Los hijos e hijas de una víctima de violencia de género están reconocidas como víctimas de violencia machista, según la ley, que entiende que un menor de edad que es testigo de maltrato es también víctima de esa violencia, aunque no se ejerza de manera física y directa contra ellos. La ley también prohíbe que se concedan visitas a un hombre investigado o condenado por violencia de género, aunque el juez puede establecerlas si considera que esos encuentros responden al interés superior del menor. De hecho, muchos jueces siguen permitiendo visitas y hasta otorgan custodias compartidas, a pesar de que todos los expertos coinciden en que un maltratador nunca puede ser un buen padre.
Como suele ser habitual, Ramona no pensó que su hija corría peligro
En el caso de Nadia, la pequeña de cinco años asesinada por la expareja de su madre adoptiva, este pasado martes en la localidad murciana de Llano de Brujas, no existían denuncias previas, ni Ramona, su madre, era consciente de que su vida y la de la pequeña corrían peligro. Es habitual que las víctimas minimicen el riesgo y, como en el caso de Ramona, a pesar de haber sido amenazada de muerte por el asesino, nunca sospechó que pudiese utilizar a la niña para hacerle el mayor daño posible. Su familia, en cambio, si llegó a recomendarle que denunciara.
Dificultades para obtener medidas efectivas de protección para los menores de edad
Las mujeres con hijos e hijas que acuden a las autoridades a pedir ayuda sienten que el sistema desprotege a los menores de edad. Según una encuesta de la asociación Stop Violencia Vicaria, sobre una muestra limitada de más de doscientas mujeres, a la pregunta: “¿Has experimentado dificultades para obtener medidas efectivas de protección para tus hijas e hijos?”, un 72,9 por ciento de las víctimas asegura que “sí”, frente a un 10 por ciento que considera que el sistema ha protegido a sus hijos y un 17 por ciento que da una respuesta intermedia.
¿Se escucha a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género?
La encuesta también pregunta a las madres: “¿Tus hijos e hijas se han sentido escuchados por el sistema judicial en la toma de decisiones relacionadas con su protección y bienestar?”, a lo que un cuarenta por ciento de las encuestadas responde que “no, en absoluto”, un 4,3 por ciento contestó que “sí, en todo momento” y un 14,3 por ciento asegura que sus hijos se sintieron escuchados, pero solo en parte”.
Todo lo contrario de lo que esperaba del sistema judicial
La encuesta de la asociación Stop Violencia Vicaria también se interesa por “¿cómo valoran la respuesta judicial frente a las denuncias que afectan a sus hijos e hijas”. Aquí, un 52,9 por ciento considera que esa respuesta fue inexistente, para un 42,9% fue revictimizante, el 45,7 por ciento considera que la respuesta fue “negligente”, para un 54, por ciento se trató de “todo lo contrario que esperaban del sistema judicial” y un 2,9 por ciento asegura que se trata de “todo lo que esperaba del sistema judicial”.
Y ¿los abogados? ¿Defienden bien los intereses de los hijas e hijos de las víctimas de violencia?
La misma encuesta pregunta a las mujeres maltratadas con hijos por la labor de los abogados que tienen que velar por sus intereses y la de sus vástagos, si consideran que “tuvieron un apoyo legal adecuado para defender los intereses de sus hijas e hijos”. Aquí, un 38,6 por ciento de las encuestadas contestó que “no”, frene a un 22,9 por ciento que cree que “sí” y un 21,4 por ciento afirma que sus letrados “no sabían ni lo que era el interés superior del menor”.
La presidenta de Stop Violencia Vicaria, Andrea Cabezas, considera que “hoy lloramos el asesinato de una niña de 5 años, otra víctima de un sistema que sigue fallando. No podemos permitir que las mujeres solo se atrevan a hablar cuando ya lo han perdido todo, cuando el daño es irreversible”.
“Basta ya de papeles que no protegen. Necesitamos mecanismos efectivos y seguros que permitan a las mujeres salir de la violencia sin miedo y sin necesidad de negociar con sus agresores“, insiste.
Cabezas asegura, que “el 75 por ciento de las víctimas no denuncia porque teme más a un sistema que las revictimiza y culpabiliza, llegando incluso a quitarles a sus hijos, que a sus propios agresores. Además, la impunidad con la que muchos de estos agresores operan desalienta aún más a las víctimas, haciendo que el silencio sea, para ellas, la única opción segura. Es urgente cambiar esta realidad. Basta de promesas y medidas que no llegan a tiempo. Necesitamos actuar ya para garantizar una protección real y efectiva para las mujeres y sus hijos e hijas. Porque ninguna vida más puede ser arrancada por la inacción y la indiferencia”, concluye.