La discusión se volvió violenta. Tanto, que la hija de 12 años de Carla (nombre ficticio), asustada, tuvo que llamar a la Policía ante la gravedad de los ataques de su padre a su madre. Se materializó una denuncia por violencia de género, un juicio rápido y a él se le obligó a salir del domicilio familiar. Pero como suele ser habitual en estos casos, Carla creyó en las promesas de su entonces marido y retiró la denuncia. Le había asegurado que abandonaría la casa en dos horas y que darían carpetazo a la relación. Eso era justo lo que ella quería. No soportaba más el nivel de violencia y el ambiente irrespirable en esa casa. “Se pensaba que era su criada y el trato era horroroso”, recuerda.
Se decretó una custodia compartida de los dos hijos del matrimonio, sin embargo, la joven que se había visto obligada a llamar al 112 no tenía ninguna intención de compartir tiempo con su padre. Comenzó entonces un proceso de mediación y las autoridades idearon un plan de acción a seis meses vista en un punto de encuentro familiar (PEF) para reorientar el vínculo con el hombre que había maltratado a su madre, prorrogable otros seis.
Carla apeló esta decisión, y la menor declaró en lo que se conoce como prueba preconstituida (la grabación de su relato para su posterior utilización en un juicio). Ante la narración de la niña se decidió suspender la custodia compartida y se le adjudicó a Carla la custodia en exclusiva de sus dos hijos. Se estableció un régimen de visitas para el hijo menor y reuniones con la hija mayor en un punto de encuentro, pero no funcionaron.
Las propias trabajadoras del PEF ante la degradación de la relación y la actitud del padre, llegó a insultar a su hija durante esas visitas, decidieron cortar los intentos por encarrilar la relación paternofilial. Ante esta tesitura se trasladó el caso a los servicios sociales del Ayuntamiento lo que significó la presencia de dos educadores en sendas casas. Uno de ellos, fue testigo de cómo cuando el hijo pequeño llegaba de estar con su padre volvía con falta de higiene, con los deberes sin hacer y muy enfadado. El padre no quiso colaborar con el servicio del Ayuntamiento y sus responsables ante su negativa decidieron trasladar el caso a la Diputación y su sección de Menor y Familia.
Ahí se torció todo. A pesar de la violencia, la denuncia por malos tratos, los insultos a su hija y el estado del pequeño cuando volvía de estar con él, los responsables reflejaban en sus informes una actitud paterna adecuada en contraposición a la de Carla. Le dijeron que no colaboraba. Carla se había negado a acudir a unas charlas de madres y padres separados que coincidían con los entrenamientos de su hijo pequeño. Una exigencia del padre que quería ver a su hijo hacer deporte sin que ella estuviera.
Los técnicos que analizaron el caso, obviando la historia de esta familia concluyeron que la madre instrumentalizaba a sus hijos en contra del progenitor, es decir, según ellos, los menores eran víctimas del falso síndrome de alienación parental. Curioso cuando menos teniendo en cuenta los antecedentes y todos lo problemas que la hija mayor había denunciado y los insultos que el padre le llegó a proferir en presencia de otros trabajadores.
El hijo pequeño acabó en un piso tutelado
Un día recibieron una carta en la que pedían que la menor acudiese a las instalaciones de la Diputación en diez días, tenían que hablar con ellas. Antes de esa fecha, un trabajador social acudió al colegio del hijo pequeño, que en ese momento tenía diez años, le sacaron de clase, y le preguntaron si le gustaría vivir en un piso tutelado. El pequeño no entendía nada y Carla y su hija menos.
Por eso, cuando acudieron a la cita con los responsables de la Diputación en la fecha señalada, no entendieron por qué separaron a madre e hija en distintas salas y le comunicaron a Carla que a su hijo lo iban a recoger los servicios sociales y se lo iban a llevar a un piso tutelado. No volvía a casa.
Carla tiene lagunas de ese momento. El shock, el miedo y la incredulidad hacen que le sea difícil recordar uno de los peores momentos de su vida. Le habían quitado a su hijo, ella se negó a firmar ningún papel. En esta decisión por extraño que parezca no intervino ninguna autoridad judicial. No fue la decisión de un juez, si no de los servicios de la Diputación. Y así, de repente, Carla, una víctima de violencia de género se quedó sin su hijo. Estuvo meses sin saber de él.
El pequeño le envío un correo donde le explicaba que ya le diría dónde se encontraba, que le vigilaban sus comunicaciones. En algún momento llegó a hablar con una monja que trabajaba en el piso tutelado, pero no tenía mucha información hasta que un día, la madre de una compañera de colegio de su hijo la llamó y le dio una notitas donde el chaval se comunicaba con su madre. También su hermana mayor le llevaba todos los días un bocadillo para el recreo y si no se lo podía dar, se lo hacía llegar a través de algún compañero de su hermano. Así estuvieron un tiempo, sabiendo de él a través de cartas, pero en cuanto el padre se enteró, fue a hablar con la madre de la compañera de su hija.
No contento con eso, el padre, denunció a Carla y a su propia hija por malos tratos psicológicos hacia el hijo pequeño. Su hija era menor de edad en ese momento, con todo lo que implica a nivel judicial denunciar a una chica de 17 años. La justicia, incomprensiblemente, le dio la razón al padre y decretó una orden de alejamiento del menor para Carla, quien apeló y se encuentra en proceso de que se vuelva a pronunciar la justicia.
El niño declaró con casi 13 años que quería vivir con su madre y con su hermana y visitar a su padre. Pero no le escucharon, ni a él, ni a su hermana, ni a su madre. Para el sistema, el padre es la persona idónea para cuidar del pequeño. Lo piensa a pesar de todo lo que ha vivido esta familia, a pesar de la violencia y los insultos. Por eso, es el quien tiene la custodia de su hijo pequeño mientras la madre parece ser la mala de la película, pero sí tenía la custodia de su hija mayor.
Se tomo aquí una situación cuando menos controvertida porque la justicia entendió que lo mejor era separar a los hermanos, algo que la ley debe evitar. No solo le prohibieron crecer con su hermano, a los abuelos maternos también se les ha denegado el acceso al menor.
Forense: se observa un deseo vindicativo hacia Carla
Carla lleva mucho encima. Han sido unos años muy duros, pero sigue luchando por recuperar lo que las instituciones le han quitado. El caso de Carla no es aislado. Son centenares las madres a las que han arrancado a sus hijos a pesar de las declaraciones de los propios menores. Cree que la justicia es patriarcal y se dota de una entidad casi mística a las relaciones paternofiliales de un maltratador. Hoy, todavía se encuentra a espera de juicio para solucionar el problema. Las resoluciones judiciales han sido muy rápidas para tomar decisiones que la perjudican, pero tienen menos prisa en todo lo relacionado a recuperar a su hijo.
Por eso, y a diferencia de lo que ocurre cuando una madre no lleva a su hijo al punto de encuentro para visitar a su padre, Carla se ha quedó con las ganas muchas veces de las visitas a su hijo porque el padre no le llevaba a las citas. Nunca se le ha sancionado por ello.
A finales del año pasado un forense del juzgado emitió un informe sobre el padre. Estos son algunos extractos.
Durante la entrevista, presenta el discurso de daño centrado en su hijo, con tendencia a mezclar la vivencia de su hijo con su propia vivencia, infiriendo un estilo de identidad frágil fusionado al de su hijo. Se percibe en X un deseo vindicativo hacia Carla. Se observa la instrumentalización del hijo en común en el conflicto. No mantiene el deseo de cesar el conflicto, planteando un objetivo a largo plazo centrado en sus propias necesidades.
A nivel cognitivo, X presenta limitaciones en su habilidad para la introspección y para la reflexión. Presenta dificultades para reconocer aspectos negativos en sí mismo. Con tendencia al pensamiento rígido y dificultades para presentar pensamientos abstractos. Presenta ausencia de capacidad de autocrítica, con la creencia de “no enfadarse nunca” y la percepción de “tomar las mejores decisiones”. Estos factores conllevan en dificultades para generar alternativas funcionales en la resolución de los conflictos.
Se observan indicadores de la presencia de una escalada de poder con su expareja en la que su hijo se encuentra triangulado. Se observan indicadores de una alianza y coalición excluyente del evaluado con su hijo en contra de la figura materna.
A pesar de este informe, las instituciones, decidieron que el mejor lugar para vivir para el hijo de ambos es con él y consideraron que la madre le instrumentalizó. Carla no cesará en su lucha. No parará hasta que le devuelvan al hijo que el sistema le ha arrancado.