Tras la tormenta del caso Errejón, todo el sistema de denuncias por violencia sexual se puso en duda. Las víctimas no están obligadas a formalizar una acusación. De hecho, muy pocas lo ponen en conocimiento de las autoridades. Tan solo se denuncian el ocho por ciento de las agresiones sexuales, y el 21,7 por ciento de los casos de violencia de género. Estas mujeres tienen derechos tanto si formalizan una denuncia como si prefieren no hacerlo. En Artículo14 ya explicamos que este sistema “era un desastre”, según las asociaciones de víctimas. Este lunes, el Ministerio de Igualdad, en la Conferencia Sectorial de Igualdad decidió tomar cartas en el asunto y creó un grupo de trabajo que diseñará el procedimiento básico del sistema de acreditación administrativa de las situaciones de violencias machistas, revisará y unificará los criterios interpretativos.
Una decisión que se tomó en 2021
No es necesario denunciar para ser considerada víctima de violencia tanto sexual como de género en España. Existen mecanismos para conseguir la acreditación de víctima y poder acceder a todas la ayudas establecidas, atención psicológica, justicia gratuita, pensiones, viviendas y demás facilidades para estas mujeres. La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, llegó a un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, del 11 de noviembre de 2021, para facilitar el acceso de estas víctimas de violencia a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal sin supeditarlo a la interposición de una denuncia, dando cumplimiento así a los requerimientos, tanto del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, como del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
“El sistema de acreditaciones no funciona bien, es un desastre”
El derecho existe, pero lo cierto es que es un sistema que no funciona demasiado bien. Como todas las competencias en materia de violencias machistas están delegadas son las distintas comunidades autónomas las encargadas de cursar y expedir estas acreditaciones y en cada región los requisitos son distintos.
“Ninguna funciona bien, son todas finalistas”, explica Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna. Por ejemplo, en algunas comunidades, si una víctima pide la acreditación le preguntan para qué gestión concreta la desea y solo la expiden para esa determinada ayuda. Si al cabo de un tiempo, tienen que realizar otra gestión, debe volver a solicitarla. “En Andalucía ni siquiera te facilitan la acreditación, la envían a la administración encargada de la gestión para lo que la necesitas. En la Comunidad Valenciana si no estás siendo atendida por el servicio que da la acreditación, tampoco te la dan y hay sitios donde te deniegan la acreditación porque no tienes en vigor la orden de alejamiento cuando lo que explica el decreto es que tienes derechos aunque no hayas denunciado o tengas una medida de protección vigente”, advierte.
Llegó al Defensor del Pueblo
Álvarez recuerda que distintas asociaciones de víctimas recogieron en un informe todas estas deficiencias y elevaron quejas a los nueve defensores del pueblo de España hasta llegar al central, que preside, Ángel Gabilondo, que a su vez lo incluyó en el informe sombre de Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas). Se supone que la metodología para lograr estas acreditaciones se tiene que reformar, pero todavía no se ha hecho nada al respecto.
Ahora, las asociaciones de víctimas están expectantes ante este grupo de trabajo y esperan que se faciliten los mecanismos y sea un procedimiento efectivo y sencillo para que todas las mujeres, decidan o no denunciar, tengan garantizados los derechos que el Estado brinda a todas las victimas de violencia.