El caso Juana Rivas es, desde el principio, una madeja donde se han do ido enredando una gran cantidad de procedimientos, errores judiciales y juicios mediáticos que hacen que, casi nueve años después, todavía no haya sido posible establecer qué es lo que ha ocurrido y quién ha sufrido qué en esa familia. Sabemos que Francisco Arcuri fue condenado por maltrato a Rivas en 2009 y que su hijo mayor, Gabriel, denunció a su padre cuando cumplió los 16 años por malos tratos con pruebas y testigos. No le ha vuelto a ver ni ha querido saber nada de él. Estas Navidades ha sido su hermano pequeño, Daniel, quien ha confesado amenazas de muerte, golpes y patadas diarias y temor por su vida. Sin embargo, y a pesar de los años transcurridos, el caso sigue abierto.
Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas
Un niño no debe estar con su maltratador
Carlos Aránguez, abogado de Rivas, quiere dejar claro que la resolución italiana que se conoció el pasado martes y que establecía que Daniel debía volver con su padre a Italia es una causa civil y lo que protege desde el pasado 7 de enero al pequeño es una medida cautelar de un juzgado penal. Lo que significa que la jurisdicción penal prevalece sobre la civil. “Hemos vuelto a la situación de 2017, hemos vuelto otra vez a lo que anulamos en la Corte de Casación y que Roma dijo que tenía que ser eliminado por varias razones, una de ellas, muy importante es porque se separa los hermanos, pero la fundamental, y que es una cuestión más de lógica y de sensibilidad es que un niño no debe estar con su presunto maltratador. Es anómalo, es extraño”.
Aránguez explica que la legislación italiana no posee una Ley integral contra la violencia de género, lo que permite que las causas civil y penal vayan por separado y puedan tener, incluso, hasta sentencias contradictorias, que es lo que ocurría en España antes de la ley aprobada en 2004.
A la espera de la Audiencia Provincial de Granada
En cualquier caso, asegura que recurrirán la sentencia italiana y confía en volver a lograr tumbarla, a pesar del desgaste emocional de tener que luchar más de una vez cada pequeña victoria. Mientras, todavía está pendiente de que la Audiencia Provincial de Granada reparta la causa que protege a Daniel desde el pasado 7 de enero. Por eso está tranquilo e insiste en que “a Daniel, que es un niño español que ha denunciado en España le protege una medida cautelar”.
Asociaciones de mujeres de distintos países apoyan a Daniel
Mientras, las asociaciones de víctimas se están organizando para apoyar a Daniel. Andrea Cabezas, presidenta de #StopViolenciaVicaria, ha hecho público un manifiesto de apoyo a la causa al que se han unido agrupaciones de mujeres de distintos países como Estados Unidos, Chile, México, Ecuador, Francia, Finlandia, Panamá, Colombia, Argentina, República Dominicana, Bolivia, Reino Unido, Italia, Puerto Rico, entre otros.
“Hoy alzamos nuestras voces en apoyo a Daniel, un niño de 11 años que denuncia sufrir violencia
a manos de su progenitor, y Gabriel, su hermano de 18 años, quien ha compartido públicamente con una sinceridad desgarradora los malos tratos recibidos por quien ostenta la figura paterna. Aunque existen medidas en España para proteger a nuestras hijas e hijos, es imprescindible garantizar un entorno seguro y libre de violencia para procurar su correcto desarrollo biopsicosocial, evitar vulnerar su derecho fundamental a la protección y transgredir el principio del interés superior del menor“, reza el comunicado.
Una lucha real y no promesas vacías
“Exhortamos al Estado y a la sociedad española a actuar con la urgencia que los niños, niñas y
adolescentes demandan. Es hora de demostrar que el compromiso en la lucha contra la violencia de género es real y no se trata de promesas vacías. Protejamos nuestro futuro, porque ningún acto que perpetúe la violencia de género puede quedar impune. Un maltratador no es un buen padre, y la protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier derecho parental que beneficie al agresor”, apuntan.
Del mismo modo las asociaciones “exigen una respuesta institucional integral que garantice la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, evitando la revinculación forzosa con sus agresores y asegurando que el interés superior del menor prevalezca en todas las decisiones que se adopten”.