo, “demora bastante” los plazos para resolver la instrucción de causas ajenas al ámbito de la violencia de género.
Como dato relevante el juez Andueza señala que el órgano del que es titular tiene una alta tasa de trabajo. Se sitúa en el 150%. Como comparación, revela, “estar en el 100% supondría trabajar sin festivos, no tener tiempos de descanso y demás parámetros utilizados por prevención de riesgos laborales”.
Seiscientos kilómetros al norte, en Aranjuez, se encuentra otro juzgado mixto. Su juez titular Antonio Coscia relata la complicada realidad de estos. Al consultarle también por la tardanza del funcionamiento la Justicia, resalta que su órgano ha sufrido un gran empeoramiento funcional en los últimos dos meses.
Describe lo sucedido como resultado de la “fragilidad de algo que funciona bien”. Y es que, en su caso, fue una mezcla de pequeños factores lo que desencadenó el problema: el reemplazo da varios trabajadores que se marcharon a otros órganos “no suplen” en estos momentos la cantidad de trabajo que se venía realizando, expone.
Mayor congestión
Las quejas son refrendadas por los datos. Según muestra el CGPJ, en el primer trimestre de 2024 esa lentitud se refleja en la tasa de congestión -que cuanto mayor es, en peor situación se encuentra el órgano-. Pues bien, la tardanza para atender asuntos civiles -divorcios o separaciones, siempre que exista abierta una causa penal sobre un delito de violencia de género- ha aumentado en un 1,5%, mientras que la media, que también incluye el trabajo de juzgados de familia o de menores, entre otros, ha sido descendiente -un 3,9%-.
Por otra parte, las cifras relativas a la tardanza de tramitación de asuntos penales -homicidio o lesiones, siempre que la víctima sea esposa o mujer- es todavía peor. Si la media aumenta un 0,2% en el conjunto de los juzgados, en los exclusivos para tratar la violencia contra la mujer el incremento es del 4,2% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Esta demora, señala el juez Coscia, tiene una solución: más medios personales y materiales. Una solución que, indica, no parece que se erija como más factible debido al desentendimiento de la administración competente. En este sentido pone otro ejemplo que vivió en primera persona: un funcionario de la sección penal, dedicado a violencia sobre la mujer, concursó el 31 de marzo del 2023 para ir a otro juzgado. Su plaza estuvo sin ocupar hasta septiembre de ese año.
Una falta de personal que converge con otro problema: la jubilación de los jueces y magistrados. Y es que tal y como señala el CGPJ, el déficit de plazas totales, diferencia entre las necesarias y las ofertadas, ha sido de 574 en los últimos cinco años. Una cifra que certifica que el problema no muestra una pronta y fácil solución.
Desinterés de los españoles
El drama de esta realidad contrasta con la poca importancia que los españoles le dan a la situación. Según datos del CIS, en lo que ha transcurrido de 2024, una ínfima media ciudadana cercana al 2% sitúa a la administración de la Justicia entre los tres principales problemas de España.
Otro asunto, según la institución pública, que genera incluso menos interés y menor preocupación es la violencia de género. Su porcentaje medio desde que empezó el año se sitúa en el 1% en ambos casos.